Las representantes demócratas integrantes del Caucus Popular de Justicia Ambiental, formado por Summer L. Lee, Adelita Grijalva y Rashida Tlaib, expresaron en un comunicado conjunto su rechazo a la reforma en proceso para permisos de proyectos energéticos que está en manos del Senado de los Estados Unidos. Con argumentos a favor del cuidado del medio ambiente y advirtiendo sobre medidas para agilizar obras ligadas al petróleo en detrimento de la energía renovable, subrayaron la necesidad de rechazar la reforma.
El proyecto de reforma en el Senado
El pasado 30 de septiembre, Shelley Moore Capito, Mike Lee, Sheldon Whitehouse y Martin Heinrich, senadores bipartidistas, presentaron un texto en el que proponen que las obras ya aprobadas conserven sus permisos, salvo circunstancias extraordinarias u órdenes judiciales. Su nombre es Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo Estadounidense de 2026. A la vez, plantean fijar un plazo de 150 días como máximo para presentar demandas contra proyectos energéticos, mineros o de manejo forestal para obligar a actuar con rapidez desde lo legal.
Entre otros puntos, el texto establece que se limita la certificación estatal de calidad del agua prevista en la Ley de Agua Limpia a nivel federal, se amplía la facultad de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) para autorizar las líneas de transmisión interestatales cuando un estado no actúe durante un año y, finalmente, obliga a los centros de datos a cubrir el costo total de transmisión eléctrica que se utilice.
La respuesta y el rechazo a la modificación
La Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo Estadounidense de 2026 recibió el rechazo de tres legisladoras integrantes del caucus de justicia ambiental del Congreso. Tras este posicionamiento, se suman a la coalición de organizaciones comunitarias y ambientalistas que pidieron rechazar la reforma, ya que favorecería a las petroleras y a las grandes tecnológicas en auge por la expansión de los centros de datos en todo Estados Unidos.
En detalle, el comunicado cuestiona que el proyecto bipartidista aceleraría principalmente la construcción de estos centros de datos y gasoductos para el fracking, limitaría la posibilidad de las comunidades de enfrentar a las empresas que contaminan el ambiente y pondría en riesgo sitios sagrados, tanto como recursos culturales de las tribus.
«La Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo Estadounidense de 2026 es un regalo para las grandes petroleras y las tecnológicas», explicaron para luego añadir: «Este mal acuerdo cambia toda una vida de contaminación y daños por centavos de alivio». Esto, debido a que la norma debilitaría las revisiones judiciales de los proyectos, restaría importancia a la Ley Nacional de Política Ambiental, a la Ley Nacional de Preservación Histórica y a la Ley de Agua Limpia.
A partir de esto, como respuesta, abrirán un proceso de participación pública para recibir propuestas que fortalezcan las protecciones ambientales frente a la reforma en debate en el Senado. El objetivo del caucus, formado en marzo de 2026, es el de dar voz a las comunidades expuestas por la contaminación, y tomarán esta primera medida en defensa de ellas.
El otro grupo en contra
Charles Schumer, el líder de la minoría en el Senado, recibió una carta con la firma de aproximadamente 200 organizaciones sindicalistas y comunitarias junto a la de legisladores, donde sostienen que el proyecto «vacía la revisión judicial» y vuelve las acciones de las empresas prácticamente irreversibles. También explican que esto no sería beneficioso para los futuros proyectos de energía limpia, sino que ayudaría principalmente a los centros de datos alimentados con gas que podrían mantener, legalmente, una infraestructura gasífera aunque el centro de datos prometido nunca se construya. Según esta postura, ven a la ley como una trampa sin retorno para modificar los permisos de nuevos proyectos energéticos.
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