Más de 160 conflictos socioambientales derivados de megaproyectos de minería, agroindustria e infraestructura existen actualmente en Colombia, denuncia un informe del Instituto de Estudios … Leer Más
Al menos 227 defensores del medio ambiente murieron el año pasado como resultado directo de sus esfuerzos por proteger la tierra, el agua, … Leer Más
Nuestra insaciable demanda de alimentos, minerales de la economía tecnológica y otros recursos está causando estragos en el planeta, pero también está directamente … Leer Más
2017 es el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, mientras que se demuestra que … Leer Más
Javier Suazo
Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a la orden de los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones defensoras de derechos humanos, a los autores intelectuales.
El asesinato de 185 personas defendiendo el ambiente en 16 países en 2015 convirtieron a ese año en el peor de la historia por el número de ambientalistas que perdieron la vida en el mundo, concluye el último informe de Global Witness.
Con 477 casos de muertes violentas durante los últimos 13 años, Brasil sigue siendo el lugar más peligroso en el mundo para ser activista. La violencia hacia los trabajadores rurales y líderes sociales fue tema central del IV Congreso Nacional de campesinos que culminó el viernes en la ciudad de Porto Velho (RO).
Una ONG contabiliza 116 muertes en 2014, de las que casi 90 fueron en esta región del planeta. Brasil continúa liderando este ranking con el 25% de las muertes.
Entre 1989 y 2013 fueron ejecutados 115 campesinos paraguayos por fuerzas de seguridad y sicarios. Agronegocio, ilegalidad y complicidad estatal están en la base de esta matanza, un modelo que se profundizó en los últimos años.
Desalojos, represión, detenidos y asesinatos. Campesinos y pueblos originarios son las víctimas de un modelo extractivo que, con apoyo del Gobierno nacional y los provinciales, avanza sobre el campo.
Los movimientos campesinos surgen desde hace unos veinte años para defender y recuperar tierras en el Bajo Aguán. Desde ese entonces la represión no ha cesado y desde el golpe de estado del 2009 se agudizó. La persecución es constante y aguda, cada día más se agrava la situación con amenazas de muerte. Hay tortura psicológica sobre todo porque los miembros de los movimientos que pertenecemos a las diferentes empresas [organización campesina similar a una cooperativa] en recuperación de tierras estamos presos en los asentamientos porque no tenemos libertad de circular afuera de donde estamos reubicados porque corremos el peligro de ser asesinados o de ser secuestrados.
Hoy, cuando Michelle Bachelet está a punto de acabar su mandato, el balance con respecto a su política indígena es peor. Si José Saramago le puso en antecedentes durante su viaje a Madrid acerca de la situación de los mapuches, rogándole que mirase al sur y no los abandonase, el resultado ha sido más dirigentes detenidos y tres asesinados a quemarropa y por la espalda. Nada parece tener sentido en medio de una política de violencia gubernamental cuya máxima consiste en seguir desplazando la frontera del pueblo mapuche hacia regiones más australes e inhóspitas, donde sobrevivir es un milagro. Se trata de robar y negarles los legítimos derechos sobre sus territorios.