La legislación ambiental vigente y las decisiones basadas en la evaluación de riesgos, no han logrado proteger adecuadamente la salud humana y el medio ambiente. Creemos que hay pruebas convincentes de que los daños en los seres humanos y el medio ambiente es de tal magnitud y gravedad que es necesario aplicar el Principio de Precaución.
En su propia insustentabilidad, este modelo está destinado a entrar en crisis y colapsar en un futuro que se estima no muy lejano. La sociedad en su conjunto debería reflexionar acerca de esta realidad y su evolución esperable. Ciertos principios básicos surgidos del Desarrollo Sustentable son aplicables en esta reflexión. Ningún interés particular debe de estar por encima del bien común. Ningún derecho de propiedad es absoluto como para afectar en su aplicación la calidad ambiental de su entorno. Ningún razonamiento enrevesado y/o perverso debe de prevalecer frente a la lógica sencilla pero contundente de los afectados por la intoxicación, la contaminación, el desplazamiento de sus lugares de origen y la injusticia.
Fueron dos años sin descanso difundiendo, socializando y profundizando el consenso social a favor de la ley y de la comprensión sobre el creciente riesgo a que nos sometía la irresponsabilidad gubernamental en connivencia con la voracidad de los monopolios de la minería a cielo abierto. La respuesta popular fue categórica: “los glaciares se defienden”. “El agua vale más que el oro” fue la consigna y la solidaridad popular creció. La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y el Ambiente Periglaciar, es un triunfo popular. Un triunfo de las causas que no se abandonan. Un logro de la construcción del conocimiento compartido sobre los verdaderos nudos del problema. Una victoria de las luchas contra la corruptela política y la connivencia con el saqueo. Pero por sobre todo, es una herramienta para continuar defendiendo el derecho al agua de nuestros pueblos.
Nuestras leyes reconocen el alto valor de la cuenca de los Grandes Lagos, y específicamente a la joya de la corona, nuestro Gran Lago Cocibolca. Sabemos que contamos con un preciado tesoro, que tenemos el compromiso de usarlo sabiamente y además conservarlo para su uso indefinido, pero pasivamente hemos postergado el cumplimiento de esta obligación mientras la degradación ambiental continúa y cada día perdemos más opciones para su uso.
¿De verdad alguien cree que 5 años de investigación son suficientes para detectar problemas de salud o medioambientales derivados de dosis subletales y teniendo en cuenta que los tóxicos se acumulan? ¿De qué sirven las investigaciones llevadas a cabo por empresas interesadas en vender OMGs? ¿Qué validez y cuánto de aséptico tiene que los directores de las empresas formen parte de órganos que tienen poder para decidir en gobiernos o agencias de seguridad alimentaria, etc.? ¿Qué pasa con los demás campos: culturas, soberanía alimentaria, explotación del campesinado, erosión de la biodiversidad, contaminación ambiental que deriva en reducción de la salud de la población?
La huelga de hambre que mantienen 31 presos políticos mapuches en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia, es para exigir, entre otros puntos, la no aplicación de la ley N° 18.314 (o Ley Antiterrorista). La palabra “patria” viene del griego patrius y de la expresión latina terra patria, que significa “la tierra de los padres”. Ser mapuche es ser “gente de la tierra”. Si de patria se trata, Chile es la patria del pueblo mapuche. La paradoja es que estos hermanos son tratados por los descendientes de los invasores como si Chile no fuera la patria de todos.
Las disposiciones legales protegen los intereses ambientales con una clara tendencia ‘antropocéntrica’, es decir, buscan garantizar la satisfacción de las necesidades de la población asegurando la disponibilidad de los recursos para generaciones posteriores; sin embargo encontramos en la misma LGEEPA con posterioridad a las reformas del 13 de diciembre de 1996, una disposición con tendencia ‘naturocentrista’ que pretende otorgar protección a un área, con espíritu conservacionista estricto, sin tomar en cuenta factores que están directamente relacionados con el entorno ambiental, como lo económico o social, vulnerando los derechos humanos de los pobladores dentro y en las inmediaciones de la reserva, lo que implica la generación del conflicto normativo.
El desastre causado por el Deepwater Horizon (Aguas Profundas Horizonte) ha copado los titulares en todo el mundo, pero la gente que vive en el delta del Níger han tenido que vivir con catástrofes ambientales durante décadas. El nivel de la contaminación es alucinante. La agencia nacional de detección de derrames de petróleo y de respuesta del gobierno (NOSDRA) dice que entre 1976 y 1996, más de 2,4 millones de barriles contaminaron el medio ambiente. "Los derrames de petróleo y el vertido de aceite en los canales ha sido extensivo, a menudo contaminando el agua potable y destruyendo la vegetación. Estos incidentes se han vuelto comunes debido a la falta de leyes y medidas para la ejecución de estas en el régimen político existente", dijo un portavoz de NOSDRA.
Las distintas legislaciones no protegen los suelos con la misma profundidad e intensidad. En muchos casos dedican más atención a la protección de otros recursos naturales; en ocasiones existen leyes, decretos u otros cuerpos jurídicos dirigidos al cuidado y protección del medio ambiente y sus recursos naturales pero de manera general, sin conceder especial tratamiento a los suelos, obviando la importancia de los mismos como medio fundamental de producción. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos estudiados se observa una gran dispersión de la normativa lo que afecta la intensidad de la protección del bien jurídico tutelado, (los suelos de uso agropecuario.)
Cada cierto tiempo se repite, y no queda saldado, el debate sobre el uso de químicos y sobre todo agroquímicos, asociados a los cultivos que utilizan siembra directa, particularmente la soja, el maíz y el arroz, entre otros, que someten al suelo a grandes desgastes y finalmente se cuestiona el grado de contaminación o envenenamiento de personas, vegetales, animales y cursos de agua. El caso de la arrocera de La Leonesa-Las Palmas es, solamente, un caso testigo que ha tomado repercusión por la movilización de sus vecinos. Carta Abierta: Comisión de Salud y Medio Ambiente.
Quienes conocen desde hace varias décadas los campos donde se ha formado un desierto en el partido de Patagones pueden dar cuenta que la desertificación proviene del mal uso del suelo. El derecho a usufructo y a abusar de la propiedad privada de la tierra ha conducido a la desertificación. La responsabilidad de los propietarios y de quienes tienen la tenencia de la tierra sería, en este caso, directa. Pero como el movimiento de las dunas no respeta el perímetro de los alambrados sino que se extiende sobre otros espacios, e incluso cae sobre las ciudades de Viedma y Patagones estaríamos en presencia de un delito, ya que se trata de una acción similar a la de incendiar la propia casa y quemar la propiedad de los vecinos.
Durante el 2009, el mundo conoció a los Mosetenes. Ellos se volvieron protagonistas internacionales de las noticias sólo porque reclamaban el cumplimiento de las leyes bolivianas y los acuerdos internacionales en defensa de los derechos indígenas firmados por el país que hoy preside Evo Morales, frente a los abusos y el avasallamiento —ya denunciados judicialmente en Bolivia— de las empresas petroleras ya mencionadas
La sequía de Córdoba no se debe a falta de lluvia, este es solo un factor y aunque parezca mentira, es el menos importante. Años atrás, cuando faltaba lluvia, los ríos de superficie alimentados del subsuelo cordillerano, tenían agua. La sobre explotación minera condeno a muerte los ríos. Córdoba es la provincia de Argentina más deforestada, destruyeron el 94% de bosques y monte. Millones de hectáreas de estos bosques sencillamente desaparecieron al ritmo que se cultiva la soja. Estos grandes humedales cumplían la función de drenar al subsuelo millones de litros de agua en cada lluvia. Al no existir estos humedales, el agua no es depurada y depositada en el acuífero subterráneo. El otro factor es la falta de lluvia.
Los restos de agrotóxicos, con que los laboratorios hacen sus pingües negocios, se ven cada vez más en las cuencas de arroyos y ríos, y se los verifica con los miles de peces panza arriba, demasiado a menudo se los puede rastrear en los mismos alimentos, en los daños, generalmente irreversibles, sobre quienes operan y trajinan con tales productos, en la merma apreciable de abejas y otros insectos (las mayoría benéficos para la naturaleza y por ende para la humanidad), en las malformaciones congénitas que los habitantes de las zonas rurales deben enfrentar entre sus animales domésticos y en sus propios hijos…
La política ambiental se entiende como el conjunto de reglas establecidas para dirimir los conflictos y regular las interacciones entre la sociedad civil, la empresa privada y el Estado, en relación con el uso, conservación y restauración del ambiente. Es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad particular. La actuación pública es imprescindible para regular y controlar el uso de los recursos naturales y las funciones ambientales, con el fin de evitar la sobreexplotación o ineficiente utilización de los activos ambientales y alcanzar la sostenibilidad ambiental.
En Perú se comprueba que las empresas de la Gran Minería siguen impunes en su política de arrasar las cabeceras de cuenca, los pueblos y las riquezas, dejando como secuelas directas degradación ambiental y pobreza. Actualmente esto se agrava por la compra directa de tierras a los campesinos. Así se despuebla la zona para evitar la actividad de quienes defienden los ecosistemas y es más fácil demandar luego la Concesión Minera en territorios de su “propiedad”.