La cordillera de los Andes en casi toda su extensión tiene minerales de cuantioso valor. Pero sólo a partir de la década del 90 el apetito capitalista comenzó a observar con atención sin igual estas riquezas. Desde la patagonia hasta la puna jujeña se expande la minería de explotación a cielo abierto, pese a la oposición de la población cercana que las empresas se han ocupado de tornar invisibles.
Según el abogado sevillano Manuel Castañón, el derecho a un medio ambiente adecuado debe ser un derecho fundamental (…) no es suficiente con pagar la contaminación causada; en muchas ocasiones, nuestro hábitat no puede reemplazarse y la sociedad necesita instrumentos cada vez más robustos de protección frente a esos ataques”.
Lo que tratamos de proteger son los variados y riquísimos ecosistemas de la Cordillera de los Andes, invadidos por decenas de voraces transnacionales mineras, a quienes no les importa la extinción de sus bienes comunes, la biodiversidad irrepetible y la fábrica del agua, origen de múltiples comunidades periféricas.
Los glaciares no son, simplemente, una atracción turística, un escenario suntuoso para desfiles de modelos. Constituyen una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y aunque castigados ellos mismos por el calentamiento global siguen siendo, pese a todo, un factor que atempera y ralenta ese calentamiento. Impedir que los destruyan o contaminen es una cuestión de vida o muerte.
La educación para el desarrollo sostenible, más que limitarse a un aspecto concreto del proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las relaciones entre la humanidad y su medio.
La importancia del recurso impone la revisión de los aspectos institucionales del Acuífero Guaraní. La instrumentación de un Comité de Cuenca facilitaría un espacio común para iniciar acciones tendientes a implementar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del SAG dentro de la República Argentina.
Admnistia Internacional admite ahora que las personas a las que considera como «presos de conciencia» han «recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba». El derecho internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra nación soberana. Dicha política viola de manera flagrante los principios y normas que rigen las relaciones entre los Estados.
La tremenda tasa de transformación de nuestros bosques nativos en el norte de Argentina para la ampliación de la superficie agrícola, no tiene precedentes en la historia. De no mediar acciones inmediatas por parte del Estado Nacional y de las provincias involucradas, en poco tiempo más perderemos superficies importantes e irremplazables de nuestro patrimonio natural.
Argentina se transformó en un país de importancia en la minería mundial en 1997, cuando la mina Bajo la Alumbrera entró en actividad en la provincia de Catamarca. Hasta entonces la minería consistía en la explotación tradicional de minas subterráneas. Actualmente no podría ser más diferente: gigantescas minas a cielo abierto van tomando cuerpo en todo el país.