El Gobierno de México intensificó su lucha legal contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos con el propósito de frenar el tráfico ilícito de armamento hacia su territorio. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que su consultor jurídico, Pablo Arrocha, celebró reuniones con los abogados que representan a México en este proceso.
Como parte de su visita a Estados Unidos, Arrocha supervisó los preparativos para la audiencia que la Suprema Corte de ese país celebrará el 4 de marzo. En esta sesión, se analizará si las compañías armamentísticas demandadas pueden alegar inmunidad a pesar de las acusaciones de facilitar el tráfico ilegal de armas a México.
Además, se discutió la estrategia en la demanda interpuesta en Arizona, la cual dio un paso adelante hacia una nueva etapa centrada en la recopilación de pruebas. Este litigio se suma a la batalla legal que el Gobierno mexicano inició en 2021 contra fabricantes y distribuidores de armas en EE.UU.
Las demandas contra la industria armamentística: respaldadas por informes oficiales
México presentó su primera demanda en 2021 en Massachusetts contra ocho empresas del sector armamentístico estadounidense, alegando que sus prácticas negligentes contribuyen al tráfico ilegal de armas. En 2022, reforzó su postura con una segunda demanda en Arizona, dirigida contra cinco tiendas ubicadas en la frontera.
Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, cada año aproximadamente 200,000 cruzan ilegalmente la frontera hacia México (Gobierno busca una ruta más directa para el tren). Sin embargo, el gobierno mexicano argumenta que esto se debe a la falta de regulación efectiva por parte de los fabricantes y vendedores estadounidenses.
Es necesario aclarar que el equipo legal de México trabaja para recopilar pruebas que demuestren cómo las prácticas de estas empresas contribuyen a la violencia armada en el país. De igual manera, la estrategia también incluye esfuerzos diplomáticos para que Estados Unidos tome medidas más estrictas en el control de su industria armamentística.
¿Cuál es la postura del gobierno mexicano ante esta situación?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado la urgencia de atender el problema del tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos. En enero, resaltó un informe del Departamento de Justicia de EE.UU, el cual reveló que el 74% de las armas incautadas en México provienen de territorio estadounidense.
Bajo este aspecto, la mandataria Sheinbaum apuntó que este reconocimiento respalda los argumentos que México ha presentado en sus litigios con respecto a las armas, en dos oportunidades, y refuerza la necesidad de cooperación entre ambos países para abordar el problema.
Además, en un reciente acuerdo con el presidente de EE.UU., Donald Trump, México aumentó el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera para combatir el crimen organizado. A cambio, Washington se comprometió a intensificar sus esfuerzos para frenar el tráfico de armas de alto poder hacia México.
El compromiso con la seguridad por parte del gobierno de México
El Gobierno de México dio lugar a su determinación de utilizar todas las herramientas legales y diplomáticas para reducir el flujo de armas ilegales y mitigar la violencia en su territorio (entérate por qué el Gobierno rechaza mayor presencia de la DEA). Estas acciones legales mencionadas en el artículo fueron respaldadas por informes oficiales.
El consultor jurídico de la SRE, Pablo Arrocha, se reunió con los representantes legales de México, Jonathan Lowy y Steve Shadowen, quienes han liderado la estrategia contra los fabricantes de armas. Durante el encuentro, se reafirmó la importancia de continuar con el litigio en la Suprema Corte y en la demanda de Arizona.
México explorando todas las opciones legales a nivel nacional e internacional para responsabilizar a las empresas que, de manera directa o indirecta, contribuyen al tráfico ilícito de armas. Con estas acciones, el país busca reducir la violencia y fortalecer su seguridad interna a través de un marco legal más sólido.