El gobierno de Estados Unidos expresó su rechazo a la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de imponer prisión domiciliaria al ex presidente Jair Bolsonaro. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado calificó la medida como un atentado contra la democracia y la libertad de expresión en Brasil con adversarios políticos.
Críticas desde Estados Unidos y la aplicación de la Ley Magnitsky
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que se encuentra en dependencia del Departamento de Estado de EE.UU, publicó un comunicado en redes sociales en el que cuestionó al juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal brasileño.
“El ministro Alexandre de Moraes, ya sancionado por los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. ¡Dejen a Bolsonaro hablar!”, expresaron en su cuenta oficial.
La postura de Washington se relaciona en la Ley Global Magnitsky (la Corte Suprema de Brasil, ratifica la prisión domiciliaria), un instrumento legal que permite sancionar a funcionarios extranjeros acusados de corrupción o violaciones graves de derechos humanos pero la administración estadounidense congeló los activos de De Moraes, revocó su visa y anunció sanciones similares para quienes colaboren con medidas que, según su visión, atentan contra libertades fundamentales.
Ante esto, el Departamento del Tesoro también condenó la actuación del juez, señalando que habría autorizado “órdenes secretas” contra empresas digitales, afectando a compañías estadounidenses. Según la versión oficial, De Moraes estaría “socavando la libertad de expresión y ejerciendo una persecución judicial sin fundamentos democráticos”, en lo que calificaron como una “caza de brujas”.
Avance judicial contra Bolsonaro que terminó con prisión domiciliaria
En esta oportunidad, la medida del Supremo brasileño contra Jair Bolsonaro responde a presuntas violaciones de las restricciones impuestas por la Justicia en el marco de una investigación por intento de golpe de Estado.
Así las cosas, el ex mandatario habría incumplido la prohibición de comunicarse públicamente al participar, mediante videollamada, en una manifestación realizada en diversas ciudades del país, la orden de prisión domiciliaria incluye la prohibición de recibir visitas sin autorización judicial y el uso obligatorio de tobillera electrónica.
Como respuesta, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, exigió al Senado que inicie un proceso de destitución contra el juez Alexandre de Moraes. En declaraciones a CNN Brasil, calificó la decisión judicial como “cobarde” e “inmoral”, y afirmó que “no tiene condiciones de seguir en el cargo”.
El exmandatario y sus aliados presionan por el conflicto político
Flávio Bolsonaro reactivó el pedido de destitución del juez Alexandre de Moraes, ahora vinculándolo con las recientes sanciones de Estados Unidos. Según el senador, la prisión domiciliaria impuesta a su padre es una represalia directa “Es una demostración de venganza por las sanciones”, afirmó públicamente.
A pesar de las restricciones judiciales, mensajes firmados por el ex mandatario fueron leídos en marchas opositoras el fin de semana. En esos actos, los manifestantes exigieron amnistía para los acusados del intento de golpe de 2023 también celebraron las sanciones estadounidenses contra De Moraes.
Otro de los hijos del ex presidente, de nombre Eduardo, también se pronunció en contra del Supremo, calificando la medida como un “abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición”.
Mientras tanto, sigue el proceso judicial en el Supremo Tribunal Federal que investiga el posible rol de Bolsonaro en una tentativa de golpe de Estado, pero la investigación por el intento de Golpe de Estado (partidarios del ex mandatario se manifestaron en apoyo) sigue avanzando en el Supremo Tribunal Federal, ya que podría enfrentar más de 40 años de prisión si es condenado.