Con una tensión palpable por la situación geopolítica, la oficina de las Naciones Unidas ha convocado de urgencia al Consejo de Seguridad, por medio de su Secretario General António Guterres. Tras la confirmación de la operación militar relámpago ejecutada por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada de 3 del enero, el ambiente mundial está impregnado de incertidumbre y temor.
La ONU teme a la generación de un peligroso precedente tras las operaciones estadounidenses
La «Operación Resolución Absoluta», como ha sido denominada por el Pentágono, constó de varios ataques en zonas estratégicas del territorio venezolano, consiguiendo capturar en el camino al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A su vez, ha desatado una tormenta diplomática y humanitaria que tiene a la ONU en alerta máxima, encendiendo debates que rodean el accionar del gobierno de Estados Unidos.
El despacho del Secretario General se ve envuelto en una gran preocupación que plantea las violaciones al derecho internacional que significa el movimiento realizado por la administración de Donald Trump, llamando al respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Desde la ONU. Se teme que la justificación estadounidense de «amenaza inminente a la seguridad nacional» sirva de excusa para abrir la puerta a incursiones similares.
Guterres advierte que, independientemente de la valoración sobre el gobierno de Maduro, el uso unilateral de la fuerza y la injerencia para un cambio de régimen significa un grave precedente, pudiendo desestabilizar a la región y a las normas de convivencia global. En ese contexto, el riesgo de que se desarrollen nuevas violaciones a los derechos humanos en las próximas semanas es alto, en vista de las declaraciones emitidas por Donald Trump.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela alza la voz tras la captura del mandatario venezolano
La postura de la ONU, navega en una posición intermedia pero firme, al rechazar la metodología militar implementada por Estados Unidos, pero al mismo tiempo condenar el historial del gobierno depuesto. La organización se enfrenta a la paradoja de gestionar una transición forzada desde el exterior sin legitimar la intervención armada, a la vez que evita a toda costa la normalización de la guerra como método de corrección política.
Asimismo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, se pronunció con respecto a la situación, en comunicados difundidos por las redes sociales de la ONU. La misión, subrayó la necesidad de una rendición de cuentas por los actos cometidos por las fuerzas estadounidenses dentro del territorio venezolano.
La misión, establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resaltó las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que conllevó a la operación estadounidense. Destacó, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y tratos inhumanos, crueles y degradantes cometidos por el gobierno de Venezuela.
La violación a los Derechos Humanos en Venezuela recae en todos los funcionarios del gobierno
De la misma forma, la misión manifestó que el amplio historial de graves violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro no representa una justificación para que el gobierno de Estados Unidos vulnere el derecho internacional. En sentido contrario, la ilegalidad de la operación dirigida por el presidente Donald Trump no disminuye la gravedad de los actos de represión y violencia cometidos por los funcionarios venezolanos, incluido Nicolás Maduro.
Los expertos de la misión, agregaron también que la responsabilidad de las violaciones que recayeron sobre el pueblo venezolano durante años de gobierno no se limita solo a Nicolás Maduro. Establecieron que otros involucrados en ejercer fuerzas de mando y autoridad para la comisión de los crímenes están incluidos en el plan de rendición de cuentas que se debe realizar para garantizar la justicia que se merece el pueblo de Venezuela.