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Otra vez se incendia el Amazonas, y está cerca de repetirse el desastre de 2019

Tras la deforestación se realizan incendios provocados intencionalmente para despejar los terrenos y dar paso a la agricultura, ganadería y especulación inmobiliaria, a menudo de forma ilegal. Los incendios suelen ser más numerosos en agosto o septiembre” destaca informe de Human Rights Watch (HRW).

El año 2019, el primero en el que Jair Bolsonaro ocupó el cargo de presidente de la república, fue desastroso para la Amazonía, principal pulmón verde del planeta. El Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real del Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE, por sus siglas en brasileño) publicaba a principios del 2020 que el área con “advertencias de deforestación” sumó 9.166 kilómetros cuadrados frente a los 4.946 kilómetros cuadrados de 2018, un incremento del 85%. Supuso la mayor destrucción anual de selva de la década. Y 2020 podría ser peor si sigue el ritmo actual de incendios.

Solo los primeros diez días de agosto se detectaron 10.136 incendios en toda la Amazonía brasileña, un incremento del 17% respecto al año pasado en ese mismo periodo y la cifra más alta en la última década. Si se analiza la quincena entre el 16 de julio y el 15 de agosto, el número de focos constatados por el INP fue de 20.473, tan solo un 8% menor al registrado en 2019.

Human Rights Watch (HRW) alertaba de la situación este 26 de agosto con la publicación de un informe en el que denunciaban que, al ritmo actual, los incendios podrían ser peores este año. De hecho, a pesar de que la Política Nacional sobre Cambio Climático, con carácter vinculante, dicta un compromiso del Gobierno brasileño de reducir la tasa de deforestación anual general a 3.925 kilómetros cuadrados, en abril las nuevas zonas deforestadas sumaban ya 4.509 km2 entre el territorio quemado y el despejado y aquel aún no prendido. Además, ya en julio se detectaron un 28% más incendios que en el mismo mes del año anterior.

Las comunidades científicas y ecologistas ya vieron en 2019 la mano de Bolsonaro detrás del desastre. En sus planes de explotación del Amazonas despojó de atribuciones y recursos a administraciones públicas como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y responsable de la ejecución de la Política Nacional del Medio Ambiente.

La revista Globo Rural, alertó de que el 7 de agosto de 2019, tres días antes del llamado ‘Día del Fuego’ en el que comenzaron los incendios masivos en la región de Novo Pogresso, en el Estado de Pará, un grupo de 70 personas —entre las que se encontraban terratenientes, productores rurales, comerciantes y sindicalistas— se coordinaron a través de un grupo de WhatsApp, para incendiar los márgenes de la carretera BR-163, vía que entronca la zona con el Estado de Mato Grosso y los puertos fluviales del río Tapajos. La información fue puesta en conocimiento Ministerio de Medio Ambiente antes del “día del fuego”, pero no se tomaron medidas.

Este año la causa es la misma, según denuncian investigadores y ambientalistas, a pesar de la moratoria de 120 días por la que se prohibieron los fuegos en la región y del envío de efectivos militares a la zona, una medida con “una eficacia prácticamente ínfima”, según señalan desde HRW.

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“Los incendios en la selva amazónica no se producen de manera natural”, denuncian desde la organización no gubernamental. “Tras la deforestación se realizan incendios provocados intencionalmente para despejar los terrenos y dar paso a la agricultura, ganadería y especulación inmobiliaria, a menudo de forma ilegal. Los incendios suelen ser más numerosos en agosto o septiembre”.

El estudio Las manzanas podridas del agronegocio brasileño, publicado en la revista Science en julio, revelaba que alrededor del 20% de las exportaciones de soja —de la que Brasil es el mayor productor mundial— y el 17% de las exportaciones de carne de vacuno del país sudamericano a la UE proceden de zonas con actividad ilegal de deforestación en la Amazonía. Los investigadores acusaban directamente a Bolsonaro de alentar la deforestación “desafiando el Código Forestal de Brasil y el acuerdo de moratoria de la soja, que prohíbe la tala de bosques para la producción de granos”.


Por su parte, Bolsonaro ha intentado restar gravedad a la crisis, llegando a decir el 11 de agosto, pesa a la brutal evidencia, ante varios líderes sudamericanos: “No hallarán ni un foco de incendio, ni un cuarto de hectárea deforestada”. Esta semana, un periodista publicaba un extracto del documental The Forum en el que el presidente de Brasil comunica al exvicepresidente estadounidense y líder en la lucha institucional contra el cambio climático, Al Gore, su deseo de que Brasil y EE. UU. “exploten juntos la Amazonía”, con el consecuente desconcierto de Gore, para quien la selva es un motivo de “profunda preocupación”.

En marzo, un estudio de la ONG Amazon Watch revelaba que entre 2017 y 2019 Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC y BlackRock, han firmado proyectos por valor de 6.000 millones de euros con empresas como GeoPark, Amerisur, Frontera y Andes Petroleum para la explotación de yacimientos de petróleo en la Amazonía occidental, en este caso una cuarta parte de los bosques que comprenden el área amazónica de Colombia, Ecuador y Perú. Durante la cuarentena, el Instituto Sinchi de Colombia denunció en las páginas de la web Semana Sostenible que se estaban produciendo incendios intencionados en la selva colombiana.

Movilización global

El viernes, 28 de agosto, organizaciones como Fridays for Future, Ecologistas en Acción o la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión se concentraban en la embajada de Brasil en Madrid y en el consulado del país en Málaga para denunciar la connivencia del Bolsonaro con la industria agropecuaria ilegal y la pasividad internacional ante el desastre.

Exigían al presidente brasileño “que detenga su política de destrucción de este pulmón del mundo y que respete los derechos humanos de los pueblos originarios de Brasil”, comunidades que, denuncian, son expulsadas y desplazadas de sus tierras por los incendios, el avance de la agroindustria y proyectos ilegales de minería o infraestructuras.

De hecho, acusan a Bolsonaro de desarrollar mecanismos “de dudosa legalidad” contra estos pueblos, como el desmantelamiento paulatino de la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que además ha quedado bajo la dirección de un antiguo evangelizador.

Entre las reivindicaciones de la protesta los colectivos convocantes también se dirigían al Gobierno español, al que le exigen que ponga fin al acuerdo comercial entre la UE y los países del bloque Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), “que promoverá y facilitará la importación de tres productos responsables de la deforestación amazónica: carne de vacuno, soja para alimentar ganado y caña de azúcar destinada a fabricar biocombustibles”.

Austria, Holanda, la región belga de Valonia y Alemania, esta última a través de unas declaraciones de Angela Merkel con jóvenes activistas, han mostrado su rechazo al acuerdo en su estado actual por su impacto medioambiental o por la negativa de Bolsonaro a cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Además, “el acuerdo comercial no contiene ningún mecanismo sancionador en lo relativo a los derechos humanos, el clima o el medio ambiente”, recuerdan desde Ecologistas en Acción.

La protesta llevada a cabo el viernes se enmarca en la campaña global lanzada por Fridays for Future Brazil, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Asamblea Mundial por la Amazonia, impulsada en julio por 540 agrupaciones de la región, bajo los lemas SOS Amazonía y Sin Amazonía no hay futuro.

Fuente: Servindi

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