El Departamento del Interior (DOI) anunció modificaciones a las normativas que rigen el arrendamiento de tierras, con el fin de reducir los costos de las empresas privadas del sector petrolero. El organismo dio de baja dos medidas clave y desbloqueó «trabas» administrativas para incentivar las inversiones.
Contra la regulación de Biden
Este lunes, la entidad que dirige el secretario Doug Burgum confirmó que dio de baja dos cláusulas que condicionaban el proceso de arrendamiento de parcelas para actividades extractivistas. El departamento enmarcó las modificaciones en una estrategia de renovación que busca dejar atrás los excesos regulatorios de la gestión de Joe Biden.
Desde su retorno al poder, Donald Trump dejó en claro que la industria de los hidrocarburos juega un papel fundamental en el proyecto de país que su gestión defiende y en el posicionamiento futuro de EE. UU. en el agitado tablero geopolítico.
En esta línea, el republicano advirtió el inconveniente de la regulación ambiental promovida por el anterior gobierno (al que tildó en reiteradas ocasiones de «woke») y que castigó severamente la transgresión de normas establecidas para la conservación del ecosistema.
«Estas actualizaciones eliminan la burocracia que históricamente ha disuadido la inversión, garantizando que nuestras tierras públicas sigan siendo un motor fiable para el crecimiento económico y la innovación», afirmó Burgum.
Se trata de cambios que apuntan a reducir los costos administrativos que deben abonar las empresas interesadas en negociar con el Estado por el arriendo de parcelas.
En primer lugar, fue reducido a US$25 000 el monto de fianza de US$500 000 que las firmas deben saldar para iniciar el extractivismo en tierras públicas. «De esta manera, se evita que esta norma se utilice para penalizar el desarrollo energético», sostuvieron desde la cartera.
En segundo lugar, se decidió la revocación de los planes obligatorios de minimización de residuos, maniobra que permitirá a las firmas prescindir de los estrictos protocolos para garantizar la calidad de sus emisiones y la reducción del daño en la salud ambiental. Según sus estimaciones, este recorte ahorraría a la industria energética un total de US$17 000 000 anualmente.
Alcance de las reformas
Las maniobras marcan un cambio dentro de un conjunto de reglas orientadas por el espíritu de la Orden Ejecutiva 14154, la Orden del Secretario 3418 y la norma de prevención de residuos de la BLM, y se contemplan modificaciones como la autorización de arrendamientos no competitivos después de subastas competitivas.
También se reducen los plazos de participación pública de 90 días a 10 días, lo que limita los plazos de reclamo para los pobladores que podrían estar disconformes con los proyectos. Se trata de una cláusula polémica que establece una ventana limitada de tiempo para la revisión comunitaria de las propuestas.
Otro punto importante es el que impone la obligación del Estado de reparar la paralización de los proyectos extractivistas que se vean detenidos por falta de aprobación ambiental, ofreciéndoles tierras equivalentes para concretar sus iniciativas.
De la misma manera, se responsabiliza a las empresas de respetar el plazo de un año de suspensión, corriendo el riesgo de perder los derechos sobre la parcela ante el congelamiento indefinido del proyecto. En materia ambiental, se esclarecieron definiciones y límites para analizar los grados de contaminación.
«Estas reformas acelerarán aún más el desarrollo, mejorarán la claridad para los operadores, ampliarán las oportunidades económicas y reforzarán el compromiso con la gestión responsable y el liderazgo energético estadounidense», afirmaron desde el DOI.
Desregulación en la EPA
Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental también sorprendió con recientes cambios que despertaron críticas en la comunidad estadounidense. El organismo propuso eliminar los límites a cuatro tipos de PFAS (GenX, PFBS, PFNA y PFhS) que afectan la calidad del agua potable, exponiendo a los consumidores al riesgo de enfermedades cancerígenas.