Pese a la intención de obtener mano dura en materia económica, el gobierno de Donald Trump, se enfrenta a situaciones que podrían poner en jaque sus formas. Doce estados presentaron una demanda cuestionando la legalidad de sus políticas arancelarias, pero también apuntan a que esto provocaría un daño a su país.
Estos estados sostienen que esto podría ser un daño económico masivo, por tal motivo tomaron la determinación de presentar una demanda judicial en la Corte de Comercio Internacional en Nueva York y esta acción sostiene que Trump actuó fuera de los límites constitucionales.
Lo que sucede es que el mandatario republicano impuso tarifas sin pasar por el debido orden legislativo, además, algo que provocó el enojo en estos estados fue la percepción de Trump, con sus decisiones unilaterales que introdujo en la práctica un nuevo impuesto estadounidense.
Los argumentos que sostienen los doce estados para presentar la denuncia
En una acción que genera conflicto interno, los estados argumentan que el actual presidente norteamericano habría utilizado de manera indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un instrumento diseñado para emergencias extranjeras pero no para la política interna del país.
Al realizar esta maniobra, los fiscales sostienen que no solo se violó la separación de poderes por las medidas arancelarias del gobierno estadounidense, también Trump cree haber llegado a un acuerdo con Rusia y esto podría modificar la economía del país, sino que también generó inestabilidad en mercados importantes.
Hasta el momento, la demanda es respaldada por estados como Nueva York, Arizona, Illinois y Connecticut, remarcando que las tarifas impuestas por el líder republicano afectó al comercio porque aumentaron los costos para los consumidores y eso obstaculiza el crecimiento económico.
Los fiscales creen que este impuesto es el mayor impuesto federal
Este litigio se da en el marco de las decisiones unilaterales que ocurrieron desde Washington por el nuevo impuesto a los norteamericanos. Los fiscales consideran que estos aranceles operaron como el “mayor aumento tributario federal” en décadas, impuesto sin debate parlamentario.
Asimismo, esta acusación remarca que el Congreso no le otorgó al presidente la facultad de imponer aranceles a su voluntad. El poder Ejecutivo argumenta que estas decisiones se hicieron mediante decretos, redes sociales o declaraciones improvisadas pero no dentro de los límites legales.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, indicó que el mandatario había prometido aliviar el costo de vida pero sostuvo que sus medidas generaron lo contrario para los consumidores pero su homóloga de Arizona, Kris Mayes, y el fiscal de Connecticut, William Tong, se manifestaron en contra de esta decisión y la catalogaron como indefendible en lo judicial y además California comenzó su propio litigio contra el gobierno federal.
Los demandantes sostienen un punto clave dentro de esta acción judicial
Para ponernos en contexto, la IEEPA es promulgada desde 1977, esta misma fue promulgada con el afán de permitirle al presidente al reaccionar ante amenazas extranjeras como lo son las guerras, terrorismo y ciberataques, así Trump estiró esta definición para justificar tarifas para medidas económicas internas.
El recurso legal de la IEEPA solo aplica en los casos ya mencionados, sin embargo, el líder republicano habría usado esta ley para agregarle gravamen tanto a aliados para modificarlo de manera errática (Trump viajará a Roma para el funeral del Papa Francisco, los detalles), despertando la incertidumbre económica de cara al futuro.
Cabe mencionar que, quienes demandan también insisten en que muchas de estas medidas se implementaron sin el debido proceso administrativo, sin estudios de impacto y sin cumplir con los estándares que exige la ley para declarar una emergencia, por eso los fiscales insisten con un claro abuso desde el poder ejecutivo.