El gobierno de los Estados Unidos está a punto de obligar a miles de familias a tomar la decisión más cruel de sus vidas.
No se trata de problemas con la ley, sino de algo más común: el derecho a una vivienda digna.
Una nueva regla puede cambiar la forma en que las personas viven. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre conservar tu casa o dañar a tu propia familia?
Cuál es la realidad del sistema de viviendas
Hasta el día de hoy, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha favorecido, a través de sus programas estatales, que muchas familias en estado de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda pública.
Este sistema ha permitido la inclusión de miles de familias inmigrantes que cumplían con los requisitos de elegibilidad en los llamados «hogares de estatus mixto».
En dichas viviendas pueden convivir personas con estatus legal, como ciudadanos o residentes permanentes, junto con familiares que no tienen papeles en regla.
En estos casos, la ayuda del gobierno no cubre todo el alquiler: solo paga la parte que corresponde a los miembros legales y la familia tiene que pagar el resto del costo de la vivienda.
Gracias a esto, miles de niños han podido crecer en un entorno estable con sus padres o hermanos. Muchos de estos niños son ciudadanos estadounidenses desde que nacieron, sin importar su situación migratoria actual.
Pero ahora, esta flexibilidad es el centro de un gran debate que puede cambiar las reglas para siempre.
Cuántas familias perderían la ayuda
Esta propuesta afectaría a miles de hogares en todo el país. Se estima que alrededor de 80 000 personas podrían perder el acceso a la vivienda o enfrentar desalojo, sino continúan recibiendo asistencia.
La razón principal de esta iniciativa es que la administración cree que el dinero de los contribuyentes debe ir solo a ciudadanos estadounidenses. Quieren «terminar con el subsidio a las fronteras abiertas».
Piensan que si sacan a los no ciudadanos de estos programas, habrá más espacio en las listas de espera para estadounidenses a la vivienda pública.
El HUD afirma que su objetivo es «cerrar una laguna legal» para evitar que los fondos federales se destinen a personas que no deberían recibirlos.
Pero la verdad es que estamos hablando de un grupo que representa menos del 1% de todos los beneficiarios.
De hecho, diversas organizaciones sostienen que estas familias en realidad le salen rentables al sistema, porque como no reciben la ayuda completa, terminan pagando mucho más de su propio bolsillo que cualquier otra familia.
Echarlos no supondría un gran ahorro para el gobierno, pero sí causaría un problema humano enorme, dejando a miles de niños cautivos y en situación de pobreza, justo cuando se suponía que las cosas estaban mejorando.
Cuál es la nueva norma y qué posibilidades tiene de aprobarse
La nueva norma que comenzaría pronto a reglamentarse fue propuesta por el Secretario Scott Turner. El objetivo es que cada persona que viva en una vivienda subvencionada debe demostrar por separado que es ciudadano o tiene un estatus migratorio válido.
Actualmente, la ayuda se calcula de forma proporcional según los miembros elegibles del hogar.
No obstante, con la nueva regla, si una sola persona en la familia no es elegible, toda la familia perderá la ayuda. Esto podría obligarlos a separarse o a ser desalojados y en última instancia, acabar en la autodeportación.
El proceso de control se basaría en el sistema SAVE, un software de verificación que ha sido criticado por identificar erróneamente a ciudadanos como extranjeros debido a fallos administrativos en sus bases de datos.
La normativa fue puesta en consideración y el plazo para enviar quejas oficiales finalizaba ayer 21 de abril, así que habrá que esperar a ver qué se decide. Ya en 2019 una idea similar fracasó porque el 95% de los comentarios fueron en contra.
Algunas organizaciones, como el Proyecto de Ley Nacional de Vivienda, ya están preparando demandas para bloquear la medida. Argumentan que es discriminatoria y perjudica injustamente a menores estadounidenses.
Esta normativa pone a las familias en una situación muy difícil. El gobierno quiere “poner orden”, pero se olvida de que detrás de cada expediente hay un menor que podría quedarse sin hogar.