La organización sin fines de lucro, dedicada al análisis de las políticas económicas, señaló las desventajas de la apuesta por las energías renovables. Según sus proyecciones, «la electricidad podría encarecerse» si el estado de Maine «continúa por el camino de las energías limpias», debido al elevado costo financiero y logístico que exige la transición energética.
Maine enfrenta el incremento del precio de la electricidad
Como sucede en otros puntos de EE. UU., la comunidad de Maine sufre el aumento de los costos en las facturas de electricidad. En especial, el Instituto de Políticas apuntó contra la progresiva adopción de energías renovables, señalando que es un factor primordial en la suba del precio del suministro, que alcanzó los US$0,28/kWh este año. En consecuencia, la electricidad del estado es entre un 60 % y un 75 % más cara que el promedio nacional.
«Aunque la causa de la suba es multifactorial, entre los mayores culpables se encuentran las políticas de energía limpia», señalaron desde la entidad. Según explicaron, los programas estatales para financiar los subsidios solares, la ampliación de las líneas de electricidad y la instalación de infraestructura solar y eólica fueron diseñados de tal forma que los costos se trasladan a las facturas de los usuarios particulares.
«Agregue los esfuerzos para electrificar el transporte y la calefacción doméstica, y verá que a los habitantes se les exige que paguen por una red eléctrica mucho más grande y costosa», observaron. De esta manera, los especialistas ahondaron en el lado B del avance de las renovables y la reestructuración que implica para el mercado energético; por ello, instaron a las autoridades a revisar las condiciones en las que se está llevando a cabo la transición.
En su último informe, titulado «Alternativas a la crisis de asequibilidad energética de Nueva Inglaterra», la organización aseguró que el incremento de los precios de la energía no es responsabilidad de las compañías eléctricas, y puso la lupa en la política energética estatal que «subvenciona en exceso las energías renovables», dado que, con el objetivo de cumplir con las metas de descarbonización, las autoridades impulsan la electrificación doméstica y del transporte, proceso que conllevaría el gasto de US$815 mil millones hasta 2050, con la posibilidad de que el gasto anual de las familias en el servicio llegue a ser de US$4600 para esa fecha.
La dificultad de depender de las energías limpias
En particular, el análisis del instituto señala la fiabilidad de las renovables como el principal problema para la asequibilidad. Según explicaron los expertos, la falta de infraestructura en el sector requiere mayores inversiones para impulsar el despliegue de los proyectos, y a esta situación se suma la inestabilidad climática que limita a estas fuentes y que también amerita desembolsos considerables para reforzar la capacidad de generación en días nublados.
En conjunto, estas variables afectarían considerablemente la seguridad energética y la posibilidad de ofrecer un suministro limpio a costos accesibles. «Por el contrario, los sistemas nucleares, el gas natural y los sistemas intermedios dependen de fuentes que pueden activarse cuando sea necesario, lo que permite a la red satisfacer la demanda máxima y mantener el suministro eléctrico», puntualizaron.
Asimismo, apuntaron al costo financiero de las medidas orientadas a reducir las emisiones. «El costo de reducir las emisiones de dióxido de carbono supera el CSC (Costo Social del Carbono) únicamente en el escenario de las energías renovables», explicaron, lo que implica que el paso a las renovables «sigue siendo más costoso que los beneficios climáticos que afirma ofrecer».
La alternativa del Instituto de Políticas
En lugar de aplicar políticas enfocadas exclusivamente en los objetivos ambientales, el informe sugiere apostar por estrategias que incorporen «recursos fiables y gestionables», como el gas natural y la energía nuclear, que pueden «lograr reducciones significativas de las emisiones sin sacrificar la asequibilidad ni la estabilidad de la red eléctrica». «Una política energética eficiente debería garantizar el suministro eléctrico y evitar que los residentes paguen más por un servicio menos fiable», concluye el documento.
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