El presidente Donald Trump ha dado curso a una nueva Orden Ejecutiva con la finalidad de proteger el sistema financiero de los Estados Unidos, así como para prevenir los riesgos crediticios estructurales. La Orden Ejecutiva establece estrictas exigencias normativas para los sistemas de identificación de clientes de las instituciones financieras que operan en el país. El objetivo último de la acción pública es hacer frente a la evasión fiscal, al lavado de dinero y a la canalización de fondos realizada por las organizaciones criminales transnacionales, recuperando los criterios de integridad y solvencia en el mercado de capitales.
Enfoques científicos en la detección de patrones de riesgo y evasión fiscal
La legislación promovida por Trump instruye al Tesorero de Estados Unidos a emitir una advertencia formal a las instituciones bancarias que generen alertas anticipadas por motivos de patrones de actividad inusual, así como a impedir la creación de redes de evasión fiscal corporativa. Los bancos tendrán que aplicar métodos analíticos de datos con el fin de identificar el proceso de ocultación de la identidad del verdadero propietario de las cuentas, la remuneración de los colaboradores por motivos ajenos a los registros contables y los mecanismos de estructuración de las transacciones.
A través de análisis científicos sobre tendencias financieras, las agencias federales han detectado los nodos de actividad económica ilícita del tráfico de fentanilo para carteles con bases establecidas en México. Para frenar ese flujo de capitales, la orden exige llevar a cabo una reforma de las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) que robustezca los requisitos de la debida diligencia de los clientes (CDD).
Esto permitirá a los supervisores auditar minuciosamente el origen de los fondos, aunque para lograr este objetivo las entidades que formaban parte de la industria financiera tendrían la capacidad legal de exigir información adicional ante la aparición de alguna irregularidad operativa.
Evaluación del riesgo crediticio y estándares de capacidad de pago
La instancia presidencial establece que se requiere una profunda revisión de las prácticas de suscripción de créditos a fin de sostener la estabilidad del sistema bancario nacional al tiempo que da instrucción a los supervisores financieros para que emitan guías estrictas para la gestión de riesgos en la concesión de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito o créditos para la compra de auto a personas no autorizadas para trabajar.
La administración de Trump argumenta que los empleadores que contratan personal no autorizado por los servicios de inmigración suelen declarar salarios inferiores, lo que afea la información de entrada que hace ceder el riesgo crediticio de las entidades financieras.
Por este motivo, se ha ordenado a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) que modifique las normativas vigentes para clarificar los estándares de «capacidad de pago». Bajo las nuevas directrices, la posibilidad técnica de una deportación y la consecuente pérdida de ingresos estables deberán ser considerados explícitamente como factores de riesgo que afectan la solvencia del solicitante de un préstamo. Al exigir la aplicación de criterios de evaluación de riesgos más estrictos, el gobierno busca que los bancos absorban menos activos de alta volatilidad, lo que estabilizará las tasas de interés del mercado residencial y comercial.
La innovación tecnológica y la neutralidad respecto al acceso bancario
En paralelo a las restricciones de seguridad, la administración estadounidense busca consolidar al país como el líder global en innovación financiera y activos digitales en 2026. El presidente Trump firmó una directiva complementaria para prohibir que las agencias reguladoras federales promuevan políticas que permitan a los bancos restringir o negar servicios financieros basados en creencias políticas, religiosas o actividades comerciales lícitas. Esta medida pone fin definitivo a las prácticas de exclusión bancaria ideológica y busca garantizar la igualdad de acceso para todas las empresas legítimas del país.