En la semana pasada el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, realizó una visita oficial al extensísimo territorio de Alaska. La visita institucional a Alaska representa un paso fundamental para los planes de desarrollo y de seguridad del gobierno federal en ese territorio. En su trayecto, el alto funcionario sostuvo una ininterrumpida sucesión de reuniones estratégicas y de mesas de trabajo conjuntas con los representantes de las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y municipal.
El respaldo decidido hacia la seguridad pública en Alaska
Desde la óptica del Departamento de Justicia, Alaska no es un estado más. Es una entidad territorial estratégica que, atendiendo a su inmensa y extensísima geografía, tiene que requerir atención constante, sostenida y verdadera y absolutamente integral. Una de las prioridades inmediatas y urgentes que las autoridades fijaron para Alaska fue proporcionar un fuerte y renovado respaldo hacia la seguridad pública.
A través del diálogo del directo y del trabajo con las distintas agencias policiales y judiciales que funcionan en la infinita y extensísima geografía de Alaska, el gobierno federal pretende fortalecer el trabajo del terreno. La finalidad central de estas reuniones es que los funcionarios y los agentes de policía tengan todo tipo de recursos operativos y de soporte jurisdiccional para garantizar el orden, la lucha contra el crimen y la protección eficaz de las múltiples y distintas comunidades que viven por todo Alaska.
La inmensa riqueza y el potencial energético
Más allá de las cuestiones estrictamente vinculadas a la seguridad ciudadana y a la aplicación de la ley, el enfoque económico y comercial de grandes dimensiones de la visión del gobierno para Alaska es evidente. Desde los primeros enunciados públicos del Departamento de Justicia quedó suficientemente claro que una segunda gran prioridad de su gestión en Alaska consiste, y así lo subrayan, en la necesidad de garantizar que el estado disfrute de la libertad operativa y jurídica para poder hacer un uso físico lo más intensivo posible de sus abundantes recursos energéticos.
Las autoridades actuales consideran como un activo vital y estratégico la inmensa riqueza natural de Alaska, reconocida históricamente a nivel mundial por su capacidad de producción energética. El gobierno entiende que este potencial debe ser explotado de forma continua, con el fin de impulsar el crecimiento del sector industrial, la creación de empleo de calidad y la garantía de la independencia energética de la nación entera.
Alaska en el centro de la agenda desregulatoria
Con el objetivo de poder liberar todo este enorme potencial de producción y hacer avanzar la economía local, el gobierno ha afirmado que aplicará en Alaska una muy agresiva política de reducción sistemática de las barreras burocráticas. La meta oficial consiste en hacer avanzar rápidamente la agenda desreguladora de la administración del presidente Trump.
Con el objetivo de aplicar esta drástica flexibilización normativa en el propio terreno de Alaska, el Departamento de Justicia quiere contribuir a liberar para siempre todo el potencial energético de Alaska. Esta estrategia de tipo legal espera poder facilitar enormemente la actividad empresarial, acelerar la entrega de permisos y debilitar sistemáticamente la burocracia administrativa y los conflictos derivados del medioambiente que con frecuencia obstaculizan, encarecen o paralizan las grandes obras o los grandes proyectos de infraestructura.
La reciente gira oficial del fiscal general interino demuestra a todas luces que el estado ocupa un lugar primordial y central en la planificación estratégica del actual gobierno estadounidense a largo plazo. Las propias autoridades del Departamento de Justicia explicitaron que Alaska es un estado de especial relevancia, no solo para la agenda general de crecimiento económico del presidente Trump, sino también para los objetivos jurídicos específicos de esta cartera.