La agenda de desregulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Donald Trump genera malestar en las organizaciones ambientales y la oposición. De acuerdo con estos sectores, el Gobierno sigue un lineamiento específico en su accionar: reducir los periodos de consulta pública, mientras beneficia a las empresas privadas durante el proceso de extracción de combustibles fósiles, como petróleo y gas.
Una agenda que prioriza los combustibles fósiles
Al asumir su segundo mandato, el presidente Donald Trump descartó de manera tajante la agenda de transición energética implementada durante la administración de Joe Biden y puso a los combustibles fósiles nuevamente en el centro de la escena. Asimismo, el petróleo y el gas natural se convirtieron en una prioridad para el nuevo plan energético nacional, que tiene como meta la independencia energética.
Para poner en marcha este plan, la EPA, dirigida por Lee Zeldin, implementó una estrategia de desregulaciones, cuyo objetivo era impulsar la actividad petrolífera y la producción de gas dentro del país. Al mismo tiempo, anunció millonarias inversiones y numerosas concesiones para empresas que apuesten por este sector y colaboren con el plan nacional. Desde la oposición critican esta agenda, ya que promueve la contaminación y le quita presión a las empresas.
Y ahora, con las nuevas medidas adoptadas por la EPA, a la contaminación y los beneficios fiscales al sector privado se le suma otra problemática: la reducción de la participación ciudadana. Desde las organizaciones ambientales califican esta situación como un «ataque a la democracia», aunque las autoridades gubernamentales destacan que es un cambio que alivia las restricciones que obstaculizan la producción nacional de energía.
Críticas a las nuevas medidas del Gobierno
Esta semana, el Departamento de Interior confirmó su intención de flexibilizar dos medidas que regulan la perforación de petróleo y gas en terrenos públicos nacionales. Una consiste en reducir las tarifas que las empresas deben pagar por los costos de limpieza previo al proceso, mientras que la segunda libera las regulaciones sobre la cantidad de metano que dichas compañías pueden liberar, lo que contribuye al calentamiento global.
En caso de aprobarse, la Oficina de Administración de Tierras, que opera bajo la órbita del Departamento del Interior, ya no tendría que evaluar si los proyectos vinculados a la extracción de combustibles fósiles entran en conflicto con otros recursos, como la flora y la fauna local. Además, se reduciría drásticamente la capacidad del público para analizar y opinar sobre los permisos de explotación de las tierras federales.
Recordemos que, con la normativa actual, existen un total de 30 días para opinar sobre los terrenos que el Gobierno ofrece en una subasta de arrendamiento. A este lapso de tiempo, se le suman otros 30 días en calidad de periodo adicional de comentarios. Y una vez publicado el aviso de la subasta, la BLM debe ofrecer 30 días más para permitir la participación pública nacional, lo que da un total de al menos 90 días de participación pública.
Pero ahora, con esta iniciativa del Gobierno federal, se eliminarían por completo los dos primeros periodos de consulta, reduciendo la participación a solo 30 días. «Es un plazo insuficiente para que el público pueda expresar su opinión, dado que en una sola subasta puede haber docenas de parcelas arrendadas, cada una con sus propias preocupaciones en cuanto a recursos», aseveraron desde el Centro para la Diversidad Biológica.
La respuesta del Gobierno
Ante la creciente crítica, el Departamento del Interior envió un correo electrónico en el que destaca que las revisiones propuestas simplifican procedimientos obsoletos que han ralentizado el desarrollo de energía nacional fiable, en consonancia con la misión de la BLM, que consiste en promover el uso múltiple y el rendimiento sostenido. «Estas actualizaciones específicas eliminan la burocracia que históricamente ha disuadido la inversión», destacaron.