El Departamento de Energía y Renovación de Massachusetts (DOER) confirmó la nómina de proyectos que recibirán subvenciones para la instalación de paneles solares en viviendas. Se trata de iniciativas a cargo de ONG que buscan promover la accesibilidad a fuentes renovables.
Massachusetts respalda las energías limpias
En un complejo panorama para las alternativas energéticas que buscan poner fin a la hegemonía de los hidrocarburos, el gobierno de Massachusetts tomó una contundente decisión para garantizar el aprovechamiento de este suministro y su impacto en las facturas de electricidad.
Mientras los proyectos comerciales de energía solar y eólica se encuentran estancados en todo el país a raíz de las nuevas regulaciones impuestas por el gobierno republicano, el estado del noreste marcó la diferencia al respaldar la distribución de los sistemas fotovoltaicos en casas particulares, de la mano de ONG.
Así lo confirmó el DOER mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. El organismo anunció la inversión de US$2,4 millones para financiar las labores de diez agrupaciones sin fines de lucro que se encargarán de instalar paneles solares en tejados.
La entidad justificó la maniobra estratégica resaltando el alivio económico que la implementación de los sistemas fotovoltaicos trae a la economía doméstica de los ciudadanos. En concreto, estimó reducciones en costos mensuales de electricidad de entre un 70 % y un 100 %.
Además de la ayuda financiera, afirmó que liberará «más recursos para los servicios vitales que estas organizaciones prestan en comunidades de todo Massachusetts». Las organizaciones beneficiadas son: Allston Brighton CDC (Allston), Catholic Charities (Diócesis de Fall River) y Charles River Center (Needham).
También están incluidas en el listado Community Action Somerville, High Point Treatment Center (Brockton), The Marion Institute (Marion), The Open Door Food Pantry (Gloucester), Open Table (Maynard), The Council of Social Concern (Woburn/Winchester) y Union Congregational Church (East Bridgewater).
Iniciativas previas
En los meses anteriores, la gestión de Maura Healey-Driscoll, gobernadora demócrata, destacó por abrir sus arcas y destinar millonarios fondos al desarrollo local de las energías limpias. La iniciativa más reciente data de mayo, cuando la gobernadora aprobó la transferencia de US$3 millones en subvenciones del programa Climate Leader Communities Decarbonization Accelerator.
Según el comunicado oficial, las localidades de Lincoln, Needham y Wellesley fueron elegidas para recibir US$1 millón cada una «para impulsar proyectos energéticos municipales que modernizarán los edificios, reducirán las facturas mensuales de energía y mejorarán la calidad del aire en sus comunidades».
El dinero otorgado a Lincoln fue destinado a financiar «la instalación de bombas de calor geotérmicas y sistemas avanzados de control de calefacción y ventilación, además de mejoras en la envolvente» de su biblioteca pública, con el objetivo de consolidar la descarbonización y dejar de usar combustibles fósiles.
Por su parte, Needham invirtió la transferencia en la construcción de un sistema solar capaz de generar hasta 244 000 kWh al año, además de adquirir «bombas de calor aerotérmicas y cargadores rápidos de corriente continua para vehículos eléctricos» para el edificio Jack Cogswell.
Finalmente, en Wellesley, las modernizaciones estuvieron centradas en las instalaciones de las escuelas primarias Hardy y Hunnewell, en donde se incorporarán sistemas fotovoltaicos capaces de producir 430 kW y 374 kW, respectivamente.
Escenario federal
Mientras tanto, a escala nacional, el retroceso de la industria de las energías limpias hizo saltar las alarmas de los empresarios del rubro. Con la determinación de Donald Trump de priorizar el impulso de los hidrocarburos como clave para el progreso económico, la paralización de los suministros alternativos fue inminente.
Según estimaciones de la consultora Wood Mackenzie, las excesivas regulaciones y requisitos burocráticos impuestos por el Departamento de Energía a los proyectos de energía solar y eólica ponen en riesgo inversiones por hasta US$120 000 millones.