En esta última semana, Pensilvania estuvo en el centro de la polémica tras un acuerdo con Donald Trump para mantener abiertas dos centrales de carbón. Se trató de una decisión bastante cuestionada, teniendo en cuenta los avances de este Estado respecto a la transición energética. No obstante, desde el Gobierno de Joe Shapiro ratifican el trabajo realizado en materia de justicia ambiental, a la que consideran una de las más inclusivas y completas.
El pacto entre Joe Shapiro y Donald Trump
Donald Trump mantiene una postura bastante drástica en contra de la transición a energías verdes. En este marco, el presidente puso a los combustibles fósiles nuevamente en el centro del debate, calificándolos como una herramienta indispensable para garantizar la seguridad energética. Es por eso que lleva adelante una política de desregulación para proteger a este sector de las normativas ambientales de algunos estados.
Un claro ejemplo de este tipo de políticas es lo ocurrido en Pensilvania, donde dos centrales de carbón estaban a punto de cerrar por la presión regulatoria y la migración del Estado hacia un mercado eléctrico. Para evitar esto, el Departamento de Comercio de la Casa Blanca dialogó con el Gobierno de Joe Shapiro para avanzar hacia un acuerdo que permita mantener abiertas estas instalaciones.
Tras concretar este pacto, el mandatario estadounidense celebró la decisión con un mensaje incisivo, en el cual criticó duramente la sustitución de este tipo de instalaciones por parques eólicos, a los que calificó como «costosos e ineficaces». Por su parte, las autoridades de Pensilvania aseguraron que el acuerdo permitió que miles de personas, que todavía están arraigadas laboralmente a este sector, mantengan su fuente de trabajo.
En defensa de su nueva política de Justicia Ambiental
Esta decisión le costó duras críticas al Gobierno local, ya que, para muchos, representa un retroceso en políticas de transición energética. No obstante, el Departamento de Protección Ambiental (DEP) de Pensilvania asegura que hubo avances concretos en sus políticas de justicia ambiental, las cuales fueron diagramadas tras más de nueve años de exhaustivo trabajo en esta materia.
A través de un comunicado oficial, aseguraron que, hoy en día, la política de Justicia Ambiental del Estado tiene una gran eficacia operativa. Sin embargo, aclaró que para lograr esto, hubo que pasar por un largo proceso, que incluyó la participación ciudadana, entre otras actividades. De esta forma, tras años de documentos ineficaces que no satisfacían la necesidad de la comunidad, consiguieron una normativa inclusiva y completa.
«Para subsanar estas deficiencias, el Departamento de Protección Ambiental se esforzó por incluir diversidad de voces de la comunidad en la actualización de la política de justicia ambiental», reza el documento. Según explicaron, este trabajo incluyó comunicación con actores clave de la comunidad de justicia ambiental de Pensilvania mediante conversaciones, encuentros virtuales y foros.
El exhaustivo trabajo del DEP dio como resultado un documento más completo que los presentados durante 2018 y 2020. Estas políticas iban más allá de las concesiones de permisos e incluían directrices para ampliar la operatividad de este departamento. Asimismo, contemplaban la concesión de subvenciones, inspecciones, cumplimiento normativo, trabajo en materia climática y asegurar la aplicación de la ley.
Nuevo enfoque
En el nuevo enfoque, el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania adoptó parte del modelo anterior, mientras trabajaba en un contacto proactivo con las comunidades para recabar información sobre cómo funciona la implementación de estas políticas en la práctica. Tras aprobarlo, las autoridades firmaron su implementación inmediata. Esto permitió avanzar hacia una política con una enorme eficacia operativa, a la que califican como ejemplo a seguir para las demás regiones del país, en un marco de desregulaciones ambientales y energéticas por parte de Trump.