Los representantes Scott Peters y Gabe Evans formalizaron la presentación del proyecto de ley CLEAR Act, que pretende resolver el dilema de los cuellos de botella de la red eléctrica con la agilización del proceso administrativo para aprobar el tendido de grandes líneas de transmisión interestatales.
El contexto energético que da sentido a CLEAR Act
En la actualidad, el sistema eléctrico estadounidense atraviesa un momento crítico ante el pico de consumo propiciado por la infraestructura avanzada de la inteligencia artificial, que obliga a las empresas proveedoras y a los líderes políticos a pensar alternativas para prevenir la saturación de las redes y 2 de sus consecuencias más preocupantes: la frecuencia de los apagones y el incremento de las tarifas de la luz.
En este sentido, el avance de las fuentes renovables, como la energía solar y eólica, y la energía nuclear, allanó el camino hacia una solución parcial para abastecer la creciente demanda por medios limpios. Paralelamente, la discusión sobre las posibilidades de ampliar la infraestructura eléctrica continúa abierta, pese al riesgo de contaminación atmosférica que conllevan sus operaciones a gas.
Al respecto, los funcionarios Scott Peters (demócrata por California) y Gabe Evans (republicano por Colorado) presentaron este miércoles un proyecto de ley orientado a mejorar los requisitos administrativos para aprobar la ampliación de la red eléctrica a escala interestatal. Los políticos observaron las fallas en la fase de revisión judicial que impiden que las iniciativas se concreten en el corto tiempo, y apuntaron a modificar estas condiciones.
«Los californianos pagamos algunas de las tarifas de electricidad más altas del país, y parte de la razón es que no logramos que los proyectos de transmisión superen los procesos judiciales y se construyan a tiempo», explicó Peters. Por su parte, Evans remarcó la importancia de responder a la crisis energética «con formas nuevas e innovadoras para transferir energía de manera eficaz, asequible, segura y oportuna».
Ambas figuras reconocieron la urgencia de actualizar el sistema eléctrico con la activación de proyectos que quedaron estancados en el proceso burocrático. «No podemos esperar años a que se construya la infraestructura que tanto necesitamos», aseguraron.
Los principales riesgos del colapso de la red
Al margen de la demanda apuntalada en el consumo energético de los centros de datos, la dependencia de las urbes de la electricidad para cumplir con las tareas cotidianas es otro factor que alienta el incremento de los costos del servicio eléctrico, que en zonas como California se duplicó durante la última década.
De la misma manera, la sobreexigencia de la red incrementa la frecuencia de las interrupciones del suministro, que este verano registró picos de consumo gracias a la necesidad de refrigeración dadas las altas temperaturas. Para prevenir el colapso, Chris Wright, titular del DOE, autorizó a PJM a operar sus sistemas a máxima capacidad para responder a la demanda.
Puntos clave de la propuesta bipartidista
Dado que uno de los principales obstáculos para la continuidad de las propuestas de extensión de la red es la presentación de impugnaciones que frenan el avance de los proyectos aun en fases avanzadas, la ley establece un plazo de 120 días para la presentación de demandas. Actualmente, este período se extiende por hasta 6 años, lo que facilita la aparición de «litigios sorpresivos».
En segundo lugar, se aborda la participación de terceros actores en la etapa de revisión ambiental, como una medida para exigir a cualquier demandante haberse involucrado en el proceso y prevenir que presente una demanda en las últimas fases. El tercer objetivo apunta a que el DOE adopte un marco normativo de revisión claro y transparente que no ponga en riesgo las inversiones del sector.
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