Este martes 12 de mayo, el Registro Federal oficializó la rescisión definitiva de la Regla de Conservación y Salud del Paisaje, norma destinada a proteger las tierras federales y que fue adoptada bajo la administración Biden en mayo de 2024. Según lo decidido por la Oficina de Gestión de Tierras (BLM) en manos del Departamento del Interior de los Estados Unidos, la medida entrará en vigor el 11 de junio y elimina lo que la administración Trump considera un obstáculo regulatorio para avanzar en la producción de gas, carbón, minería y petróleo en 245 millones de acres de tierras públicas.
Detalles de las tierras públicas federales afectadas
La BLM administra aproximadamente 245 millones de acres de tierras de propiedad federal, lo que corresponde al 10% del territorio continental de Estados Unidos y es la base de la producción energética del país. Allí, el 81% está abierto a la producción de petróleo y gas, pero un 60% es utilizado para el ganado y su pastoreo. En ese sentido, la misma oficina también regula las reservas minerales subterráneas en propiedad pública, incluyendo carbón para plantas eléctricas y el litio, mineral clave para la energía renovable.
Enfocándose en la producción energética, el gobierno de Donald Trump se ampara en tres órdenes ejecutivas para avanzar en su agenda: 14154 (Liberando la Energía Americana), 14156 (Declarando una Emergencia Energética Nacional) y 14192 (Liberando la Prosperidad a través de la Desregulación).
Nueva norma de conservación eliminada: avanza la industria energética
La administración Trump eliminó la norma ambiental más importante de la era Biden respecto a las tierras federales y busca profundizar en las inversiones para la industria energética. En detalle, la Norma de Tierras Públicas fue eliminada por la BLM. Esta reconocía a la conservación como «uso legítimo» de las tierras federales. Con esto, desaparecen el arrendamiento de las mismas tierras para proyectos de restauración ecológica y los estándares de salud del suelo con evaluación periódica obligatoria.
En su lugar, la administración Trump y el Departamento del Interior argumentan que dicha norma excede la autoridad legal, al tiempo que dejan de lado las zonas de protección especial y priorizan el arrendamiento para perforación. Según el gobierno federal, la medida se consideraba contraria a la Ley Federal de Política de Tierras y Gestión de 1976 (FLPMA), que solo autoriza a conceder a terceros el uso, ocupación y desarrollo de las tierras públicas, no a conservarlas como fin en sí mismo.
Además, acusaron que la normativa derogada trababa la producción energética, eje de esta administración que busca priorizar la producción de petróleo, gas, carbón y operaciones mineras. «Los arrendamientos de restauración podían usarse para excluir actividades extractivas en zonas estratégicas para la industria», señalaron en el Registro Federal donde se oficializó la eliminación.
A partir del 11 de junio, cuando se hará efectiva la eliminación de la protección a las tierras federales, desaparecerán los arrendamientos de restauración y mitigación ambiental, la presunción a favor de la designación de nuevas Áreas de Protección Ambiental, la obligación de contar con los requisitos de reporte anual de datos de salud del ecosistema y los estándares de salud del suelo. Junto a esto, se evitará que ONGs y empresas bloqueen o condicionen permisos energéticos por arrendamiento, añadieron desde la BLM.
Acusaciones cruzadas
A partir de la participación pública con presentaciones a favor y en contra de la derogación de la protección a las tierras federales, según el Registro Federal se presentaron 138 000 respuestas, aunque 129 000 fueron cartas formulario duplicadas y solo 9132 fueron comentarios únicos. Entre quienes apoyaron la eliminación figuran grupos mineros, ganaderos y empresarios del sector energético, mientras que la rechazan organizaciones ambientalistas, comunidades turísticas y representantes de pueblos originarios.