El senador Schuyler VanValkenburg ha adoptado una postura contundente sobre la carga financiera que incumbe a la modernización de la infraestructura energética nacional. Según él, los grandes usuarios de energía, entre los cuales se encuentran expresamente los centros de datos, deben hacerse cargo de los costes de mejora del sistema, ya que, si bien dicha modernización del sistema es una necesidad colectiva, son los grandes usuarios los que requieren una capacidad de energía mucho mayor para atender las necesidades de sus grandes desarrollos.
Modernización de la red: equidad en la inversión
La modernización de la red eléctrica es un proceso sumamente delicado que exige inversiones millonarias para asegurar la estabilidad y la eficiencia operativa en medio de una creciente demanda. El senador VanValkenburg recuerda que los centros de datos requieren enormes volúmenes de energía, lo que lleva a las empresas de servicios públicos a actualizar transformadores, líneas de transmisión y sistemas de refrigeración.
Al exigir que los grandes consumidores aseguren la financiación de estas mejoras, se promueve un modelo de financiación directa donde el crecimiento de la industria se financia con el capital de las mismas empresas que se benefician. Así se asegura que el sistema eléctrico avance sin hipotecar la situación económica de las clases más frágiles de la sociedad.
La puesta en marcha de este modelo de financiación facilitaría que las modernizaciones técnicas se hagan más rápidamente, ya que los fondos para la inversión surgirían de sectores de alta capacidad de inversión y con necesidades inmediatas de suministro. Al desgajar estos ingresos de las facturas del consumo básico, se promueve la soberanía energética, y el desarrollo tecnológico no se traduce en un impuesto indirecto para el ciudadano.
La influencia de los centros de datos en el sistema eléctrico
Con el crecimiento de la inteligencia artificial y la nube, los centros de datos han proliferado al punto de suponer ya un porcentaje muy significativo de la generación eléctrica total. Estas instalaciones, que son un gran consumidor eléctrico, están en funcionamiento continuo, lo que hace que la infraestructura sufra un estrés permanente. Esto hace que los componentes en uso se desgasten con una gran rapidez y se demande capacidad de respaldo adicional.
Una vez más, el senador VanValkenburg se centra en el hecho de que cada uno de estos usuarios necesita energía para que sus modelos de negocio sean viables. Por lo tanto, resulta evidente la necesidad y la lógica de que estos actores contribuyan efectivamente a la sostenibilidad y a la ampliación de los cables y de las plantas que los suministran. Esta política, en definitiva, establece que la industria digital debe asumir su responsabilidad social y ambiental en el ecosistema energético de la nación.
Soberanía del contribuyente y responsabilidad corporativa
La exigencia del senador VanValkenburg sitúa el énfasis en la necesidad de establecer otra ética del servicio público y de los servicios de base para el año 2026. El principio de que el mayor consumidor ha de ser el mayor inversor persigue la transformación de la relación entre las empresas tecnológicas con cierto nivel de influencia y las comunidades que albergan las infraestructuras que les permiten operar.
Si el coste de la infraestructura de red ha de ir a cargo de los centros de datos, se garantiza dotar de un servicio de mejora a la infraestructura local y no de saturaciones o descuadres en la misma. Esta política de responsabilidad corporativa resulta fundamental para que el crecimiento del conjunto de la industria energética sea percibido como algo positivo para la ciudadanía en su conjunto.
El marco regulatorio que se propone establece que los contratos de suministro han de contener cláusulas donde se regule que, obligatoriamente, las empresas han de invertir en la red de distribución para compensar la carga que deberán soportar.