El representante demócrata Gabee Amo ratificó su adhesión al proyecto de ley bipartidista Stronger Communities through Better Transit, que busca multiplicar la inversión en el transporte público para garantizar la continuidad de las líneas de viaje disponibles.
La iniciativa legislativa de Hank Johnson
En plena época pospandemia, el funcionario Hank Johnson, congresista por el cuarto distrito de Georgia, encabezó una innovadora propuesta para lidiar con la baja de pasajeros que, ante alternativas como el trabajo remoto, prescindieron del transporte urbano.
La situación escaló hasta llevar a las agencias del sector a encontrarse al límite del abismo fiscal de transporte, necesitando del respaldo del gobierno federal para mantener su cobertura activa en distintos tramos. De lo contrario, miles de usuarios podrían quedarse sin posibilidades económicas para trasladarse diariamente.
Las ambiciosas metas climáticas también exigen modificaciones en la calidad del servicio para garantizar que los pasajeros dejen sus automóviles particulares y elijan moverse en autobuses que ofrezcan puntualidad y alta frecuencia, contribuyendo con la disminución de las emisiones contaminantes.
Frente a este panorama, el proyecto Stronger Communities through Better Transit busca obligar al gobierno federal a hacerse responsable no solo de la inversión en infraestructura de transporte, sino también del costo operativo de pagar sueldos, combustible y gastos de mantenimiento.
Para John Samuelsen, miembro del sindicato TWU, el paquete legislativo «pondría fin a una práctica de financiación que carece de sentido y garantizaría que los fondos se destinen a los gastos operativos que mejoran el servicio y el número de pasajeros».
Con un enfoque comunitario, la iniciativa considera que el aumento de los fondos se verá reflejado también en la mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora, que no solo reduciría su presupuesto mensual en movilidad, sino que contaría con mayor tiempo para disfrutar en familia, al disminuir los tiempos de espera.
«La ley proporcionaría financiación específica para ayudar a las agencias de transporte público a aumentar el ritmo de autobuses y trenes, especialmente en lugares con un servicio deficiente, comunidades desfavorecidas y zonas de pobreza persistente», reza el comunicado del despacho de Johnson.
El congresista Gabe Amo, representante del primer distrito de Rhode Island, destacó el impacto que la aprobación de la normativa traería a su comunidad. «En un momento en que el estado lucha por desarrollar un modelo de financiación que permita mantener el servicio y evitar recortes, la necesidad de una inversión fiable es más urgente que nunca», defendió.
Medidas concretas
El borrador de Stronger Communities through Better Transit contempla la inversión de US$20 mil millones anuales en un período de 4 años, asignados a «grandes ciudades, pueblos pequeños y comunidades rurales» para ampliar su presupuesto operativo.
En paralelo al desembolso de los US$80 mil millones totales, está prevista la apertura de un fondo de subvenciones con el mismo fin. El texto original subraya la exigencia de garantizar que el flujo monetario asegure «mejoras sustanciales al servicio de transporte público».
Estas se traducirían en el aumento de la frecuencia de autobuses y trenes y en la ampliación de las rutas, sobre todo en las denominadas «áreas de pobreza persistente» y «comunidades desatendidas», consideradas prioridad para la aplicación del programa.
Johnson tuvo en cuenta las estadísticas de la fundación Transit Center, que afirmó que, solo en Atlanta, «una inversión anual de US$20 mil millones podría suponer un aumento del 40 % en el servicio», asegurando una frecuencia de 15 minutos en el circuito de autobuses.
La modernización del USDOT
Mientras tanto, el Departamento de Transporte, a cargo de Sean Duffy, lidera una revisión de los protocolos de seguridad y de accesibilidad de las familias en el servicio público. Luego de los lamentables episodios en MARTA (Atlanta), la cartera decidió invertir en sistemas de control y vigilancia para proteger la integridad de los usuarios.