El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha declarado que se destinarán US$1800 millones correspondientes a asistencia humanitaria a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Este nuevo refuerzo financiero se une al primer Anexo al Memorando de Entendimiento, el cual fue estructurado para un desembolso inicial de US$2000 millones. De esta manera, la contribución total del gobierno de los Estados Unidos a los programas de asistencia humanitaria es de US$3800 millones, lo que reafirma el compromiso de los Estados Unidos en la respuesta a las crisis globales.
Distribución de la asistencia y países receptores
La gran asistencia humanitaria de Estados Unidos se repartirá estratégicamente en 21 países receptores que atraviesan emergencias humanitarias complejas y prolongadas. Las prioridades establecidas por la diplomacia y las agencias de desarrollo estadounidenses incluyen a Birmania, país en crisis por una profunda inestabilidad política y social que ha limitado el acceso a servicios básicos.
La distribución de las cantidades de ayuda se realiza conforme a un análisis pormenorizado de las prioridades logísticas, para que, de forma rápida, los suministros médicos, alimentarios y de albergue lleguen a las áreas de máxima necesidad.
La distribución de la ayuda humanitaria no solamente abarca los insumos de emergencias, sino que también sustenta el funcionamiento de ONG locales que trabajan conjuntamente con la ONU. El que se destinen recursos a áreas geográficas concretas de África, el sudeste asiático y el Indo-Pacífico tiene como finalidad producir un impacto directo y medible en las tasas de mortalidad infantil y de malnutrición.
Reformas potenciales e integridad financiera
Otra medida adoptada es que, además de entregar capital, EE. UU. está utilizando su condición de mayor donante humanitario del mundo para defender reformas estructurales dentro del sistema de la ONU. El financiamiento anunciado está fuertemente relacionado con el apoyo a reformas arriesgadas dentro de la OCHA, centradas en la construcción institucional y el aprovechamiento de los recursos públicos entregados por la comunidad internacional.
Las reformas tienen como finalidad evitar la dilapidación de recursos, aumentar la transparencia en la rendición de cuentas y maximizar el impacto de los programas de ayuda en el terreno. La óptima gestión de la ejecución presupuestaria es una exigencia suprema de los estadounidenses para asegurar la viabilidad a largo plazo de la asistencia humanitaria internacional.
Al situar el financiamiento en relación a la eficiencia de los procesos de gestión de la OCHA, se genera una cultura de una mayor responsabilidad por parte de las empresas y gobiernos que incrementa la confianza de los países donantes y mejora el desempeño de la industria de la ayuda humanitaria mundial.
Soberanía alimentaria y resiliencia comunitaria
El paquete de asistencia correspondiente a la suma de US$1800 millones preveía en concreto una partida para la soberanía alimentaria y la autonomía agrícola en las distintas comunidades beneficiarias. Gracias a la financiación de proyectos de desarrollo rural, las familias se dotan de las herramientas y las semillas necesarias para recuperar sus capacidades productivas locales, logrando al mismo tiempo la reducción de la dependencia a largo plazo de las entregas de emergencia internacionales.
Los programas financiados incluyen el uso de tecnologías limpias y sostenibles (por ejemplo, sistemas de bombeo de agua a energía solar), que aseguran el acceso a los recursos hídricos en zonas áridas o asoladas por la sequía.
La combinación de asistencia humanitaria de emergencia y soluciones de infraestructura sostenible permite a las comunidades una mayor resiliencia ante futuros impactos climáticos o económicos. La política exterior de los Estados Unidos subraya que la asistencia humanitaria eficaz no solo tiene que salvar vidas en el presente, sino también preparar las bases técnicas y sociales para el desarrollo autónomo, próspero y seguro en el futuro.