Coincidiendo con el 8º aniversario del accidente de Fukushima (el 11 de marzo) Greenpeace y Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones ambientalistas, recordaron el riesgo que supone la energía nuclear y denuncian que mantener las centrales españolas operativas por 15 años más, es un peligro innecesario.
A siete años del accidente de Fukushima-Daiichi, los efectos del escape radiactivo siguen sin control. Todavía no se han desmantelado los reactores ni gestionado las 800.000 toneladas de agua radiactivas que se acumulan en el entorno de la central.
Pese a que las autoridades japonesas se encuentran en trabajos de descontaminación del suelo del área inmediata a la central, la limpieza es parcial y aún persisten niveles altos de radiactividad por encima de 20 veces los niveles permitidos.
La denuncia de Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción quiere denunciar en este aniversario la ampliación del calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035 acordado por el Gobierno español con las tres principales empresas eléctricas, lo que supondría que todos los reactores pasaran de 40 años de funcionamiento y, en algún caso, hasta los 50. Una propuesta inadmisible. La prolongación de los permisos de funcionamiento implicará costosas y complejas revisiones de seguridad que forzarán a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que, sin duda, repercutirán sobre el precio de la electricidad.
Este alargamiento aumentará además el volumen de residuos de alta actividad, en razón de unas 175 toneladas al año, sin que exista un método aceptable para la gestión definitiva. Lo mismo ocurre con la producción de residuos de media y baja actividad que no cabrán en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba).
Para Ecologistas en Acción es muy grave que en esta decisión no haya existido ningún informe que avale la seguridad de cada central nuclear más allá de los 40 años. De nuevo los criterios económicos priman sobre la seguridad nuclear. Una muestra clara es la pugna entre las empresas propietarias que unen el cierre nuclear exclusivamente a sus balances económicos y a la rentabilización de los activos de las compañías eléctricas.
Por todo ello, la organización ecologista manifiesta su rechazo al calendario de cierre publicado e insiste en reclamar el cierre de las nucleares según vayan expirando sus permisos de explotación, de tal forma que en 2024 el país se encuentre libre de esta amenaza.
El informe de Greenpeace Japón
El informe de Greenpeace Japón, Trabajadores e infancia en Fukushima: en primera línea de la catástrofe, revela altos niveles de radiación en las dos zonas de exclusión y en áreas abiertas, incluso después de los enormes esfuerzos de descontaminación. Además documenta cómo las medidas del Gobierno violan las convenciones y directrices internacionales de derechos humanos, en particular las relativas al personal de la planta y la infancia.
“En las áreas donde parte del personal de descontaminación está operando, los niveles de radiación se considerarían una emergencia si estuvieran dentro de una instalación nuclear. Los trabajadores casi no han recibido formación, están mal pagados, expuestos a altas radiaciones, y pueden perder su trabajo si que quejan”, ha añadido Montón. En este sentido, la organización ecologista considera que los Relatores Especiales de la ONU están en su derecho de advertir al Gobierno japonés sobre estos riesgos y violaciones de los derechos humanos.
Los principales hallazgos de la investigación de Greenpeace Japón son:
La radiación en la zona de exclusión y las áreas de evacuación de Namie y Iitate supone un riesgo significativo para el público, incluidos menores. Los niveles varían por encima del máximo recomendado internacionalmente (de 5 a más de 100 veces más) y se mantendrán así durante muchas décadas y hasta el próximo siglo.
Trabajadores e infancia en Fukushima: en primera línea de la catástrofe, revela altos niveles de radiación en las dos zonas de exclusión y en áreas abiertas, incluso después de los enormes esfuerzos de descontaminación.
En la zona de exclusión de Obori en Namie, los niveles de radiación promedio fueron de 4.0 μSv por hora. Tan altos que si un trabajador estuviera allí ocho horas por día durante un año completo, podría recibir una dosis equivalente a más de cien radiografías de tórax.
En un bosque enfrente de un jardín de infancia y una escuela en la ciudad de Namie donde se levantaron las órdenes de evacuación, el nivel de radiación promedio fue de 1.8 μSv por hora. Los 1.584 puntos medidos superaron el objetivo de descontaminación a largo plazo del Gobierno japonés de 0.23 μSv por hora. En el 28% de esta área, la dosis anual para niños podría ser de 1020 veces más alta que la máxima recomendada internacionalmente.
La explotación de los trabajadores es generalizada, incluido el reclutamiento de personas desfavorecidas y sin hogar, no hay capacitación efectiva en protección radiológica, falsificación de la identificación y certificados de salud, y registros oficiales poco confiables.
Este informe de Greenpeace se publica un mes después de que el Comité de los Derechos de la Infancia de la ONU emitiera una serie de recomendaciones condenatorias para el Gobierno nipón que, de implementarse, pondrían fin a las políticas actuales en Fukushima, incluida la suspensión del levantamiento de las órdenes de evacuación, la compensación total a los evacuados, y la plena aplicación de todas las obligaciones relevantes de derechos humanos para los evacuados y trabajadores.
Ecoportal.net
Con información de Greenpeace y Ecologistas en Acción