América Latina

El comercio del carbono en América latina: Respuestas latinoamericanas a proyectos REDD+

La iniciativa que naciera en Naciones Unidas para lograr un desarrollo con menos carbono, mayor protagonismo regulador del mercado y nulo combate a los actores responsables del mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo también ha aterrizado en América Latina. Las alternativas que ofrece el subcontinente al plan expansivo del programa ONU-REDD podrían complementar el lado sostenible de este último y a la vez contribuir a levantar un sistema nuevo, donde los parámetros del desarrollo sean dictados por comunidades y pueblos cada vez más informados.

Por Oscar Guerrero Bojorquez*

En este contexto seguimos con las investigaciones ligadas al emergente negocio del carbono y sus implicancias. Esta vez toca revisar la situación en América Latina.

A grandes rasgos la problemática de fondo, aunque menos traumática y descarada, es la misma que en Asia y África: insuficientes políticas de consulta previa, problemas de tenencia de tierras no resueltos, menosprecio de las formas de vida ancestrales de los aborígenes y poca transparencia de los agentes financieros en el marco de los proyectos REDD+ en la región. No obstante, se registran algunos casos aislados donde la implementación del negocio del carbono arroja resultados positivos. Por más que entidades poderosas como el Banco Mundial u otras estructuras financieras quieran presionar para que se apruebe el establecimiento de REDD+ con mecanismos propios del mercado, existe una fuerte oposición a este modelo que lo lidera Brasil, país que ha establecido un mecanismo basado en fondos para aquellas reducciones en la tasa de deforestación que estén debajo de las líneas de base.

En todo esto hay una doble moral de los organismos financieros internacionales, ya que a la vez de declarar su compromiso para combatir el cambio climático, continúan financiando el desarrollo a gran escala de combustibles fósiles y de las industrias extractivas. A continuación revisaremos la situación en algunos países de América Latina donde existen proyectos y planes piloto REDD+ en marcha.

Bolivia

Bolivia estuvo incluida en un grupo de países con bosques tropicales que propuso en 2005 un mecanismo basado en el mercado para la conservación de bosques. Con la llegada al poder de Evo Morales en el año 2006, el país asume una nueva orientación rechazando al mercado como órgano principal de control sobre los diversos proyectos de REDD+.

La oposición de Morales a los mecanismos REDD se basaron en dos puntos concretos: primero que los proyectos conllevaban a una creciente mercantilización de la naturaleza y segundo que los países industrializados evadían su responsabilidad histórica por las consecuencias catastróficas derivadas del cambio climático.

Pero Bolivia se mostró más dura en sus críticas a REDD+ cuando fue sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático en 2010 y denunció que los mecanismos mercantilistas de REDD+ estaban violando la soberanía de los pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, además de atentar contra los derechos, usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Entre los años 1980 y 2010 el país altiplánico perdió más de 6 millones de hectáreas de superficie forestal. Esta deforestación ha tenido lugar sobre suelos considerados de vocación forestal, lo cual tiene un impacto directo en la biodiversidad. De ahí la preocupación del estado por detener esta tendencia e implementar programas que hagan frente a esta problemática. Para el período del programa nacional 2010-2013 de ONU-REDD Bolivia recibió fondos que alcanzaron la suma de 4 millones 700 mil dólares. No obstante, se suscitaron algunos impases entre el gobierno y ONU-REDD que ralentizaron el inicio del proyecto.

Finalmente en 2012 el estado boliviano presentó su alternativa al proyecto REDD+, el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, cuyos aportes y lineamientos fueron integrados al plan de trabajo.

Con las nuevas propuestas del gobierno, entre las que sobresale la no mercantilización de la naturaleza y las políticas de adaptación y mitigación de los bosques, la Junta Normativa del Programa ONU-REDD aprobó el plan de trabajo y el presupuesto en 2013.

Costa Rica

El país centroamericano no tiene propiamente un programa nacional de REDD+. Pero si cuenta con un apoyo selectivo que contempla el desarrollo e implementación de un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). Desde mediados de 2012 Costa Rica está en la lista de países asociados del Programa ONU-REDD.

En líneas generales, Costa Rica no tiene grandes problemas de deforestación en su territorio. Por ello, los estrategas de REDD+ sobre todo vienen focalizando su trabajo en la ampliación del Sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Una de las políticas ambientales más conocidas a nivel mundial data del año 1997 y consiste en que el estado paga a los propietarios privados de bosques (que bien pueden ser las mismas comunidades indígenas) para conservar los bosques e incluso permitir que se regeneren a cambio de los servicios de los ecosistemas que producen.

La mitigación de las emisiones, la protección de las fuentes de agua, la provisión de belleza escénica y la protección de la biodiversidad constituyen los cuatro pilares del PSA que han permitido situar al país a la vanguardia en el uso de mecanismos de mercado para reducir la deforestación. De hecho Costa Rica implementó su Sistema de Pagos por Servicios Ambientales mucho antes de que la iniciativa REDD+ fuera presentada en las Naciones Unidas y se comenzara a negociar a nivel internacional. Tal vez por ello jamás estableció escalas de referencia.

Dando muestras del grado de conciencia de las autoridades, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones adquirió el compromiso de convertir al país en carbono neutral para el año 2021, lo cual implica que los eventuales proyectos REDD sólo podrán ser financiados por capital extranjero hasta esa fecha.

El escollo que aún no supera el estado es el concerniente a la tenencia de tierras. Ambigüedades legales y normas poco elaboradas permitieron que se otorgasen muchos títulos de propiedad de tierras que ya tenían dueño.

Los ocupantes ilegales ocupan cerca del 40 por ciento de tierras pertenecientes a distintas reservas indígenas, situación que ha originado conflictos. A fines de 2013 solo una comunidad, la Kekoldi, consiguió que se le restauren sus derechos luego de acudir a los tribunales.

Perú

Perú no tiene un Programa Nacional REDD, pero ocupa el cuarto lugar en el mundo en lo que atañe a países con superficies de bosques tropicales. El potencial de desarrollo del programa REDD+ es inmenso. El gobierno se ha trazado como meta reducir a cero la tasa de deforestación para el año 2021, aunque al paso que va es difícil que cumpla este cometido.

Entre los factores que condicionan la deforestación en el país figuran la migración, la agricultura, la ganadería, la informalidad, el pobre nivel de fiscalización sobre actividades ilegales y la galopante corrupción en el trabajo de los funcionarios del estado. Aun así existen más de 40 proyectos piloto REDD en diversas regiones de la Amazonía peruana.

Pero no se explica cómo se ha dado la autorización para operar en territorios indígenas que el Estado de momento no ha reconocido. Justamente esta deuda histórica que mantiene el Estado constituye el obstáculo principal a la implementación por etapas del programa REDD+.

“Mientras un estimado de 20 millones de hectáreas de territorio indígena permanezcan sin reconocer y el marco legislativo debilite sus derechos en vez de fortalecerlos, REDD+ es una amenaza para los pueblos indígenas” En ese sentido es válido citar las palabras que hiciera al respecto Alberto Pizango, dirigente de la más grande organización nacional que representa a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, AIDESEP: “Mientras un estimado de 20 millones de hectáreas de territorio indígena permanezcan sin reconocer y el marco legislativo debilite sus derechos en vez de fortalecerlos, REDD+ es una amenaza para los pueblos indígenas”(1).

En suma, los representantes indígenas del Perú buscan que el esquema REDD+ se adecue a la base cultural de los pueblos indígenas y priorice sus demandas.

En este sentido, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) lanzó la propuesta Redd+ Indígena Amazónica (RIA) cuyos ejes principales son: encausar mejor el pedido del universo nativo que se centra en temas como la territorialidad, el consenso hacía lo holístico, el debate prolongado para que REDD+ se adapte a los nuevos aprendizajes, tomar parte activa de los múltiples eventos regionales e internacionales para expresar problemas concretos y deficiencias del REDD+ convencional y reafirmar la confianza en la pluralidad.

En definitiva el caso peruano de REDD+ requiere una especial atención puesto que no se deben permitir abusos como los registrados en las comunidades Bélgica (Madre de Dios), Matsés, Yanayacu y Cusco. Las mafias madereras y los piratas del carbono a menudo juegan con la ignorancia de la gente y cuentan con la complicidad de las autoridades locales.

No debe sorprender entonces el contenido de un Informe de la Defensoría del Pueblo del 2010 donde se dice que el 90 por ciento de madera que salió de Loreto es ilegal y que el 80 por ciento de funcionarios que ha trabajado en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) tiene problemas de corrupción(2).

Los responsables de los proyectos piloto de ONU-REDD en Perú muchas veces parten de una premisa equivocada: suponen que las comunidades cuentan con títulos de propiedad y en esa idea lanzan sus programas. Es posible que este comportamiento sea premeditado en casos concretos, en otros sencillamente no han realizado las verificaciones pertinentes mostrando un desconocimiento sobre la factibilidad del proyecto.

El estado debería hacer todo lo que este a su alcance para reivindicar los derechos de las comunidades indígenas incluyendo el derecho a elegir el modelo de desarrollo que quieran adoptar. No vaya a ser que se estén incubando todos los elementos para que los fantasmas de Bagua vuelvan a las primeras planas de los diarios.

México

México es miembro del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y es un país socio de la ONU-REDD, donde también es un observador de la Junta Normativa. Se registran 11 proyectos REDD, muchos de los cuales ya están en la etapa de pago por resultados en el mercado del carbono. En el marco de la lucha contra los efectos del cambio climático, México ha implementado un conjunto de estrategias y programas ambientales como el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) que prioriza acciones sectoriales e incorpora REDD+.

A fines de 2012 México dispuso que la implementación de REDD+ se haga en tres etapas, preparación, evaluación e implementación. La deforestación en el país está relacionada a la conversión de bosques en tierras con uso lucrativo, como las actividades agropecuarias.

Como en Costa Rica, el gobierno ha implementado el sistema de Pago por Servicios Ambientales donde destaca el programa ProÁrbol, que promueve la conservación, restauración y uso sostenible de los bosques. El progreso en el manejo comunitario de los bosques ha alcanzado niveles sin comparación en el mundo. Alrededor del 75 por ciento de los bosques mexicanos son de propiedad comunal, incluidas las comunidades indígenas.

Las discusiones internacionales que vienen dándose sobre el comercio del carbono y los proyectos ONU-REDD tienen en México a un interlocutor de primer orden. Se espera que las acciones tempranas -como se les denomina a los planes piloto de REDD+ en México- determinen cuáles son los alcances de REDD+ y si los mismos en realidad ayudan a mitigar los efectos negativos del calentamiento global y del cambio climático.

Conclusiones

Vistos algunos casos de países donde la presencia de los proyectos ONU-REDD han tenido distintos impactos e interpretaciones, es propicio establecer algunas conclusiones y sugerir ciertas alternativas que bien podrían enriquecer la concepción del comercio del carbono y las políticas encaminadas a reducir la deforestación.

En primer lugar para encarar el cambio climático resulta imperativo transformar las raíces del sistema de producción imperante y el uso de la energía. Esto podría comenzar a hacerse realidad si los gobiernos destinan más fondos al desarrollo de fuentes de energía renovables. En segundo término solo un consenso internacional podría ser capaz de restringir la agricultura industrial basada en el uso de combustibles fósiles para apoyar la agricultura sustentable a pequeña escala. La tercera recomendación se asocia a la necesidad de enfrentar las causas centrales que están precipitando la deforestación, como la demanda de agrocombustibles, de productos forestales y carne de animales alimentados con soja, y la incapacidad de proteger los derechos a la tierra, entre otros.

Finalmente, los desafíos que se trace la comunidad internacional para detener la destrucción del planeta tendrán que focalizarse en la imperiosa necesidad de cambiar los estereotipos de vida consumistas, sobre todo en las naciones industrializadas. Es la sociedad del consumo la que está acelerando la desaparición de los ecosistemas y de la biodiversidad. En tanto los gobiernos continúen relativizando esta realidad, los grupos humanos menos informados y maltratados en sus derechos más elementales seguirán siendo los más perjudicados.

Notas

(1) Premio Salwan. Los mejores reportajes periodísticos sobre pueblos indígenas amazónicos. Sacadas de Vuelta en la Amazonía. Patricia Wiesse y Gerardo Saravia. Pag. 63. Lima, 2012.

(2) La Política Forestal y la Amazonía Peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad. Informe de la Defensoría del Pueblo. Lima, 2010.

Bibliografía

1. Documento del Programa Nacional Conjunto- Bolivia. ONU-REDD. Marzo, 2010.

2. Reseña temática para el financiamiento del clima: Financiamiento para REDD+. Washington, 2013. Documento del Climate Funds Update Heinrich Böll Stiftung North America.

3. Actualización semestral 2013 de progreso sobre logros del Fondo del Programa ONU-REDD. Ginebra, 2013.

4. Informe semestral de 2012 sobre el avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa ONUREDD. Brazzaville, 2012.

5. Una Docena de los Peores Proyectos Tipo-REDD. Afectando Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Informe del Grupo Carbon Trade Watch.

6. REDD+ en América Latina: Estado actual de las estrategias de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Santiago, 2014. José Eduardo Sanhueza y Mariana Antonissen.

7. Perspectivas de los Pueblos Indígenas de los Bosques Tropicales sobre Diversidad Forestal y Cambio Climático. Panamá, 2011. Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales.

8. Construyendo Redd+ Indígena. Adecuación Intercultural del Redd+ Perú a los Derechos Territoriales y Colectivos de los Pueblos Indígenas. Perú, 2011. AIDESEP.

9. Desarrollo Con Menos Carbono. Respuestas Latinoamericanas al Desafío del Cambio Climático. Washington, 2009. Augusto de la Torre, Pablo Fajnzylber y John Nash.

10. El Mundo Indígena 2014. Copenhague, 2014. Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas IWGIA. Varios autores.

11. Premio Salwan. Los mejores reportajes periodísticos sobre pueblos indígenas amazónicos. Lima, 2013. “Sacadas de vuelta en la Amazonía”. Patricia Wiesse y Gerardo Saravia.

12. Despejando El Aire. Dejar atrás el comercio de carbono, en pos de soluciones verdaderas para el clima. Londres, 2010. Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

13. El estado de las negociaciones REDD. Puntos de consenso, opciones para seguir avanzando y necesidades de investigación para respaldar el proceso. Bogor, 2010. Louis Verchot y Elena Petkova.

14. Página web especializada en proyectos REDD. Plataforma REDD Desk. http://theredddesk.org/

*Óscar Guerrero Bojorquez es magíster en Periodismo y especialista en Problemática Internacional.

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