El gobierno venezolano, a través de un comunicado oficial emitido por la cancillería de ese país ha rechazado categóricamente las políticas que Estados Unidos ha adoptado contra los migrantes. Ha señalado que la «Ley del Enemigo Extranjero» que ha sido invocada por el presidente Donald Trump es anacrónica y viola la leyes fundamentales de Estados Unidos.
Venezolanos migraron por razones económicas
En el comunicado, la República Bolivariana de Venezuela indica que los migrantes venezolanos están siendo catalogados como criminales, señalados como participantes de una organización delictiva. Sin embargo, dejó establecido que los connacionales que dejaron este país los hicieron por motivos económicos que tienen su origen en el «bloqueo causante de la penurias a las que el pueblo venezolano ha sido sometido».
El gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de implementar políticas de agresión contra el pueblo de Venezuela, afirmando que los migrantes son hombres y mujeres trabajadores, niños y niñas que han sido víctimas de la administración estadounidense. Así mismo, señaló que estos ciudadanos no son criminales como se les intenta tratar por parte de Donald Trump.
Todo esto, lo argumenta Venezuela en el marco de las sanciones económicas que se han impuesto por Estados Unidos desde administraciones pasadas hasta ahora al gobierno de ese país. De ese modo, Nicolás Maduro señala a Donald Trump de ser el causante de los índices de inflación, desempleo, entre otros que denotan una economía empobrecida y desgastada.
Venezuela convoca la intervención de la comunidad internacional
Otro de los aspectos resaltantes que establece el comunicado es la solicitud que hace a la comunidad internacional para que se manifieste al respecto, sancionando las acciones del gobierno estadounidense. En ese sentido, reconoce que la aplicación de esta Ley implica la persecución de migrantes de todas las nacionalidades, que serían deportados y encarcelados como criminales sin ser juzgados.
De tal manera, convocó en especial a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para defender en conjunto los derechos de los migrantes que viajan en busca del llamado «sueño americano» en virtud de las condiciones propias de cada uno de los países. Es necesaria la protección de todos los ciudadanos que se establecen lejos de su lugar de origen en busca de nuevas oportunidades.
El uso de la Ley del Enemigo Extranjero, significa un ataque abierto contra toda la región latinoamericana, por lo que Venezuela solicita la activación de mecanismos de solidaridad para que la respuesta a esta afrenta sea contundente.
Criminalización de migrantes es «infame e injusta»
El gobierno de Venezuela señala que la aplicación de esta Ley de 1798 recuerda los momentos más difíciles de la humanidad, la esclavitud, el nazismo y otros episiodos en los que se cometieron delitos de lesa humanidad. Por eso, vulnera no sólo el estamento estadounidense sino todo el ordenamiento jurídico internacional, entre los que cuenta la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Igualmente, se fundamentó la condena de las persecuciones y expropiaciones a las que están siendo sometidos los migrantes, especialmente los venezolanos. El comunicado señala que los extranjeros en Estados Unidos están siendo acosados y acechados en iglesias, escuelas, centros de salud, además de lugares públicos donde hacen vida, retirados de sus familias sin explicaciones y siendo víctimas de tratos vejatorios.
Además, Venezuela rechaza la aplicación de normas contra el terrorismo a niños y niñas, atentando contra la dignidad humana y sentando el primer precedente en este caso de la humanidad. Con lo que se vulnera la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entre tanto, Estados Unidos continúa con las medidas y ha enviado a El Salvador a más de 200 migrantes acusados de formar parte del «Tren de Aragua», recientemente señalado como grupo terrorista. Todo esto a pesar de que la ejecución de la Ley de 1798 se ha visto bloqueada de manera temporal por un juez que ha ordenado la suspensión de 14 días para continuar con las deportaciones.