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Lewis: la Justicia declara ilegal el loteo en la reserva de El Bolsón

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La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso de venta de las tierras linderas al Lago Escondido y que son propiedad Joe Lewis, el magnate británico. La medida anuló un fallo anterior que había declarado extinto a ese caso en el que están involucrados cuatro ex funcionarios rionegrinos que, según la denuncia, habrían alterado la regulación inmobiliaria vigente en la provincia a favor del empresario.

La decisión del tribunal complica Charles Lewis, hijo de Joe, que fue uno de los compradores en 1996 de parte de las 12 mil hectáreas propiedad del magnate. Bajo la lupa también están los ex funcionarios públicos Ricardo Juan José Mayer, la escribana María Szama, la abogada Susana Beatríz Sarto y Lisandro Alfredo Allende, quienes habrían operado a favor de Lewis, que en 1996 estaba interesado en esas tierras pero a las que sin embargo no podía acceder.

El escollo principal era que, por tratarse de una zona de alto valor natural y fronterizo, ningún extranjero podría hacerse de esos territorios. Sin embargo, el empresario británico las adquirió. En los papeles, el comprador fue su hijo Charles Lewis.

Se trata de un territorio parte de las zonas que el Estado denomina “de seguridad”. Son regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley original prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de previa conformidad del Ministerio del Interior, donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. Para la Defensoría del Pueblo, la adquisición del predio de Lago Escondido resultó “irregular”, algo que podría “encuadrar en figuras penales”.

La Sala I había rechazado la denuncia y sobreseyó a cada uno de los imputados. Sin embargo, la Sala III, tras un recurso de Casación interpuesto por el titular interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, desempolvó el caso, rechazó los sobreseimientos y anuló la extinción de la causa.

La PIA denunció que la venta de las tierras era contraria a la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44. Sin embargo, los Lewis constituyeron una compañía con personas jurídicas argentinas y concretaron la adquisición. La primera era la empresa Properties Buenos Aires, y las tierras luego fueron inscriptas a nombre de Hidden Lake.

El informe de la Defensoría del Pueblo indicó que Properties se creó  en 1994 y que entre sus accionistas estaban Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende, en su carácter de presidente de Properties.

La decisión del tribunal integrado por Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani no es el único revés que el amigo del Presidente recibió este año. Producto de movilizaciones de habitantes de El Bolsón contra un loteo de terrenos que había adquirido Lewis en una reserva natural de esa localidad, la Justicia exigió que se revise ese emprendimiento inmobiliario que proyecta desarrollar en 850 hectáreas. En ese marco puso también bajo la lupa al intendente Bruno Pogliano, quien cedió las tierras a pesar de que durante la campaña electoral de 2015 había prometido que no lo haría.

Finalmente, la justicia hizo lugar al amparo presentado por los vecinos (y respaldado con más de cinco mil firmas) en contra del loteo en las fuentes de agua que nutren la zona de El Bolsón.

Esta zona tiene múltiples protecciones legales: es reserva municipal NP6 Cumbreras de Mallín Ahogado, donde se prohíben, entre otras cosas, los asentamientos humanos. Además es reserva de biósfera declarada por la UNESCO.

Además, las tierras fueron mal habidas en 2009, violando la Ley de tierras 279/61 que le otorga tierras solamente a los pobladores que no poseen tierras a su nombre, e impide la venta de las mismas antes de los cinco años de haberla adquirido, evitando así la especulación inmobiliaria. En este caso, la pobladora Mirta Soria, a la que se le adjudicaron estas tierras, ya poseía tierras anteriormente, y las vendió al presidente de la empresa a los seis meses de haberlas adquirido (cuando dicha Ley exige que se haga luego de los cinco años).

 

El proyecto de Desarrollo del centro de esquí del cerro Perito Moreno explica claramente en las Leyes 3358/00 y 4335/08 que la inversión debe hacerse a través de una licitación en las tierras destinadas a tal fin, sin embargo, la empresa insiste en atar un loteo privado en tierras privadas como condición sine qua non para desarrollar el centro de esquí.

Este proyecto ilegal ni siquiera se molestó en cumplir con la Ley 3266/99 de Evaluación de Estudio de Impacto ambiental: primero se aprobó el loteo y luego se propusieron hacer audiencias públicas, doblemente ilegales por confundir una licitación con un loteo privado y también por preguntar luego de decidir. Y desde 2011 gracias a los políticos y empresarios locales cómplices, la empresa intentó por todos los medios continuar con su proyecto, afortunadamente con muchos palos en la rueda que le puso el pueblo.

El fallo del Juzgado de Bariloche anula las ordenanzas 165/2016 y 194/2016 y la resolución del intendente municipal 295/2016, como se había pedido en el amparo. Además, refuerza la medida de no innovar que viene violando la empresa desde el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro el 5 de septiembre de 2012 y declara la notación de Litis en las tierras en cuestión.

“Nos da un poco de aire para ir al fondo del problema”, nos dice Alejandro, integrante de la Asamblea del Agua y de la Tierra. “Es increíble pensar en todo lo que tuvimos que pasar hasta llegar hasta acá. Hubo amenazas y provocaciones, cuando nos quemaban la bandera y Agostina estaba adentro de la carpa que rociaron con gasoil, tuvimos mucho pánico y bronca. Pero eso nos fortaleció como acampantes y creo que también fortaleció los lazos con la comunidad, que cada día nos ayudó más. Y así salieron más de 10.000 personas a la marcha y ahora nos dicen que nos aceptan el amparo y más”, señaló Ariel, integrante del Acampe Pacífico y Popular en Defensa del Agua y de la Tierra.

Ahora queda avanzar en el uso de las tierras de una forma realmente sustentable, como puede ser un plan de manejo del lugar con las comunidades mapuche. Y por supuesto festejar, probablemente con otra marcha masiva e histórica.

Ecoportal.net

Con información de:

http://www.fiscales.gob.ar/

http://appnoticias.com.ar/

 

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