Pueblos Indígenas

Perú: La insoportable levedad de ser indígena en el siglo XXI

Aprender de los errores pasados y reconocer los conflictos de identidad como nación multicultural y multilingüe que aún arrastramos, será un paso muy importante para avanzar. Sino seguiremos supeditados al imperativo del crecimiento económico por encima de otras consideraciones no menos importantes del campo social, ambiental y de derechos fundamentales.

Por Walter Chamochumbi [1]

Dilucidar el tema de lo indígena y la identidad en el Perú del siglo XXI, implicará partir por reconocer el gran crisol de culturas y etnias que lo compone, pero muy lejos aún de integrarse como una nación. Porque los conflictos socioambientales entre comunidades indígenas y proyectos extractivos de recursos naturales, nos reitera la situación de profunda levedad del indígena frente al Estado, cuyos estamentos en su accionar evidencian complejas relaciones de dominación y sujeción subyacentes en la sociedad peruana, en torno a la cultura occidental y las culturas originarias.

El conflicto del pueblo indígena Cañaris con la empresa canadiense Candente Cooper Perú S.A. y su proyecto minero Cañariaco, en la provincia Ferreñafe, región Lambayeque, cuestiona la capacidad del Estado y del gobierno del presidente Humala para asimilar la larga historia de conflictos entre empresas mineras y comunidades indígenas. Porque resulta inaudito que la identidad, historia, lengua, territorio y tradiciones del pueblo indígena Cañaris sea puesto en cuestión si no aparece registrado en la data oficial de pueblos indígenas del ministerio de cultura, de acuerdo con parámetros establecidos por funcionarios del sector, para finalmente determinar si son sujetos o no de un proceso de consulta previa en torno al proyecto minero en su territorio.

La aplicación del Convenio 169 de la OIT ampara el derecho internacional de los pueblos indígenas a ser informados y consultados previamente, ante proyectos extractivos de recursos naturales.[2]Sin embargo, lo que ocurre con la comunidad campesina San Juan de Cañaris y sus autoridades, opuestas a las actividades de la minera canadiense debido a la posible contaminación y al incumplimiento de ciertos compromisos, exige de la PCM y los sectores correspondientes mayor coherencia política, cambio de su estrategia a través de su nueva Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y una acción inmediata y efectiva para lograr confianza y nuevos términos de relacionamiento con los actores involucrados, institucionalizando el diálogo plural y la mediación en una nueva etapa.

Recordamos que los cambios aplicados en la constitución y legislación peruana sobre la denominación y reconocimiento del estatus legal y jurídico de las pueblos indígenas ha significado -en la práctica- el recorte sucesivo de derechos ancestrales sobre sus tierras y territorios (en tanto derechos precedentes a la existencia del Estado peruano como tal) y de su régimen de protección de tierras (reconocidos en las Constituciones de 1933 y 1979); y luego, durante el régimen dictatorial de Fujimori (con la Constitución de 1993) con más derechos recortados, restringiéndose el carácter de inalienabilidad y libre disponibilidad y uso de sus tierras comunales. Es decir que hasta hoy sucesivos gobiernos aplicaron un complejo y no menos confuso tratamiento político y legal a la problemática de los pueblos indígenas, a la par de un marcado centralismo y asimétrica relación campo-ciudad, marginándolas de las políticas públicas más importantes de desarrollo nacional, y diluyendo su sentido identitario.

Aprender de los errores pasados y reconocer los conflictos de identidad como nación multicultural y multilingüe que aún arrastramos, será un paso muy importante para avanzar. Sino seguiremos supeditados al imperativo del crecimiento económico por encima de otras consideraciones no menos importantes del campo social, ambiental y de derechos fundamentales. De allí que no basta el discurso oficial a favor de la inclusión social, sino se entiende el tema como una cuestión fundamental. Por eso el alto costo que sigue implicando para el Estado y el gobierno actual las soluciones que ensayan frente a los conflictos y demandas de las comunidades campesinas y nativas en torno a la defensa de sus culturas, territorios y medios de vida.


Más allá de la preocupación del gobierno, de ensayar explicaciones alrededor de una constante cultura del conflicto y la desconfianza por parte de los pueblos indígenas, o de insistir en estigmatizarlos de antimineros y extremistas, debiérase avanzar en cimentar bases sólidas para el diálogo intercultural y la afirmación de la identidad como nación diversa que somos. Lo que implica trascender lo superficial y la coyuntura en aquellos sentimientos de peruanidad relativos a intereses de tipo comercial, culinario, deportivo o político electoral, sin analizar las cuestiones históricas de fondo. Hablar de “Marca Perú”, por ejemplo, puede ser una idea novedosa, pero también una forma de enmascarar complejas relaciones de dominación y sujeción de las diversas culturas, si no desarrollamos un pensamiento crítico sobre las profundas raíces ideológicas y culturales que nos devienen de la colonia y del patrón de dominación que lo caracterizó.

El proceso de crecimiento demográfico peruano de los últimos siglos, junto a las oleadas migratorias desde el periodo colonial hasta hoy, involucraron la coexistencia y amalgama de diversas culturas y etnias de diferentes regiones, configurando el singular proceso de mestizaje que hoy nos caracteriza. Sin embargo, este análisis genérico resulta insuficiente para explicar por qué se mantienen ciertos rasgos de una estructura de pensamiento colonial, basada en estereotipos y valores predominantes de la cultura occidental, que hoy subyacen en la sociedad peruana en medio de profundas desigualdades socioeconómicas y culturales, que además forman parte de la controversia sobre las implicancias del modelo económico neoliberal y su incidencia en los procesos de crecimiento y desarrollo país.

Revertir la situación de pobreza y exclusión de los pueblos indígenas en el Perú, implicará dilucidar el tema de lo indígena y la identidad, reorientando el rol que históricamente ha cumplido de forma segada el Estado como tal y su enfoque de desarrollo. En esa medida será posible recuperar, armonizar e integrar la visión y aspiración de desarrollo endógeno y plural de los diversos pueblos y culturas del interior, con una visión prospectiva y moderna de desarrollo nacional con inclusión en el siglo XXI.Ecoportal.net

Notas:

[1] Consultor en Gestión Ambiental y Desarrollo.

[2] El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, fue ratificado por el Estado peruano en 1993, cuyo carácter vinculante lo obliga a su estricto cumplimiento. Por ejemplo, en lo concerniente al proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades campesinas y nativas en aquellas medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarlas.

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