El objetivo de simplificar el proceso de evaluación de daños a recursos naturales tiene un nuevo giro en Estados Unidos gracias a la última regla federal actualizada este lunes 13 de julio por parte del Departamento del Interior, que anunció la flexibilización del procedimiento para estudiar los daños causados por derrames de sustancias peligrosas. La modificación provoca que se eleve de US$100 000 a US$5 millones el tope de daños que pueden tramitarse bajo este mecanismo actualizado.
Detalles de la nueva regla
La medida oficial del Registro Federal entrará en vigencia el 12 de agosto de 2026, siendo parte así de la propuesta de desregulación que continúa profundizando Trump y su administración. Según el Departamento del Interior, se ahorrarán más de US$174 millones en la próxima década, con un total anual de US$16,3 millones aproximadamente para el gobierno federal.
A la vez, se eliminó la restricción que limitaba el uso de los topes de daños a ambientes costeros, marinos y de los Grandes Lagos. A partir del cambio, cualquier ambiente donde se encuentren los recursos afectados tendrán el efecto de la regla de contaminación.
Estados Unidos y su flexibilización de los controles sobre sustancias peligrosas
La simplificación de los mecanismos para que los fideicomisarios del Departamento del Interior de los Estados Unidos puedan facilitar el proceso de reclamo de indemnizaciones a empresas responsables de derrames de sustancias peligrosas, según la nueva regla y la postura del gobierno federal. Sin embargo, lo llamativo es la omisión de los estudios de campo extensos que estaban designados anteriormente.
A la vez, el cambio del procedimiento Tipo A provocaría, principalmente, la suba del tope de daños de US$100 000 a US$5 millones. Además, se elimina la limitación a zonas costeras, marinas y de los Grandes Lagos, de modo que todos los ambientes donde existan recursos naturales definidos deban cumplir la norma. Esto a partir de la posible expansión de la minería y la búsqueda de recursos energéticos en otros lugares de todo Estados Unidos.
Un requisito que se mantiene es el de la exigencia de que al menos una parte potencialmente responsable acepte usar el procedimiento Tipo A y que firme un acuerdo de suspensión de plazos por un año.
La intención principal del Departamento del Interior con el avance de esta nueva desregulación es la reducción de las cargas para las empresas y la aceleración de los proyectos de energía, recursos naturales e infraestructura que podrían beneficiar a la industria del petróleo y del gas, como a otros sectores de la minería y del transporte. A la par de esto, añadió que el costo de una evaluación Tipo A se eleva a US$500 000, frente a más de US$2 000 000 de una evaluación Tipo B, siendo la primera la opción preferida por la administración actual y la que podría aplicarse a la mayoría de los casos.
Más adelante, en el Registro Federal, aseguraron que de 57 casos analizados entre 1992 y 2023, el departamento estima que 36 hubieran calificado como Tipo A bajo la nueva modificación, contra los 27 con el tope anterior.
La respuesta de la consulta
La propuesta oficial por parte del Interior de Estados Unidos comenzó en enero de 2024 con un plazo de comentarios públicos que contó con sesiones virtuales a comunidades tribales. Las respuestas de ocho tribus fueron negativas y pidieron que se elimine el límite geográfico del procedimiento Tipo A, que se eleve el tope de daños y que se desarrolle una guía técnica adicional para aplicar el nuevo procedimiento a partir de contenido interactivo y educativo. Todo prosperó a pesar de la demora en su aplicación y de las objeciones cruzadas entre las partes.