A principios de este año, la administración de Donald Trump derogó la ley de «constatación de peligro», la cual establecía limitaciones a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta decisión provocó el malestar de grupos ambientalistas, quienes remarcaban la peligrosidad de eliminar estas regulaciones ambientales. Es por eso que ahora, tras meses de consultas y organización, decidieron avanzar en sus reclamos y demandaron ante la Justicia al Gobierno republicano.
Una decisión polémica
En el marco de su agenda de desregulaciones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), coordinada por Lee Zeldin, optó por derogar la «constatación de peligro», a la que calificaron como «el santo grial del exceso regulatorio». Desde el Gobierno explicaron que la eliminación de la normativa aprobada en 2009 bajo la presidencia de Barack Obama representa un gran paso hacia el cumplimiento de los objetivos económicos y energéticos propuestos.
Al anunciar la derogación de esta histórica ley ambiental, Lee Zeldin destacó que esta decisión ayudará a estabilizar la actividad económica nacional. Según explicó, este tipo de marcos regulatorios representan grandes pérdidas para Estados Unidos: US$1.3 billones en costos regulatorios, lo que se traduce en vehículos más caros y más impuestos para los ciudadanos.
Esta drástica decisión gubernamental generó reclamos por parte de numerosas organizaciones ambientalistas y tribus, quienes destacan la peligrosidad de eliminar este mecanismo clave para la protección del medio ambiente. «Su derogación elimina una herramienta crucial del arsenal del gobierno, en un momento en que la acción climática audaz es más importante que nunca para proteger las comunidades», aseveraron desde estos grupos.
Avance judicial contra la administración de Donald Trump
Food & Water Watch, reconocida organización ambientalista de EE. UU., confirmó este lunes la presentación de una demanda judicial contra la administración de Donald Trump. Desde esta institución advierten que la derogación de la normativa en cuestión representa uno de los mayores golpes a la acción climática hasta la fecha, por lo que consideraban necesaria la intervención de la Justicia para evitar las consecuencias de esta decisión.
En el comunicado oficial, destacaron que los grupos ambientales, en conjunto con las tribus de Alaska, presentaron una demanda común para suspender la decisión de la EPA, que podría traer graves consecuencias para nuestro planeta. «Sin medidas efectivas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, presenciaremos desastres climáticos más frecuentes y devastadores, como los incendios forestales», resaltaron.
Además, resaltaron que las temperaturas más elevadas y las lluvias intensas producto del calentamiento global aumentan el riesgo y la propagación de bacterias como la salmonela y otras enfermedades transmitidas por insectos, como la malaria. Para Food & Water Watch, la derogación de esta normativa no solo empeorará la salud de las personas, sino que también tendrá un fuerte impacto contaminante.
«Entre los seis gases de efecto invernadero que la EPA puede regular según dicha declaración se encuentra el metano, que contribuye a la contaminación por ozono, al igual que el óxido de nitrógeno y otros gases», enfatizaron en el comunicado. En esa línea, destaca que la decisión gubernamental representa una disminución de las capacidades del gobierno para combatir un problema real y peligroso como el calentamiento global.
Las obligaciones de la EPA
Desde esta organización sin fines de lucro califican la postura de la EPA de Trump como «ridícula», ya que contradice las verdaderas obligaciones de esta área gubernamental. «La misión de la EPA es proteger la salud humana y el medio ambiente. Que la agencia no actúe contra las emisiones de gases de efecto invernadero que dañan al clima es como si un cuerpo de bomberos se negara a apagar incendios. Es manifestantemente absurdo», aseveraron.
En esa línea, remarcaron la necesidad de que la administración de Donald Trump cambie de postura respecto a esta normativa antes de que las consecuencias sean irreversibles. «Por esto estamos luchando en los tribunales», sentenciaron en el comunicado oficial, donde también exigieron la revocación de la derogación de la «constatación de peligro».