Una nueva propuesta de reforma de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) fue publicada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). A través del informe del Registro Federal del jueves 25 de junio, se oficializó la búsqueda de la agilización y desregulación de procesos de revisión ambiental que la propia agencia debe cumplir para proyectos de infraestructura. A pesar de que la NEPA fue creada para obligar a las agencias federales a evaluar el impacto de sus acciones antes de llevarlas a cabo, se busca dar un paso atrás.
Detalles de la NEPA
La Ley de Política Ambiental Nacional tiene su origen en 1969, cuando el gobierno federal de Estados Unidos estableció la obligación de evaluar el impacto ambiental de obras e infraestructuras antes de su aprobación. Es decir, comenzaron a solicitar información sobre cómo estas obras afectarían al medio ambiente en un futuro y, a partir de esto, la EPA lo aprobaría o no. Ahora, la EPA quiere cambiar las reglas con una reforma en la evaluación ambiental.
El argumento principal de la agencia en manos de Lee Zeldin es que varias normativas están desactualizadas y no corresponden a las necesidades actuales. No obstante, otros sostienen que la modificación va de la mano con la desregulación y la política de la administración Trump.
Cambios en la EPA
La EPA propuso reformar una de las leyes ambientales más importantes de Estados Unidos y señalan que se debe a una acumulación de cambios legales que dejaron desactualizadas las normas vigentes. Según la agencia, los trámites ambientales son extensos, por lo que intentarán reducirlos disminuyendo la carga documental.
La Corte Suprema avaló el cambio y lo describieron de la siguiente manera: «La NEPA había mutado de «un modesto requisito procedimental» a un «obstáculo sustantivo» que «paraliza la toma de decisiones de las agencias»». En detalle, los plazos ambientales se redujeron y algunos pasarán de tener un promedio de 600 páginas a un máximo de 150 páginas, como sucede con la Evaluación Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental.
A la par de esta medida, la OBBA incorporó la posibilidad de acelerar el trámite pagando, ya que los dueños de los proyectos podrán pagar una tarifa al gobierno federal para obtener plazos de revisión más cortos. Esta modificación de la NEPA podrá lograr que todo sea más rápido, siendo aún necesaria la consulta con la EPA antes de presentar la solicitud al Consejo de Calidad Ambiental.
A la vez, la modificación trae la eliminación del concepto «justicia ambiental», un criterio que evaluaba de forma específica si las decisiones afectaban desproporcionadamente a comunidades minoritarias o de bajos ingresos. Ahora, con la nueva reforma de la EPA, todos los individuos serán considerados de igual manera y sin mencionar a grupos específicos.
La propuesta de reforma impacta a empleados de la EPA que deben cumplir su tarea a diario y controlar el papeleo de cada uno de los proyectos de infraestructura, a las empresas que solicitan los permisos y la asistencia financiera a la agencia, así como a los contratistas privados encargados de preparar los estudios ambientales.
Lo que viene
Según el Registro Federal, la propuesta no estará todavía vigente y pasará a la etapa de comentarios públicos hasta el 27 de julio de 2026. Luego, la EPA analizará los comentarios de ciudadanos, empresas, organizaciones no gubernamentales y gobierno para decidir si avanzar o no con la norma. Asimismo, puede no aprobarla en su totalidad para modificarla y aprobarla con modificaciones. A la vez, si se aprueba, implicará la revisión total del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos y su título correspondiente, explicaron desde el documento oficial.