La Environmental Protection Agency (EPA) acordó con la compañía Chemours el pago de US$450 000 000 para subsanar el daño ambiental ocasionado por la contaminación con PFAS extendida a los estados de Carolina del Norte, Nueva Jersey y Virginia Occidental.
Chemours pierde la pulseada por la contaminación hídrica
Este miércoles se confirmó la resolución al conflicto entre la firma dedicada a la fabricación de productos químicos de alto rendimiento y la EPA, el West Virginia Department of Environmental Protection y el Departamento de Justicia.
En una maniobra federal integral, los organismos públicos impusieron la acusación contra la empresa Chemours por la intoxicación de las aguas de los ríos Cape Fear (Carolina del Norte), Delaware (Nueva Jersey) y Ohio (Virginia Occidental).
En concreto, las entidades señalaron su preocupación por el derramamiento de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), lo que constituye una severa transgresión de leyes federales y estatales para la protección de los recursos naturales ante los efectos de la actividad industrial.
Los expertos subrayaron los riesgos de la persistencia del material contaminante en el ecosistema. «No se degradan fácilmente en el medio ambiente ni en el cuerpo humano, y se han relacionado con graves riesgos para la salud», explicaron.
Por este motivo, instaron a Chemours a responder por sus actos con el desembolso de US$450 000 000. Del total, fue estipulado que US$337 000 000 fueran invertidos en medidas cautelares, incluyendo US$280 000 000 para abastecer a las comunidades damnificadas con agua potable, y US$60 000 000 para garantizar protocolos de prevención y seguridad en sus plantas.
Asimismo, la compañía se responsabilizará de llevar adelante un programa de mitigación de PFAS, con el respaldo de US$90 000 000 y bajo supervisión del gobierno. De esta manera, el pacto financiero representó una salida al enfrentamiento judicial, a la vez que una advertencia a los industriales sobre las consecuencias de sus prácticas.
«Este primer acuerdo federal integral cumple la promesa de la administración de hacer que los contaminadores paguen y detener la contaminación por PFAS en su origen», valoró Jeffrey Hall, administrador adjunto de la Oficina de Cumplimiento y Garantía de la EPA.
Por su parte, el gobernador de Virginia, Patrick Morrisey, observó que, aunque se trató de un paso importante en la lucha por conservar el equilibrio entre la producción artificial y el medioambiente, «el problema es mucho mayor» y requiere de la continuidad de acciones comunitarias con apoyo de las autoridades.
Detalles del acuerdo
El comunicado oficial de la EPA detalla que las cláusulas de la negociación fueron redactadas considerando violaciones a la Ley de Agua Limpia y la Ley de Control de la Contaminación del Agua de Virginia Occidental, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas y la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.
En este marco normativo, se obligó a Chemours a actualizar las instalaciones de sus fábricas de acuerdo a los estándares establecidos por la legislación, y a responsabilizarse por 14 proyectos de tratamiento de aguas residuales, pluviales y subterráneas en los estados perjudicados.
Además, se le exigió contar con un sistema de control de las emisiones de GenX que asegure una eficacia del 99%. También se le solicitó presentar las certificaciones necesarias para acreditar que los residuos peligrosos se almacenan de forma adecuada.
«El acuerdo permite a Chemours continuar fabricando PFAS para aplicaciones comerciales y militares críticas al tiempo que previene la contaminación futura y protege a las comunidades», explicó la EPA.
La agresiva campaña de la EPA contra los PFAS
A cargo de Lee Zeldin, el organismo desplegó este 2026 una amplia estrategia para reducir al mínimo la presencia de estas sustancias tóxicas en el agua. En mayo, EPA confirmó la inversión de US$1 000 000 000 en subsidios para la implementación de medidas de protección en pequeñas comunidades.
