La madrugada del 3 de enero, es una fecha que marcará la historia reciente de Venezuela, debido a la ejecución de la «Operación Resolución Absoluta» por parte de Estados Unidos en Venezuela. La misma, contó con aeronaves de las fuerzas estadounidenses y explosiones en instalaciones estratégicas dentro del territorio de Venezuela. La operación culminó con la captura y traslado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
Un frente común al caos: España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay alzan su voz
Ante los acontecimientos de la incursión militar estadounidense en espacio aéreo venezolano, un bloque de seis naciones ha decidido trazar una línea roja. Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España han suscrito un manifiesto conjunto. En el documento, expresan su rechazo ante las actividades militares estadounidenses realizadas, señalando su preocupación ante cualquier intento de imponer un control externo en Venezuela.
Este domingo 4 de enero, el grupo de seis países reaccionó a los ataques militares de Washington, dejando en evidencia el temor a que la región se convierta en el escenario de un ajedrez bélico. El comunicado, lanzado por la amalgama de gobiernos progresistas, hace un llamado con apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Entre los puntos defendidos por el grupo, se expresa la preocupación y desaprobación por los actos militares llevados a cabo por Estados Unidos. Asimismo, apuestan por la defensa del derecho de los venezolanos a determinar el futuro de su propia nación sin injerencias externas, así como la reafirmación de América Latina como un territorio de paz.
El rol de cada uno de los participantes y su significado dentro de este llamado
No se trata de una defensa ideológica por la extracción de Maduro del gobierno, sino de una defensa de la soberanía nacional y del derecho internacional. Principios, que consideran vulnerados tras la incursión de las fuerzas extranjeras en suelo latinamericano. El grupo, considera con firmeza que validar una operación de tal calibre es traicionar los principios democráticos más básicos.
El papel de Colombia en este comunicado es el más delicado, siendo el vecino directo de Venezuela, con más de 2 000 kilómetros de frontera compartida. A través del presidente Gustavo Petro se solicitó de urgencia una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de haber calificado la acción de EE. UU. en Venezuela como una ruptura de la legalidad internacional.
El gigante sudamericano, que también comparte fronteras con Venezuela, ha hecho notar su preocupación frente al precedente que sientan los eventos ocurridos el 3 de enero. Brasilia, ha sido clara subrayando que la democracia no se exporta a través de misiles y operaciones de comando.
Los países no fronterizos buscan cumplir con el derecho internacional
Por otro lado, México, siendo fiel a su histórica doctrina de no intervención, fue enfático al resaltar que la solución para la crisis de Venezuela debía ser y siempre debió ser «pacífica, democrática y definida por los propios venezolanos». Esta retórica del vecino inmediato de Estados Unidos, marca su posición de no estar dispuesto a aceptar el regreso de la política del «Gran Garrote», donde la fuerza se impone por encima de las mesas de diálogo.
Los gobiernos de Chile y Uruguay han dicho presente por su parte. Estos países, críticos de los movimientos políticos en el gobierno de Venezuela, han dejado claro que su firma del comunicado no es un sello de aprobación para el régimen de Maduro. Sin embargo, condenan de manera firme el método utilizado por los Estados Unidos.
Siendo tal vez la aparición más sorpresiva, desde Madrid el gobierno de España se suma a la firma en contra de la intervención aplicada como estrategia de la Casa Blanca. Su participación deja en claro que, en Europa también se teme a las consecuencias humanitarias de una intervención armada y prefiere apostar por una contención diplomática.