Se culpa a los gobiernos por no tomar medidas contra el cultivo imprudente de aguacates, que está teniendo efectos catastróficos en el medio ambiente.
Morelia, Michoacán. Esta semana ratificaron denuncias por reconversión ilícita de fincas de aguacate, así como por el incumplimiento de los estándares verdes establecidos en la normativa del T-MEC. Se deben tomar medidas para garantizar que el medio ambiente esté debidamente protegido y que se sigan todas las reglas.
Habían transcurrido más de 90 días desde que se reportó la primera denuncia, pero recién entonces salieron a la luz y se presentaron evidencias suficientes de la destrucción ambiental provocada por el fenómeno del “oro verde” como se ha llamado a los aguacates. También se reveló la negligencia de las autoridades en todos los niveles de gobierno para abordar adecuadamente este tema.
La Comisión de Cooperación Ambiental del T-MEC estableció que los denunciantes primero deben utilizar cualquier solución local disponible antes de presentar una denuncia ante la Comisión. Este protocolo ha sido reconocido y aceptado por todas las partes involucradas. A pesar de que tuvieron tiempo suficiente para responder a la demanda de resolución, no se hizo ningún esfuerzo en cuanto a la resolución de la queja.
Para completar su caso, los demandantes presentaron pruebas al organismo internacional de que tanto los actores estatales como gubernamentales han descuidado abordar la conversión ilegal de tierras debido a la siembra desenfrenada e incluso ilegal de aguacates.
Años sin respuestas
La gente ha expresado su preocupación porque los organismos reguladores ambientales de México, como Semarnat, Profepa, Conafor y Conagua (además de Sader, la autoridad promotora de la producción de aguacates) han estado al tanto de este problema durante varios años e incluso por distintas vertientes de la problemática ambiental por la falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales en la producción de aguacates en Michoacán y no han dado respuestas o atención adecuada a la misma.
Además, se enfatiza que la afectación de estos bienes ecológicos afecta el derecho fundamental de millones de michoacanos, incluido el peticionario, a un medio ambiente sano. Esto se debe a su proximidad a actividades perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, tienen un reclamo válido en este asunto, es decir una afectación cualificada, real y jurídicamente relevante.
Crecen huertas y aumentan productores
De acuerdo con la APEAM, el número de productores de aguacate ha aumentado de 29 mil en septiembre de 2021 a 32 mil 315 en diciembre de 2022. Esto muestra un crecimiento notable en el sector y un gran potencial de crecimiento económico en Michoacán. En 15 meses, el número de productores superó los 3.000 y se espera alcanzar una cifra astronómica de productores ilegales entre los años 2000-2022.
Entre 2012 y 2021, solo se han informado 35 denuncias penales relacionadas con la deforestación, la quema deliberada y el cambio de uso de la tierra, con el motivo cada vez de plantar árboles de aguacate. 26 de las denuncias fueron resueltas mediante procedimientos administrativos, con 20 casos recibiendo multas. Sin embargo, no está claro si estas multas se cobraron o no.
A pesar de esto, las 35 quejas comunes presentan evidencia convincente de que “las autoridades ambientales están perfectamente enteradas de la problemática ambiental del aguacate desde hace muchos años y están conscientes de los problemas de la falta de aplicación efectiva de la ley ambiental”, expone la denuncia ante el órganon de controversias del T-MEC.
“También muestran que las autoridades ambientales no han dado atención adecuada a la problemática ambiental derivada de la producción del aguacate”.
Aguacates en expansión
Sorprendentemente, a pesar de los intentos del gobierno de frenar la expansión de los cultivos de aguacate y la falta de permisos apropiados, estos cultivos continúan expandiéndose sin restricciones en los territorios estatales. Además de los huertos ilegales, los legales también han sido responsables de la deforestación de decenas de miles de hectáreas con la aprobación de los órganos de gobierno. Un número considerable de funcionarios y administradores, incluidos alcaldes, vicealcaldes, así como gerentes de muchas divisiones, también son propietarios de huertas y empacadoras.
Desde principios de 2021, el gobierno de Michoacán ha expresado abiertamente su preocupación por posibles juicios en los mercados extranjeros y los efectos que estos puedan tener en las ventas de aguacates en EE. UU. Si bien las consecuencias de no revertir tales políticas son perjudiciales para los acuerdos comerciales globales, aún no existe una solución tangible para brindar asistencia a las huertas y cubrir las pérdidas sufridas.
Ante los agravios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aclaró que a través de prohibiciones forestales y un proyecto de certificación de aguacates se minimizarán los efectos perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la comprensión internacional del “oro verde”.
“Vamos a enfrentar la denuncia porque se presentó ante instancias del tratado de libre comercio. Estamos preparados para eso, una de las situaciones es combatir los incendios forestales. Tenemos que aplicar una veda forestal para el estado de Michoacán porque ya no podemos seguir así. La certificación ambiental ya es necesaria, tenemos que avanzar a la de ya”, explicó.
Con información de lavozdemichoacan.com.mx