Tras la sentencia en el juicio por el asesinato de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres, Ecologistas en Acción ha declarado que a pesar de las siete condenas emitidas, no se ha hecho justicia.
La organización Ecologista ha denunciado que el juicio ha estado lleno de irregularidades que han impedido que salga a la luz la realidad de la autoría intelectual del asesinato y de la estructura criminal que lo respaldó.
Recordemos que Berta Cáceres, Premio Goldman al Medio ambiente, develan la lucha de centenas de comunidades mesoamericanas en defensa de sus tierras y territorios. Y contra la presencia agresiva de megaproyectos, sean éstos mineros o hidroeléctricos.
En aquél momento Berta era la cuarta militante del COPINH asesinada en ese nuevo ciclo del proyecto. Ella temía –así como su organización- que Agua Zarca signifique la entrada de megaproyectos a la región del pueblo Lenca, donde después del golpe militar del 2009 el nuevo Gobierno entregó en concesión una amplia parte del territorio para implementar 17 proyectos hidroeléctricos y una cantidad similar de proyectos mineros.
Se ha conocido la sentencia en el juicio por el asesinato de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres en 2016 declarándose culpables a siete de los ocho acusados, pero no a los autores intelectuales de este crimen y del intento de asesinato de Gustavo Castro.
Ecologistas en Acción se ha sumado a la condena del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) para denunciar las irregularidades de todo el proceso. También para señalar que el Ministerio Público de Honduras tiene en su poder información respecto a la vinculación de otros actores de la estructura criminal relacionados con la empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A.), responsable del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca contra el que Berta Cáceres, como activista del COPINH, estuvo luchando durante sus últimos años.
La organización ecologista ha publicado un manifiesto en el que enumera una lista de puntos por los que el proceso judicial ha sido irregular: impedimentos para que la representación privada de la familia accediera a pruebas recabadas por el Ministerio Público, la falta de análisis de la mayoría de objetos incautados o dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, son algunos de ellos.
Para Ecologistas en Acción el Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha exigido que se garantice una investigación diligente, independiente y conforme al debido proceso, para que se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias en torno al asesinato de Berta Cáceres.
Más información: Serlinda Vigara, portavoz de Ecologistas en Acción, 628 914 789.
La muerte de la activista ambiental, fue un evento que impactó a numerosas políticas ecológicas y sociales en varios países de Latinoamérica. De hecho su difusión logró evidenciar el alto riesgo en que habitan tanto las comunidades indígenas como el medio ambiente frente a la ambición glotona de grandes –tras–nacionales que invaden y contaminan recursos naturales. A los dos años de la muerte de la hondureña, el Banco Holandés de Desarrollo –FMO– y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial –FINNFUND– retiraron definitivamente el apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollo Energéticos Sociedad Anónima –DESA–.
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