El Tren Maya, un proyecto importante impulsado por el gobierno federal, ha generado preocupación debido a su impacto en los derechos de la naturaleza y las comunidades mayas en el sur de México. Se argumenta que este proyecto puede resultar en un ecocidio y etnocidio, siendo responsabilidad del Estado mexicano.
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitió una sentencia en la cual insta a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a detener de inmediato las obras del tren con el fin de prevenir daños ambientales devastadores y proteger los derechos de las comunidades indígenas.
El veredicto, que se dio a conocer el miércoles pasado (26), pone de relieve la importante labor de los pueblos mayas como guardianes de su territorio, que incluye cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. Los mayas han demostrado ser protectores comprometidos con la preservación de su patrimonio natural y cultural. El veredicto destaca que, a diferencia de eso, las obras del tren, algunas realizadas por el Ejército mexicano, ocasionan daños en los derechos al agua, a la salud integral y a vivir libres de contaminación.
La sentencia sobre el Tren Maya
La sentencia hace hincapié en la importancia de detener el despojo de tierras ejidales y pone énfasis en la necesidad de poner fin a la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra los defensores de la naturaleza. El Tribunal ha emitido una urgente solicitud al gobierno para que tome medidas encaminadas a la desmilitarización de todos los territorios indígenas afectados por la construcción del proyecto.
La sentencia del Tribunal fue el resultado de una audiencia llevada a cabo en Valladolid, Yucatán, entre el 9 y 12 de marzo de este año. Durante esta audiencia, se presentaron testimonios y evidencias científicas que se consideran “irrefutables” en cuanto a las afectaciones causadas a la naturaleza y las comunidades involucradas en las obras del tren.
El veredicto ha sido emitido por un panel compuesto por 23 jueces honorarios de diferentes países en todo el mundo. Dentro del Tribunal, se encuentran expertos en derecho, economía y medio ambiente a nivel internacional. Estos expertos han llegado a la conclusión de que el proyecto del Tren Maya viola los derechos fundamentales de la tierra. Se considera que este proyecto afecta su derecho a ser respetada, su capacidad para regenerarse y continuar sus ciclos vitales sin interferencia humana.
Razones
El Tribunal presentó un informe detallado que respalda su veredicto. Según el informe, las obras de construcción del tren tuvieron un impacto negativo en el medio ambiente, ya que resultaron en la deforestación de miles de hectáreas de selva. Además, los ambientalistas expresaron su preocupación por los posibles daños a la biodiversidad de la región.
La actividad humana tiene numerosas consecuencias negativas, entre ellas destacan la contaminación de los acuíferos, la pérdida de flora y fauna debido a la acción destructiva del ser humano, y la devastación de los valiosos ecosistemas como los cenotes.
El Tribunal ha destacado la falta de consulta a las comunidades indígenas con respecto al paso del tren por sus territorios, lo cual constituye una violación a sus derechos. Además, se ha observado que la región ha sido militarizada para supervisar el proyecto, lo cual es motivo de preocupación en términos de la protección y garantía de los derechos humanos.
Desde que comenzaron las obras, diferentes organizaciones ambientalistas han presentado amparos legales en contra del proyecto. Este proyecto ha modificado su trazado original en varias ocasiones, sin que se haya demostrado ni comprobado el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Desamparados
En respuesta a las acciones legales que se presentaron, el presidente AMLO declaró el tren y otros proyectos en el sureste mexicano como de seguridad nacional. Esta declaración tuvo como consecuencia la falta de información sobre estas obras, así como la obstrucción de investigaciones relacionadas con posibles irregularidades. Además, se emitió un decreto con el objetivo de agilizar los procesos y autorizaciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debía otorgar.
El proyecto incluye la construcción de una vía de 1,554 kilómetros que permitirá el recorrido de un tren dedicado al transporte de carga, turismo y pasajeros. El proyecto del tren que busca conectar los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo ha avanzado significativamente hasta el primer trimestre de 2023. Se estima que tiene un avance del 58% y ha tenido un costo total de 359 mil 863 millones de pesos. Este monto representa un aumento del 130% con respecto a la estimación realizada en el año 2020.
Tren Maya, ni tren, ni maya
Russell Pebá Ocampo, miembro de la Asamblea de Defensores Maya Múuch’ Xíinbal, ha levantado una denuncia sobre lo que él considera una “falsa consulta”. Además, señaló que se han violado leyes al no presentar estudios de impacto ambiental a las comunidades mayas antes del inicio de las obras.
“Este proyecto no es solamente un tren y mucho menos, como dije al principio, es maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar”, acusó el integrante de la Asamblea. “Nosotros los pueblos vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto”, enfatizó.
Raúl Vera, quien fue obispo de Saltillo y miembro del Tribunal, ha declarado que la razón por la cual se ha negado a presentar el Plan Maestro del proyecto es porque las autoridades “están escondiendo la destrucción directa contra la naturaleza y atentan contra el pueblo que protege la naturaleza”.
El presidente López Obrador ha rechazado repetidamente reconocer los posibles daños ecológicos que el Tren Maya pueda causar, y ha acusado a los críticos de la obra de ser “ingenuos” y estar influenciados por “intereses conservadores”. Sin embargo, hasta el momento no ha proporcionado detalles claros sobre a qué se refiere con esas afirmaciones, señaló el sacerdote.
Una luz de esperanza
Pedro Regalado Uc Be, miembro de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, también expresó su satisfacción por la sentencia. “Hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón, una luz de esperanza con este veredicto”, expresó.
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una institución creada para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales alrededor del mundo.
Como parte del veredicto emitido, el Tribunal ha solicitado al Estado mexicano llevar a cabo una auditoría independiente en colaboración con las comunidades afectadas. El objetivo de esta auditoría es evaluar los impactos generados por la obra en cuestión. Además, el proyecto involucra la necesidad de reparar y restaurar completamente todos los ecosistemas afectados, así como también aborda los impactos sociales relacionados con la tenencia comunal de la tierra y los territorios generados por esta obra.
Con información de avispa.org