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Por Mtro. José Cruz Agüero Rodríguez La competencia entre los usos industrial, agrícola y consumo humano lleva inserta relaciones de poder y privilegios que hacen posible la escasez de agua para algunos y la abundancia para otros. La riqueza hídrica asimismo, ha sido un factor de desperdicio y depredación del recurso. Este modelo industrial-urbano de uso intensivo del agua, desperdicio y contaminación, ha mostrado sus límites al agotarse paulatinamente los mantos acuíferos y crecer la competencia de los diversos usos del agua. La construcción social del discurso ambiental y la gestión del agua Desde hace más de tres décadas el discurso ambiental se ha consolidado a nivel global como un tema prioritario en los diferentes niveles de la sociedad (Biswas, 2003: 31), factores científicos proporcionaron nuevos elementos para percibir el ambiente como un sistema frágil a partir de los principios físicos de la entropía y conservación de la materia y la energía. Bajo esta visión pudo concebirse al agua y la tierra, como recursos finitos y degradables, en contraposición con la visión estática de recursos inacabables e infinitos (Leff, 2001; Morin, 1977). El informe Bruntland del Club de Roma, desato una fuerte crítica y reflexión sobre los efectos del desarrollo y los límites del crecimiento que ponían en riesgo la base natural de las economías (Brand, 2005) En el plano social, una serie de acontecimientos, ligados a fenómenos catastróficos, irrumpieron en la escena pública, entre los que destacan: las pruebas nucleares mundiales; el desastre atómico de Chernóbil; los efectos y riesgos de la energía nuclear al expandirse a los países en desarrollo como México (Ávila, 2003:18; Arias, 1988). Europa, Estados Unidos y Canadá, desde los años cincuenta ya cuentan con grupos conservacionistas para la defensa de los bosques y especies animales; en los setenta y ochenta grupos ecologistas sobre todo en los países desarrollados se organizan y protestan contra la contaminación (Gallardo, 1999), la destrucción de selvas y bosque y la desaparición de especies animales (Brand, 2005) Estos y otros acontecimientos, hicieron posible que las agencias internacionales y los gobiernos volvieran la atención a los temas ambientales, dando pie una serie de declaraciones y convocatorias internacionales para reconocer la problemática ecológica y buscar soluciones comunes. A este proceso de reflexibilidad Beck, lo denomina la modernización ecológica (Beck, 2006). De particular importancia fueron las Conferencia Mundial sobre Población en 1974 y la Conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992. La primera alertó sobre la explosión demográfica, el crecimiento de las ciudades, la extracción intensiva de energéticos, sobre todo agua y petróleo, el hambre y la pobreza mundial (Moreno, 2006; 291-296). Su principal aportación fue alertar sobre el carácter finito de los recursos naturales. La Cumbre de Río, a su vez, puso énfasis en el cambio climático, la participación democrática en la gestión ambiental y sobre todo, fortaleció el concepto de desarrollo sustentable. De manera paralela, la agenda internacional relacionada con la problemática del agua, siguió su propio curso. Desde 1987 hasta 2006, los organismos multinacionales por lo menos convocaron a 12 reuniones internacionales para discutir, analizar, acordar e implementar acciones de gestión, normatividad, políticas públicas, cooperación científica y tecnológica, resolución de conflictos y gobernabilidad sobre los recursos hídricos. Siguiendo la agenda de estos foros y conferencias podemos ver cómo van cambiando las percepciones sobre los problemas relacionados con el agua, desde una concepción sanitaria que reduce el problema a la contaminación (Argentina, 1987); la adopción del concepto desarrollo sustentable y la gestión integral de los recursos (Dublín,1992); la sustentabilidad urbana, conservación de ecosistemas e igualdad de género (Marrakech,1997); gobernanza, gestión integrada, financiamiento y cooperación (Johannesburgo, 2002); hasta la cooperación internacional, participación social y manejo de riesgos y desastres (México, 2006) discutidas en el IV foro del agua, realizado en México. Los problemas del agua se vuelven complejos e incorporan temas multidimensionales: derechos, participación, riesgos, contaminación, gestión integral, ecosistemas, genero, conflictos, etc., asimismo se convierten en tema multisectorial donde sectores públicos, sociales y privados se ven inmiscuidos en dicha polémica, que dificultan las soluciones inmediatistas pero, a la vez, enriquecen los contenidos de las demandas ambientales y dan lugar al debate público donde los medios de comunicación juegan un papel importante. Por otra parte, se suscita una agenda paralela a los marcos institucionales impulsada por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales a través de los Foros Sociales y cumbres regionales y mundiales por la defensa del agua, que pone en tela de juicio las orientaciones normativas y privatizadoras de organismos financieros internacionales y corporaciones trasnacionales. La internalización de la cuestión ambiental en los acuerdos internacionales y legislaciones nacionales El discurso ambiental construido a partir de la modernidad ecológica, derivado de las sociedades industriales, cuestionador de los crecientes riesgos sociales y ecológicos (Beck, 2002), debe asumir a su vez sus propios costos internalizando sus efectos y apropiándose a la vez del discurso ambiental. Así el ambientalismo se vuelve un discurso ambiguo, contradictorio y campo en permanente disputa. La internacionalización de las relaciones económicas con la globalización y los tratados comerciales regionales (GATT, Unión Económica Europea, TLCAN) han debido incorporar el tratamiento de los problemas ambientales en sus respectivos acuerdos comerciales y de intercambio de servicios, no sólo como factor de inocuidad y seguridad económica sino como una medida de protección de cada país interviniente, contra procesos de contaminación, y posibles daños a la salud y deterioro ambiental (Gallardo, 1999). Desde la década de los noventa, a partir de la Cumbre de Río, muchas naciones han modificado sus legislaciones incorporando el discurso ecológico y de la sustentabilidad como líneas de acción en las políticas públicas, la planificación, la gestión social y la protección ambiental (Biswas, 2003: 31). De forma paralela, se multiplican las organizaciones de la sociedad civil en la gestión, asesoría, abogacía, prácticas sustentables, educación ambiental, y protesta pública en la defensa del entorno ecológico, etc. bajo principios ambientales y en el marco de la pretendida concepción de la sustentabilidad. Discursos paralelos y contrapuestos se confrontan bajo los valores ambientales y la sustentabilidad. El ambientalismo instrumental, impulsado por la ideología neoliberal, impulsa sus propios propósitos de reproducción material y acumulación de capital, internaliza sus valores desde la crítica ambiental, pero propone soluciones tecnológicas, medidas de liberación mercantil y acotamiento del estado benefactor reducido a la vigilancia normativa e intervención reguladora (Brand, 2005: 22). Por otra parte, el preservacionismo ambiental concibe al ambiente con valor en sí mismo, a su vez propone nuevas prácticas de apropiación de la naturaleza que consideran al ambiente susceptible de daño y aprovechamiento racional y la reivindicación de identidades nuevas respecto los valores ambientales. Podemos, así visualizar diversas formas de entender, aprovechar y gestionar el ambiente como objeto de reivindicación y rivalidad, cooperación y ruptura, que comprende la intervención pública, privada y social. (Borja, 1977; Cirelli, 2004: 23) En este sentido, la estructuración del discurso ambiental no ha sido lineal, como podemos observarlo en los diferentes manifiestos públicos de las conferencias internacionales. En su interior también encuentran sentido diferentes posiciones que van del conservacionismo natural, el ecologismo radical hasta el ambientalismo actual que aboga por la comprensión holística del hombre con la naturaleza (Gallardo, 1999: 72) De este contraste de sentidos de lo ambiental, vemos surgir algunas oposiciones que marcan las principales disyuntivas por el uso del agua y su valor ambiental. Precisiones metodológicas sobre la región metropolitana y la cuenca del río Blanco Para fines de este ensayo, definimos la región en base a los criterios de la Comisión Nacional de Población (Conapo) para la delimitación y conceptualización de las zonas metropolitanas (Z.M) (1) y, considerando la regionalización hidrológica que propone la Conagua (CNA, 2007), buscando darle cierta unidad analítica al territorio como espacio social construido en el entorno del sistema hidrológico de la cuenca del río Blanco, en la región central del Estado de Veracruz. Elegimos dar centralidad a esta zona metropolitana e hidrológica ya que es la dinámica de las ciudades centrales, en este caso Orizaba y Córdoba, quienes concentran las actividades industriales, comerciales y principales servicios regionales, aglutinando una serie de ciudades medias y su hinterland rural quienes proporcionan materias primas y servicios ambientales. Son, además, las ciudades que demandan las mayores cantidades de agua potable y de calidad para consumo humano, industrial, servicios, comercio y agricultura, en muchas ocasiones a costa de las comunidades rurales que las rodean. Esta región está integrada por dos zonas metropolitanas: la Z.M. Córdoba que comprende 4 municipios: Amatlan de los Reyes, Córdoba, Fortín y Yanga; y la Z.M. Orizaba, con 11 municipios que son: Atzacan, Camerino C. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlan, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tlilapan. Ambas zonas metropolitanas constituyen una conurbación enlazada por las comunicaciones, vías de transporte, producción y circulación de bienes y servicios regionales integrando y a la vez subordinando las urbes periféricas y comunidades rurales aledañas, constituyendo una población actual de 643 574 pobladores en 15 municipios. La Z.M. de Córdoba aporta 276 553 habitantes y Orizaba 367021. Ambas ZMs. Ocupan una extensión de 970 Km2, y una Densidad Media urbana (DMU) de 72.6 hab/ha. Las anteriores entidades municipales tienen en Córdoba y Orizaba las urbes centrales y las demás son ciudades pequeñas o villas, de alguna manera subordinadas, integrando todas ellas una franja de conurbación a lo largo de la cuenca del Río Blanco como principal fuente de alimentación hidrológica regional. Esta cuenca pertenece a la región hidrológica #10 Golfo-centro, siendo la cuenca del Río Blanco una de las más importantes por los volúmenes de su caudal, con un escurrimiento virgen de 2642.0 Hm3/año y uno de los principales afluentes de la cuenca baja del Papaloapan (CNA, 2003: 33) La calidad y abundancia del agua, cuyo origen son, en buena medida, los deshielos del Citlalteptl o Pico de Orizaba, se han constituido en una fuente vital para la generación de energía eléctrica, uso industrial y consumo humano propiciando diversas fases de desarrollo regional íntimamente ligados a la explotación y uso de las fuentes hídricas. (Gobierno del estado de Veracruz, 1979: 35; Conapo, 1985: 107) Esta región de estudio responde a que es, junto con Veracruz Puerto, uno de los primeros enclaves de industrialización desde mediados del siglo XIX y, actualmente, uno de los cuatro principales regiones de concentración urbano- industrial en el estado de Veracruz, junto a los centros petroleros de Poza Rica-Tuxpan; Coatzacoalcos- Minatitlán y Veracruz- Boca del Río, constituyéndose también en los principales focos de contaminación de cuerpos de agua, creciente demanda del lÍquido y deterioro de ecosistemas acuáticos. Importancia del agua en el desarrollo regional Orizaba y Córdoba se han constituido en los ejes urbanos de la economía y el desarrollo regional del área conocida como: “las grandes montañas”, en el centro occidente del estado de Veracruz: por un lado, integrando; por otro, subordinando las localidades rurales y centros urbanos que se desarrollan en su periferia. La abundancia de bienes naturales, especialmente agua, bosques y tierras fértiles en el valle donde se asientan, ha sido un factor clave para insertarse con ciertas ventajas en las diversas fases del desarrollo nacional y regional, como vemos a continuación. 1) El agua y consolidación metropolitana A fines del siglo XIX, Orizaba, Rio Blanco, Santa Rosa y Nogales, ciudades vecinas, ya se habían consolidado como urbes emergentes industrializadas, siendo la industria textil y cervecera quienes detonaron el desarrollo industrial regional. Asimismo, Córdoba había emergido como una ciudad central alrededor del cultivo e industrialización de la caña y el café, este último introducido en la segunda mitad del siglo XIX. Ambos cultivos dieron a Córdoba, su principal fuente económica al constituirse en una ciudad agroindustrial, comercial y de servicios. La coyuntura de la segunda guerra mundial impulso en la región una segunda oleada industrializadora, introduciéndose la industria papelera, agroquímicos, cementeras, y farmacéutica, fortaleciendo la industrialización de Córdoba y la emergencia del parque industrial de Ixtaczoquitlan, constituyéndose en una zona de conurbación y consolidación de la industria en la vertiente del Río Blanco que comprende las ciudades de Camerino C. Mendoza, Nogales, Huiloapan, Río Blanco, Orizaba, Ixtaczoquitlan y Córdoba, principalmente. En 1979 los principales 8 municipios estaban orientados prácticamente a las actividades secundarias y terciarias: Orizaba, Río blanco, Cd. Mendoza, Nogales y Córdoba tenían menos del 9% de su población dedicada a actividades primarias. Huiloapan y Fortín menos de 20% y sólo Ixtaczoquitlan tenía un porcentaje de 42.6% de su población ocupada en actividades primarias. Rio Blanco, Nogales, Cd. Mendoza y Huiloapan ocupaban cerca o más del 50% de su PEA en la industria; Orizaba y Córdoba en un rango de 30-40%. Ixtaczoquitlan ha sido el Municipio más dinámico después de la década del ochenta, mientras Nogales, ciudad Mendoza, Orizaba y Río Blanco se estabilizan o estancan al entrar en crisis la industria textil, antaño principal generadora de empleos y dinámica regional.(Gobierno del Estado, Veracruz, 1979: 92) En el caso de Córdoba, después de los 60’s pudo entrar a una fase de consolidación de otras actividades económicas, para dejar de depender exclusivamente del cultivo de café, lo cual permitió la orientación de la ciudad hacia los servicios y el comercio facilitando su industrialización y la mercantilización de productos agrícolas de la región (idem:11) Este desarrollo industrial y urbanístico intenso, sin embargo, marca algunos límites, tanto sociales como ecológicos. Para finales de la década de los setentas ya se denotaban graves carencias en la dotación de infraestructura básica; Córdoba y Orizaba ya contaban con un déficit promedio de agua potable del 20%, mientras 33% no contaba con drenaje. En cuanto a dotación de energía eléctrica la región contaba con un buen nivel de electrificación dada la cercanía de plantas hidroeléctricas en la región. En cuanto a los efectos ecológicos del proceso urbano-industrializador, ya desde el plan estatal de desarrollo regional para la conurbación en 1979, se vislumbraban algunas problemáticas críticas, principalmente con los recursos hídricos, como se señala a continuación: “el río blanco es uno de los más contaminados y que el sistema hidrológico de la zona no recibe protección y mejoramiento de sus condiciones, se espera que la zona del eje industrial sea una de las que cuente con grave deterioro del medio ambiente representando un costo social de los más altos para el estado. En circunstancias similares se encuentran las zonas forestales y los bosques, los cuales por la deforestación, descuidos y plagas tienden a extinguirse, particularmente las localizadas en las faldas del Citlalteptl; por lo que es dable esperar una reducción de las recargas de los acuíferos, erosión y arrastres fluviales; como consecuencia de esto un grave deterioro en las condiciones ecológicas de la región y un impacto negativo a las condiciones favorables para el crecimiento urbano industrial” ( Gobierno del Estado, Veracruz, 1979: 19) La contaminación ambiental, por efectos de las aguas residuales urbanas e industriales, es acompañada de otro proceso paralelo: la destrucción acelerada de las zonas boscosas para la explotación de la industria maderera y papelera. (Ídem: 32; Conapo, 1985: 54) Sin embargo, esta alerta ambiental fue motivo de poca preocupación entre los gobiernos subsiguientes, agravándose las condiciones y los costos económicos y ecológicos de la degradación ambiental, en los años posteriores. En resumen, concentración urbana y consolidación del desarrollo industrial en contraste con la contaminación generalizada de la subcuenca del Río Blanco y destrucción de ecosistemas de cuenca, son los saldos de esta fase de industrialización intensiva. Esta discrepancia entre el desarrollo económico y sus graves costos ecológicos, apenas se vislumbraban como problemas ambientales con alguna preocupación incipiente. 2) Los costos de la industrialización: deterioro ambiental y contaminación En la década de los ochenta del siglo pasado la región metropolitana Córdoba-Orizaba, al igual que el país en general, entra en una profunda recesión económica. La principal industria generadora de empleos que es la textil y generaba más de 4 000 empleos, entra en franca decadencia; al no mejorar sus métodos productivos se vuelve obsoleta. Por otra parte, las industrias de punta que son las cerveceras se automatizan y modernizan incrementando el desempleo regional, al reducir su planta productiva de 5000 a 1200 operarios entre 1988 y 2005 (http://danielsierra.galeon.com/aficiones1101305.html.). Asimismo, Orizaba registra un bajo crecimiento urbano aunado a la saturación de sus límites territoriales, mostrando mayor dinamismo demográfico municipios periféricos como Río Blanco, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, que se convierten en territorios propensos para el crecimiento de la mancha urbana orizabeña (Gobierno del Estado de Veracruz, 1979: 107) Durante los ochentas del siglo pasado, la ZMCO, ocupaba un lugar destacado en la economía estatal y regional, aportando el 12% del PIB estatal y 11% del total del personal ocupado en las actividades industriales. Contribuía con el 30% de los impuestos estatales y cerca del 50% de la producción manufacturera que se exportaba en el estado. Asimismo, se localizaban 9 ingenios azucareros; 6 Empresas arroceras; beneficios y procesadoras de café, industrias aceiteras, producción de maquinaria y equipo para la industria de la caña y el café. La industria agropecuaria, se consolida, sobre todo en la producción de aves y cerdo al cubrir el proceso de producción y transformación de carne, instalando granjas en diversas comunidades y dos plantas de elaboración de alimentos pecuarios. La Z.M. de Orizaba, pierde peso relativo al declinar la industria textil, no obstante, conserva cierta hegemonía con corporaciones de alta concentración de capital como la industria cervecera que se fusiona en Cuauhtémoc-Moctezuma, la Kimberly Clark que producía más del 10% de la producción nacional en papel; Proquina que produce sustancias químico-farmacéuticas derivadas del barbasco (Idem: 108) Mientras las ciudades contiguas a Orizaba pierden importancia industrial y empleos productivos, orientándose a las actividades terciarias. El principal parque industrial que se fortalece desde los años 70’s. del siglo pasado es Ixtaczoquitlan, cuya expansión fue basada en la diversificación industrial y la introducción de tecnologías automatizadas y reorganización de sus procesos fabriles, por ejemplo Kimberly Clark, Productos químicos naturales (PROQUINA), Cementos Veracruz (APASCO), Sabritas, entre otras. La urbanización e industrialización hicieron posible su consolidación como zonas metropolitanas, no obstante este modelo de uso intensivo del agua, sin prevención ambiental, empezó a mostrar serios signos de agotamiento. Aunque el agua sigue siendo abundante en relación con otras áreas del país, las fuentes de agua potable empiezan mostrarse escasas: se incrementa la demanda del agua en las principales ciudades; se registra una contaminación generalizada de la subcuenca, y destrucción del entorno ecológico; existe una industria altamente demandante de agua y, a la vez, contaminadora en la que destaca la producción de azúcar, el papel, las bebidas (alcohólicas y gaseosas), el café, el cemento, la producción de alimentos pecuarios y carne, entre las principales. Las políticas ambientales para frenar la contaminación de agua y su uso racional, han sido escasas y aisladas, sólo algunas empresas han desarrollado tecnologías y mecanismos de tratamiento y rehusó del agua, (cervecerías, papeleras). Priva el deterioro del ecosistema de cuenca y la contaminación de las fuentes de agua. Asimismo se carece de políticas distributivas del líquido y medidas de control de la contaminación y tratamiento de aguas residuales. El agua y las políticas hídricas en la ZM Córdoba-Orizaba “Advertencia: La actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está manejando para las industrias establecidas dentro de los límites geográficos establecidos en el decreto que a continuación se describe, un esquema de ilegalidad por los términos establecidos en el mismo. Algunas industrias dentro de estos límites fueron establecidas en 1836, cien años antes de la expedición de este decreto. Si usted tiene algún proyecto industrial dentro de esta zona piense dos veces antes de invertir” (Gobierno del Estado, 1996) Para el presente apartado utilizaremos información relativa a la región hidrológica No.10 Golfo-Centro localizada entre los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla y una mínima parte de Hidalgo. Esta región, está constituida por doce cuencas hidrológicas y 21 acuíferos, de las cuales todas desembocan en el Golfo de México, siendo el estado de Veracruz el que ocupa mayor territorio. No obstante, centraremos la atención en la cuenca del río Blanco y los ríos Jamapa y Atoyac por localizarse en el entorno de las zonas metropolitanas Córdoba-Orizaba. Asimismo, tenemos como objetivo mostrar cómo la abundancia de agua, que caracteriza esta región, no elimina la potencialidad de conflictos en torno al agua, ni las políticas de protección ambiental impulsadas por el estado y los gobiernos locales corresponden a la problemática ambiental manifiesta en la región. Disponibilidad de recursos hídricos La región hidrológica cuenta con una alta disponibilidad natural de agua superficial y subterránea del orden de 102 779 Hm3/año y una disponibilidad media per cápita de 10 764 m3/año para el año 2006, rebasando la media nacional que apenas alcanza 4416 m3/año. Su precipitación pluvial es de las más altas del país alcanzando 1889.9 ml/anual, en tanto la media nacional apenas alcanza 771.8ml/anual. Cuenta con 21 acuíferos de los cuales 2 se consideran sobre-explotados y con ciertos niveles de contaminación, siendo la condición del resto como de sub-explotación (CNA, 2007: 157) La cuenca del río Blanco, a su vez, es una de las mejor dotas con recursos hídricos a nivel nacional, pues tiene una alta disponibilidad de agua cuyo volumen es de 1, 411 Hm3/año, abarca una superficie de 2,072 Km2. Comprende 26 municipios de los cuales 15 constituyen las ZMCO. Mientras la región hidrológica tiene una escasa presión hidrológica equivalente a 4.80 %, la cuenca del Río Blanco muestra menor porcentaje de utilización del agua alcanzando sólo el 2.1% en relación con la disponibilidad natural. Los mayores volúmenes de agua para uso humano provienen de las fuentes superficiales donde se extrae el 95%, las aguas subterráneas aportan el 5%. El acuífero Córdoba-Orizaba, cuenta con una descarga anual comprometida de 68,46000 Mm3 y un volumen concesionado de 25.28146 Mm3 sin problemas de déficit hídrico (http://www.csva.gob.mx/sih/proyecto_2) Comparada con los indicadores nacionales, la región hidrológica y la ZMCO pueden considerarse como una región con abundancia de agua, sin estrés ni presión hídrica para los diversos usos. Diversas fuentes oficiales proyectan ciertos márgenes de abundancia hasta el año 2025, por lo que consideran que la conflictividad social será mínima (Conapo, 1985: 110; CNA, 2003: 51). Sin embargo, estos datos pueden ser engañosos, si no se consideran una serie de factores como contaminación generalizada de corrientes de agua, concentración industrial en el consumo del líquido, distribución desigual de recursos hídricos y carencia de políticas conservacionistas de los ecosistemas hidrológicos. También persiste la idea en los diagnósticos de la CNA y oficiales de que si no hay déficit de agua no habrá conflictos sociales, olvidando las políticas distributivas y uso racional del agua. La escasez relativa del agua desde esta perspectiva, tiene un componente fundamentalmente social. Usos del agua y creciente demanda social En la región Golfo–Centro los diversos usos del agua concesionados para 2007, equivalen a un total de 4929.5 hm3. El 57% es destinado a la agricultura; 15% abasto público, y 28% para usos industriales. En la ZMCO, sin embargo, los términos del uso del agua cambian significativamente. En ese sentido el uso agrícola compite prácticamente con el agua para uso público en una relación de 24 a 23%, los volúmenes de agua de riego aún no son significativos en la región debido al ciclo propicio de lluvias que hace posible levantar dos cosechas anuales; sin embargo, los periodos de lluvia han disminuido drásticamente y crecen las necesidades de agua para riego. El agua industrial es la actividad que más consume agua alcanzando el 52% en la Zona metropolitana. Es precisamente la tensión social y los intereses económicos por los diversos usos del agua, entre el uso consuntivo y el consumo humano, uno de los factores que condicionan la disponibilidad de agua y el acceso a ella. La competencia entre los usos industrial, agrícola y consumo humano lleva inserta relaciones de poder y privilegios que hacen posible la escasez para algunos y la abundancia para otros en un contexto de riqueza hídrica. Uso público y domestico. Distribución desigual y sectorial del agua La infraestructura básica de los municipios metropolitanos presenta una serie de desigualdades en la distribución de los servicios básicos. En primer término, podemos apreciar que las ciudades centrales concentran el grueso de servicios públicos: agua potable, drenaje y electrificación. Para 1990 las ciudades de Córdoba, Orizaba y ciudad Mendoza, ya cubrían más del 80% de sus servicios básicos de drenaje y agua potable, alcanzando el 90% para el año 2000. Córdoba muestra un ligero rezago respecto a Orizaba sobre todo en drenaje con el 18% de las viviendas sin este servicio y 10% de las viviendas que aún no contaban con agua potable. Ciudad Mendoza muestra el mayor rezago para el año 2000 en agua potable con 14% de su población carente del líquido. Los mayores rezagos se localizan en las zonas rurales y, en las ciudades, recaen en los sectores marginales de la población que requieren, en el caso de agua potable, satisfacer sus necesidades con métodos colectivos de surtimiento del líquido: toma pública, suministro directo por acarreo, distribución en pipas, tandeo, generalizándose el malestar por la carencia del líquido. Otros municipios que muestran niveles aceptables son Ixtaczoquitlan y Fortín, el primero muestra el mayor rezago en agua potable con más del 20% de las viviendas carentes del servicio, este porcentaje obviamente se concentra en las comunidades rurales, Fortín tiene más rezago en servicios de drenaje. Los demás municipios están en un rango de 38 a 65% en sus servicios, lo que demuestra la prioridad en la dotación de servicios básicos y las relaciones de desigualdad social que se generan entre el ámbito rural y urbano, así como interurbano. Los casos más severos en la carencia de infraestructura básica son Amatlan de los Reyes e Ixhuatlancillo quienes apenas llegan a cubrir el 65% en agua y alcantarillado. La distribución desigual del agua es un motivo frecuente de disputas sociales para su apropiación, un ejemplo típico es la inequidad entre el campo y la ciudad. Como las mayores reservas de agua se localizan en las zonas rurales, las ciudades han debido ampliar su cobertura para atraer agua de lugares cada vez más lejanos, como es el caso de Orizaba, Córdoba o Fortín asentadas en otrora importantes áreas productoras de agua. La concentración urbana y de servicios se realiza a costas de un consumo intenso de recursos extraídos del campo y del hinterland ecológico que rodea las ciudades. Al agotarse, contaminarse e incrementarse la demanda sobre las fuentes primarias, las ciudades han debido buscar el suministro en lugares más lejanos convirtiéndose en problemas intercomunitarios, intermunicipales o interestatales o suscitando nuevas disputas por el acceso al agua potable. Así, tenemos un panorama de escasez de agua potable en un contexto de abundancia hídrica. Es en las zonas rurales donde los servicios de agua potable, drenaje y electricidad son más críticos. Lo mismo sucede al interior mismo de las ciudades donde La zona centro de las ciudades, áreas residenciales, el agua comercial y de servicios son prioritarias para los gobiernos locales tanto en la dotación de infraestructura básica como en el surtimiento de agua. La escasez de agua, o más bien la inequidad en la distribución del agua, en la zona metropolitana se localiza principalmente en las colonias sub-urbanas y los barrios marginales quienes padecen las peores condiciones de infraestructura básica y, en tiempos de estiaje o falta de agua, los primeros en carecer del vital líquido. Son estos sectores sociales quienes pagan los costos más altos por el acceso al agua y reciben el líquido en las peores condiciones de potabilidad por las circunstancias del acarreo como son pipas, mangueras, latas, cubetas o recipientes de rehúso, sin guardar las condiciones mínimas de higiene. Son también estas colonias instaladas en las cercanías de los drenajes, en los desemboques a los cuerpos de agua, y contiguas a los ríos o arroyos, quienes sufren de manera directa las externalidades o contaminantes vertidos por la urbe y la industria. Entre estos sectores sociales se localiza la mayor protesta pública relacionada con el acceso al agua, daños a la salud y sanidad pública. Muchos de estos conflictos cotidianos difícilmente se registran en las estadísticas, y la denuncia se pierde en el laberinto burocrático donde deben intervenir diversas dependencias en la solución del problema, desmovilizando la organización de estas colonias o suburbios. Son estos asentamientos, muchas veces en calidad de irregulares, quienes además adolecen de infraestructura básica de agua, drenaje y electricidad indicadores básicos de la ONU para medir la calidad de vida y condiciones sanitarias. El agua industrial, factor del desarrollo y deterioro ambiental El desarrollo industrial, como hemos podido observar, está íntimamente ligado a la oferta regional del agua. En la década de los ochenta, la industria consumía el 50% del agua regional siendo la industria textil una de las más demandantes. Con la debacle de esta actividad, han surgido nuevas industrias y áreas de concentración industrial principalmente en la ZM-Córdoba donde se desplaza el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial moderno, específicamente en el parque industrial de Ixtaczoquitlan. A nivel de las ZMCO, el agua industrial conserva su porcentaje del 52% en relación con otros usos, lo que indica el peso de esta actividad económica. Las principales ramas industriales por su peso económico y volúmenes utilizados de agua, son: la industria textil, los ingenios azucareros, la industria papelera, beneficios de café, bebidas alcohólicas, alimentos, y agropecuaria. Estas empresas destacan por su alta concentración de capital regional, la generación de empleos y la dinámica económica que suscitan. No obstante, se identifican también como industrias altamente contaminantes y uso intensivo de agua potable, entrando en una alta competición por el acceso y control del agua con otros sectores de consumidores. En torno a la contaminación industrial gira un número importante de protesta pública. Esta tensión social respecto a la industria contaminante es una problemática añeja, cuyo descontento estaba más orientado a los riesgos potenciales y manifiestos contra la salud pública. En los conflictos actuales es frecuente que la protesta social también incluya demandas por la protección ambiental y los conflictos recobren un carácter tipo socio-ambiental. El caso más típico a nivel regional lo constituye la explosión de la fábrica de agroquímicos ANAVERSA, a fines de los años ochenta que puso un alerta a la población sobre los riesgos a la salud y la seguridad industrial. Efectos perversos de la industrialización y protesta social Los grandes volúmenes de agua que requiere el proceso industrial, además de competir con los usos urbanos y agrícolas, redundan en su mayor parte sobre la calidad del agua. Así, en la región hidrológica, de acuerdo con datos de la CNA, la utilización de agua en la industria genera alrededor de 1 550 hm3/año de aguas residuales, de la cual casi un 75% es de origen industrial. Se producen 246 mil toneladas de contaminantes medidos como carga orgánica (DBO5), de esta carga contaminante el 97% es originado por los sectores industrial y municipal. Existen 182 plantas de tratamiento en el sector industrial para tratar un volumen de 690 hm3, sin embargo, sólo operan 178 plantas que tratan un volumen de 353 HM3, las industrias que más aportan residuos contaminantes son: la industria azucarera, 56%; Papelera, 26%; beneficios de café 5%; petrolera 3%. (CNA, 2003: 39). La mayoría de estas empresas son trasnacionales y protagonizan confrontaciones sociales ya sea por el control de cuerpos de agua, el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento y las externalidades provocadas a la salud y al medio ambiente. Por ejemplo, la Kimberly Clark, es una fábrica productora de papel, requiere de fuertes volúmenes de agua para su procesamiento, es a la vez una de las plantas que aporta grandes cantidades de contaminantes al rio Blanco y sus afluentes. La empresa, produce lodos industriales lixiviados que debe depositar en lagunas de oxidación para su tratamiento, habiendo escaso control sanitario sobre dichos depósitos. Estos depósitos, han debido enfrentar diversos grupos opositores que han sido afectados al contaminarse el agua y la tierra y ser percibidos como riesgos a la salud. Los casos más significativos los encontramos en comunidades y municipios cercanos como el caso de Nogales, Córdoba y Acultzingo (Profepa, 30-006-001, 2003). Fermex, S.A., productora de fermentos para la industria alcoholera, vierte cantidades preocupantes de residuos químicos al río Blanco y despide olores y residuos contaminantes a la atmosfera, esta empresa también ha recibido múltiples denuncias públicas, de vecinos de Orizaba e Ixtaczoquitlan, además ha sido cerrada temporalmente por la Profepa, bajo la presión social y la falta de garantías sanitarias para su funcionamiento. La región tiene en la agroindustria cañera una de sus principales actividades económicas, no obstante es una de las actividades que más contaminantes aporta al medio natural, desde el cultivo donde se aplican grandes cantidades de pesticidas y abonos químicos, hasta la producción de azúcar y alcohol, aportando vinaza y otras substancias altamente contaminantes a los ríos. Una de las protestas públicas más importantes por contaminación de fuentes de agua se da alrededor de la producción agroindustrial cañera. Son principalmente las congregaciones y unidades de riego aguas abajo sobre el río Blanco o en la subcuenca de Jamapa-Atoyac, quienes protagonizan una protesta continua, sobre todo en tiempos de zafra, contra la contaminación sobre sus fuentes de agua. Son las destiladoras de caña de azúcar las que más efectos dañinos generan a los cuerpos de agua quienes frecuentemente reciben la protesta pública y la intervención de la Profepa, para el control de las aguas residuales. El Grupo Pecuario San Antonio (ALPESUR) es un fuerte productor de alimentos balanceados para la industria avícola y la ganadería, pero su principal rama productiva en la producción de carne de pollo que le permite abastecer gran parte del mercado en el sureste de México, además de tener granjas propias se asocia con productores locales para la crianza del pollo. Esto le permite obtener varias concesiones de agua en diversos puntos de la región, no obstante sus dos plantas principales se localizan en Córdoba y Fortín de las Flores. La falta de tratamiento de aguas residuales que tradicionalmente han sido vertidas a los ríos y la incineración de sus residuos orgánicos han dado pie a la contaminación del rio y afluentes de la barranca Metlac y han generado un malestar generalizado a la ciudad de Fortín y Orizaba por la emisión de olores fétidos a la atmosfera. La empresa ha debido enfrentar desde fines del siglo pasado una serie de protestas públicas, y el cierre temporal y la intervención constante de la Profepa y autoridades sanitarias para obligar a la empresa a introducir y mejorar sus sistemas de tratamiento y filtros contra los malos olores y contaminación de agua. La cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, ha sido una empresa tradicionalmente contaminante durante más de un siglo de su existencia. Sin embargo, la modernización tecnológica y las normas ambientales le han impuesto ciertos márgenes de control ecológico sobre su producción que han llevado a un saneamiento relativo de la empresa al introducir métodos de tratamiento de aguas residuales. No obstante, las necesidades en calidad y cantidad de agua la convierten en un fuerte demandante de agua regional Las necesidades crecientes de agua la han llevado a extraer el líquido de las faldas del pico de Orizaba y la búsqueda de nuevos manantiales que reúnan los márgenes de calidad del agua requeridos entrando en confrontación y competencia con algunas comunidades rurales. La industria químico-farmacéutica, Proquina, es una empresa que también ha tenido y tiene problemas con sus depósitos de aguas residuales. Sosa caustica, amoniaco y residuos de barbasco, se vierten a los ríos con poco tratamiento y genera olores fétidos a la atmosfera. Su cercanía a la ciudad de Orizaba y Escamela también ha sido motivo de rechazo ciudadano sobre todo de las colonias periféricas cercanas a las alcantarillas de canalización. Cementos Apasco contribuye con un aporte considerable de aguas residuales que se vierten a la cuenca del río Blanco, además ha sido fuente de rechazo y conflicto social debido a contaminación atmosférica por hollín y señalada por ecologistas como generadora de dioxinas a la atmosfera de tipo cancerígeno (Marcha, 2008: 1). La cementera además ha recibido demandas y rechazo de las colonias adyacentes a las áreas de explotación pétrea, por la explosión de dinamita y temblores en el subsuelo, ocasionando daños a los mantos acuíferos, depredando los cerros y la floresta, además del daño a las viviendas por los movimientos telúricos provocados. Agua agrícola, demanda creciente Los volúmenes más significativos del agua agrícola lo ocupa la siembra de flores y hortalizas y se caracteriza precisamente por el uso intensivo de agua y aplicación de fertilizantes y pesticidas químicos cuyos residuos terminan en los mantos acuíferos, al carecer estas aguas de tratamiento. En Rafael Delgado se utilizan las aguas residuales de la Kimberly Clark para el cultivo de flores, maíz y hortalizas. Los ingenios azucareros canalizan, parte de sus aguas residuales a áreas agrícolas, pero la mayor parte de residuos se depositan a los ríos o lagunas de oxidación, sin que esto deje de ser un riesgo a la salud y los ecosistemas. El agua agrícola jugara en el futuro un papel más demandante debido a la prolongación de las épocas de sequia y la pérdida de calidad de las aguas residuales para el riego y la ganadería. En la subcuenca de Jamapa-Cotaxtla, el sistema de riego Alfredo B. Bonfil, está localizado en la vertiente de estos afluentes, los agricultores de por lo menos 5 municipios aguas abajo se han movilizado en varias ocasiones para protestar por la contaminación de sus afluentes y las pérdidas en la producción agrícola y ganadera. Aguas residuales y escasez de agua potable Los niveles de tratamiento de aguas residuales son preocupantes en toda la región hidrológica Golfo- centro. La CNA reporta para el año 2003 un volumen de descarga de 394 hm3/anuales, de las cuales se tratan únicamente 25 hm3, mediante la operación de 59 plantas. Aunque hay infraestructura para tratar 122 hm3, mediante 75 plantas existentes, pero se encuentran subutilizadas (CNA, 2003: 58) Así, la cobertura de saneamiento es de apenas 6% de las descargas totales. Algunas industrias han introducido plantas y procesos de tratamiento de aguas residuales, pero aún así apenas se trata una mínima parte. En la ZMCO, el agua industrial y el agua urbana ocupan el mayor porcentaje de consumo de agua, y son las que más aportan a los procesos de contaminación. Es apenas en los últimos años que se han introducido métodos de tratamiento de aguas residuales a nivel de algunas empresas como la Cervecera Cuauhtémoc-Moctezuma, la Kimberly Clark, ingenios azucareros y, textiles entre otras. Aún así, siguen siendo fuente de contaminación preocupante. La Conagua sólo reporta 18 empresas que cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, procesando un volumen de 1.989,38 LPS, son los ingenios azucareros quienes procesan los mayores caudales destacando los ingenios instalados en Cuichapa, Cuitlahuac y Córdoba, sin embargo, los volúmenes tratados contrastan con los elevados caudales que ocupan en sus procesos de industrialización como vimos con anterioridad, tratándose una mínima parte. Una buena parte de esta agua es canalizada a las áreas de riego con mínimo tratamiento e implicando riesgos a la salud y calidad en la producción. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, asimismo no garantizan un procesamiento adecuado ya que de acuerdo a los sistemas declarados a la Conagua, las aguas de desecho son canalizadas a trampas de grasas y aceites, fosa sépticas y vertidas a las áreas de riego y arroyos con escaso tratamiento. La contaminación de la industria azucarera y de los parques industriales de la ZMCO son una fuente constante de conflictividad y protesta pública en la parte baja de la cuenca donde se reciben los caudales contaminados en perjuicio del agua potable para uso domestico, la pesca, el agua agrícola, el agua para servicios ambientales como el turismo y los mismos caudales ecológicos para la flora y fauna ribereña. El tratamiento de aguas residuales municipales también es ínfimo en relación al agua ocupada, como podemos ver en el cuadro anexo, lo que indica que las aguas urbanas se vierten de manera directa a los cuerpos de agua, prácticamente sólo es Ixtaczoquitlan y Fortín y Orizaba quienes cuenta con una planta tratadora, pero insuficiente dado que es en esos municipio donde se concentra el mayor desarrollo industrial regional. FIRIOB. Solución contaminante A pesar de los grandes volúmenes de agua destinadas al desarrollo industrial y urbano las acciones para impulsar una política de saneamiento y reciclaje para este ámbito han sido lentas y poco efectivas. Uno de los proyectos más ambiciosos para enfrentar la preocupante contaminación urbano-industrial en la ZMCO es la construcción de una planta de tratamiento regional de aguas residuales, integrada por un fideicomiso entre el gobierno federal, estatal y las empresas del corredor industrial Córdoba- Orizaba para tratar aguas industriales y de uso público municipal, conocida como FIRIOB. Esta planta de tratamiento fue inaugurada desde 1994 y ha requerido de una inversión considerable cercana a los 200 millones de pesos. Están conectadas 13 industrias y 8 municipios como Rio Blanco, Orizaba y Cd. Mendoza. Su capacidad de tratamiento es de 1250 Lps. en 5 lagunas de reactores anaeróbicos y 2000 Lps. en otras 3 celdas. Entre 2003 y 2004 el FIRIOB entro a la fase de anaeróbica y aeróbica incrementando su capacidad. Desde 2005 esta planta de tratamiento cumple con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 y es administrada por una agencia privada TYCO’s Earth Tech Division. (http://www.prodigyweb.net.mx/bservin/environmental_issues.html#) (CNA, 2003: 86) A pesar de las fuertes inversiones, el manejo político que se le ha dado al fideicomiso (2), y los reconocimientos de industria limpia: la planta trabaja casi al 60% de su capacidad, los costos de tratamiento son elevados, y el cobro por su servicio es una fuerte carga a los municipios que se encuentran en deuda con la planta. Por si fuera poco, la tecnología de saneamiento, a su vez, es considerada altamente contaminante por la emisión de dioxinas a la atmosfera de tipo cancerígeno y los malos olores que despide a la ambiente. Esta infraestructura, se ha convertido en un proyecto costoso, ineficiente y contaminante del aire. Por ello mismo, su entrada en operación ha sido fuente permanente de resistencia social al ser percibida como una fuente de riesgo y daños a la salud pública. (Marcha. 30 de Marzo del 2008.1) (http://www.orizabaenvivo.com/site/index.php?optioncom_content&taskview&id5271&Itemid1) (http://prensauv.blogspot.com/2008/03/buscan-controlar-la-contaminacin.html) (http://www.alcalorpolitico.com/notas/notas.php?nota080311plantasol.htm) (http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion2007/07/17/1&documento45) Deterioro ecológico: de la abundancia a la escasez de agua Desde el punto de vista ambiental, la ZMCO está ubicada dentro del perímetro que comprende el área de conservación conocida como “Parque Nacional Cañón del Río Blanco” con una superficie de 55 690 Ha. cuyo decreto fue expedido en 1938 por el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas. Aún cuando en esa época no priva un paradigma ambiental, las necesidades del desarrollo económico y la preservación de las condiciones ecosistémicos en la producción de agua para la industria y las urbes en auge, son imperativos suficientes para decretar esta área natural de conservación. Como dictan los motivos del decreto: “Considerando, que es un hecho ampliamente demostrado por la observación que la vegetación forestal es además de importante factor que regula el régimen hidráulico de las corrientes superficiales y subterráneas, elemento que evita la fuerte acción erosiva de los agentes naturales en los terrenos en declive, como acuático en el Cañón del Río Blanco por la deforestación, perdiéndose a la vez la belleza notable de sus paisajes: Considerando, que mediante el debido aprovechamiento de las aguas del Río Blanco y de sus innumerables afluentes, se han venido ampliando las industrias fabriles de la región de Orizaba, Ver., que constituyen uno de los factores más importantes en la economía de esa importante zona y que sólo con la conservación y restauración forestal puede garantizarse, he tenido a bien dictar el siguiente… (Decreto)” Aunque en el decreto, priva una concepción paisajística del ambiente, y en segundo lugar un visón instrumental respecto a la conservación de los recursos naturales para su aprovechamiento económico, esta iniciativa se constituyo en precursora para la conservación ambiental en el estado. Aún así, el decreto ha sido en la práctica letra muerta ya que, desde entonces, no existe ningún plan de manejo ambiental, se carece de un ordenamiento urbano regulatorio y con criterios ambientales, y la concentración industrial ha impulsado un uso intensivo y degradante de los recursos hídricos. Desde este punto de vista el proceso de industrialización debe fundamentarse en estudios serios de impacto ambiental y manejo sustentable del agua. Por eso la advertencia de la SEMARNAT de que la industria se maneja en un “marco de ilegalidad” dado que las actividades industriales y la urbanización deberían de ser reguladas con criterios ambientales fundamentados en el decreto y las normas actuales que rigen para el manejo de Áreas Naturales Protegidas (ANP) expedidas por esta agencia ambiental, hecho que se ignora hasta ahora (Gobierno del estado de Veracruz, 1979: 32-33). A pesar que desde 1980 los diagnósticos regionales ponían énfasis en la contaminación ambiental y sus costos económicos y ecológicos (Conapo, 1985), el sistema hidrológico regional ha sufrido un grave descuido por la intensa deforestación, incendios forestales y agricultura de montaña en toda la región, de manera particular en la zona localizada en las faldas del Citlaltepetl. Precisamente la deforestación y degradación de los suelos de montaña se ha convertido actualmente en uno de los mayores riesgos socio-ambientales, redundando en una reducción de las recargas de los acuíferos, erosión y arrastres fluviales. Desde 1990 las inundaciones y deslaves de montaña llamadas “barrancadas” se han convertido en una amenaza constante en la época de lluvias, causando desastres y pérdidas humanas y económicas considerables. Gracias a estos deslaves, Nogales y Cd. Mendoza han sufrido los desastres más lamentables en los últimos 20 años con tres inundaciones desde 1940. A pesar de todo y los reclamos de la ciudadanía, las políticas de prevención han sido ínfimas. Los programas de reforestación son incapaces de revertir la tala, no existen suficientes programas de manejo y explotación de bosques y se carece de programas establecidos de protección y conservación de ecosistemas y mantos acuíferos. Los principales síntomas de esta degradación ambiental se reflejan en la reducción de mantos acuíferos en el valle y la escasez de agua potable en tiempos de estiaje, épocas donde crece el déficit de agua y la presión social por obtener el líquido tanto en el campo como en la ciudad. De aquí que los conflictos más fuerte en la región en los últimos años se den alrededor de la entrega de agua y el control de mantos acuíferos a otras comunidades y ciudades. Como sucedió con la construcción del acueducto Nogales Córdoba-Orizaba entre 1996 y 2003; el conflicto de la sierra del Gallego en Córdoba que enfrento a 25 comunidades de la sierra alta y la parte baja en 2006-7; la resistencia a entregar agua de la subcuenca del río Jamapa a comunidades del estado de Puebla, o el enfrentamiento entre Tetla Mpio. De Chocaman y Fortín de las Flores, entre las más importantes confrontaciones regionales. Políticas de prevención y conservación del agua. Remedios a grandes males Abundancia hídrica, desigualdad social en el acceso, contaminación y deterioro ambiental, se constituyen en factores esenciales de la problemática social regional. El sistema hidrológico regional presenta condiciones de abundancia de recursos hídricos, no obstante haber disminuido su potencial productivo de agua aunado a la deforestación y urbanización regional. La riqueza hidrológica, así mismo no ha sido motivo de conservación, al contrario la abundancia de agua ha sido un factor de desperdicio y falta de políticas conservacionistas y racionalidad en el uso del agua. Hasta la década de los 90 las empresas establecidas no tenían programas de tratamiento de aguas residuales al igual que las aguas para uso urbano y agrícola. Algunas empresas empezaron a introducir sistemas de tratamiento más como una medida ante la presión social (Grupo Pecuario San Antonio, S.A. de C.V., Kimberly Clark) y en algunos casos como parte de los mecanismos de calidad establecidos para la competitividad y el cumplimiento de las normas ecológicas en la industria (Cervecería Moctezuma-Cuauhtémoc) que como parte de una estrategia de gobierno en cualquiera de sus niveles. Esta falta de prevención y de políticas conservacionistas, hicieron posible que el río Blanco fuera declarado río inerte por el gobierno desde la década de los noventa. Igual suerte corrieron los demás ríos localizados en la cuenca, que poco a poco se fueron contaminando hasta llegar a niveles preocupantes hoy en día. En la medida que las localidades se fueron urbanizando y crecieron las actividades agrícolas, comerciales e industriales los demás ríos como el Jamapa y el Atoyac, también fueron sufriendo el impacto del desarrollo urbano- industrial de la región. En efecto, aunque los caudales disminuyen considerablemente por las causas ya mencionadas, y el agua sigue siendo abundante, la mayor parte de las aguas superficiales no son susceptibles de aprovechamiento por encontrarse altamente contaminadas. En la década de los noventa esta situación ya se tornaba crítica empezando a presentarse síntomas de escasez de agua potable sobre todo en tiempos de estiaje. Las ciudades centrales de Córdoba y Orizaba, ya contaban con fuertes déficit de agua para alimentar sus necesidades urbanas. Muchas fuentes de agua cercana empezaron a escasear y ser sobre-explotadas, la búsqueda de agua de lugares más lejanos se convirtió en un imperativo. Ciudades como Fortín de las Flores, con gran riqueza de manantiales, ríos y afluentes, tuvo que extender sus áreas de alimentación hídrica hasta el manantial de Tetla municipio de Chocaman, enfrentando la resistencia de estas comunidades por negarse a compartir el agua con esta ciudad. Orizaba y Córdoba también debieron de extender sus fuentes de abastecimiento con la resistencia de municipios como Ixhuatlancillo. En Córdoba las comunidades de la Sierra del Gallego debieron de movilizarse para condicionar la entrega de su agua y sus manantiales a través de la negociación de obras e infraestructura incluso de agua. En este escenario, Nogales se constituyo en la principal fuente de agua accesible y abundante para aliviar las necesidades crecientes de agua potable en la zona conurbada, desatando uno de los mayores conflictos por la apropiación del agua en la región conurbada Córdoba-Orizaba. La oposición de las comunidades por entregar sus recursos hídricos a las ciudades se vuelve una constante, donde se conjuga el interés comunitario por conservar un recurso que empieza a ser escaso; las necesidades ancestrales por falta de infraestructura básica comunitaria como agua, luz, carretera; la urgente necesidad de las ciudades en crecimiento por dotar y resolver las necesidades de su creciente población; así, como el sostenimiento de las actividades económicas, principalmente la industria. El otro factor, es el uso apropiado y racional del agua, la abundancia relativa ha posibilitado una concepción predadora de las fuentes de agua sobre todo del líquido para usos industriales, bajo el supuesto de que es un recurso infinito e inagotable. Prácticamente se ha carecido de medidas de racionalidad en el uso del agua y tratamiento en su disposición final. Hasta los años ochenta del siglo pasado se carecía de plantas de tratamiento de aguas residuales provenientes del consumo urbano e industrial. Las fuentes cercanas se han ido agotando o absorbidas por el crecimiento de la mancha urbana o han sido canalizadas a drenajes urbanos e industriales confundiéndose con aguas residuales. Empresas como la Papelera Kimberly Clark, la cervecería Cuauhtémoc –Moctezuma, la casi extinta industria textil, en la ZM de Orizaba, así como la agroindustria del azúcar, el café y la producción pecuaria en la ZM de Córdoba, se caracterizan o caracterizaron por los grandes volúmenes utilizados de agua potable y por el depósito de sus aguas residuales vertidos directamente a los ríos y a las fuentes subterráneas. La huella ecológica, histórica y actual de sus efectos aún no ha sido evaluada, pero han acabado con la biodiversidad del río Blanco y depositado sus daños en la cuenca baja del Papaloapan y las playas del Golfo de México. El agua además ha sido un recurso de bajo costo económico y privilegio para las empresas instaladas en estas zonas metropolitanas, quienes ostentan concesiones de manantiales, aguas superficiales y subterráneas de forma casi gratuita. Sólo basta decir que algunas ciudades como Nogales, Cd. Mendoza, río Blanco y Orizaba no cuentan con medidores para el cobro de agua, pagándose por cuota y no por consumo, situación que aprovechan los grandes consumidores para pagar cantidades ínfimas por el uso del agua en prejuicio sectores medios y pobres del campo y de la ciudad. Contaminación, riesgos y gestión ambiental En los últimos años, con la modernización ecológica a través de las reformas ambientales y las políticas nacionales, ha recobrado fuerza el discurso sobre la sustentabilidad, y los gobiernos locales y estatales también han adecuado las leyes a las normas nacionales. Priva en los planes locales de la CNA Golfo- Centro un discurso a favor del manejo integral de cuencas, el uso sustentable y racional de los recursos naturales y la participación ciudadana con la integración de los consejos de cuenca. El gobierno estatal impulso las reformas a la ley de aguas estatales destacándose los valores ambientales y el manejo integral de las cuencas, la protección de los acuíferos e igualmente dejo abiertos los mecanismos para la privatización futura del agua y los servicios (Ley de aguas del Estado de Veracruz). De alguna manera, los valores ambientales están incorporados al discurso de las políticas hidrológicas, al reconocer al agua en su dimensión económica y las necesidades de preservación ambiental. No obstante, en la práctica, la distancia que media el discurso y las acciones son distantes. Las acciones prioritarias están orientadas a la satisfacción de necesidades consuntivas o económicas, dado que el agua para consumo humano y conservación ecológica sigue siendo secundaria. (CNA, 2003). Esta falta de visión para la sustentabilidad y el uso racional de los recursos hídricos se refleja en las acciones locales, donde ha habido grandes inversiones y escasos resultados. Las autoridades están preocupadas por el embellecimiento y la imagen urbana, antes que por la preservación y la recuperación de las áreas ecológicas, como en el caso de Orizaba y Córdoba que destinaron recursos considerables al embellecimiento de los ríos Orizaba y San Antonio, sin invertir en un verdadero saneamiento o fuentes de tratamiento de aguas residuales. En síntesis, la abundancia de agua regional y la riqueza generada por la actividad industrial y de servicios, contrasta seriamente con las condiciones de pobreza y desigualdad social que priva en lo económico y en el acceso al agua por diversos grupos sociales, donde las colonias marginales y las comunidades rurales sufren las peores consecuencias. La riqueza hídrica asimismo, ha sido un factor de desperdicio y depredación del recurso, este modelo industrial-urbano de uso intensivo del agua, desperdicio y contaminación, ha mostrado sus límites al agotarse paulatinamente los mantos acuíferos y crecer la competencia de los diversos usos del agua. La industria, principal consumidora de agua y generadora de residuos, que merman la calidad del agua, ha sido incapaz de asumir los principios de la modernidad ecológica mejorando sus métodos de uso racional, tratamiento y reciclaje de agua. Las políticas públicas, asimismo, han dado poco interés al tratamiento de residuos urbanos y el reciclaje de aguas tratadas, priva el burocratismo, la ineficacia administrativa y los criterios “políticos” antes que las razones ambientales. El deterioro de los ecosistemas producto de la deforestación, el crecimiento urbano, la polución urbano- industrial y las actividades agrícolas, se han traducido en una menor capacidad de generación de agua, degradación de los suelos, menor recarga de mantos acuíferos. Además han incrementado los riesgos por inundación y deslaves de montañas provocando constantes contingencias ambientales en los valles y asentamientos humanos situados en las inmediaciones de los ríos, el caso más característico es Nogales y Cd. Mendoza que han sufrido desde 1996 constantes inundaciones y contingencias ambientales. En general, las políticas públicas, a pesar de los principios normativos, organizativos y ambientales, que rigen el uso y conservación del agua, han sido incapaces de propiciar una política integral y sistémica del uso racional y la conservación de las condiciones ambientales para las generaciones futuras. Por último, Aunque la región conurbada se considera con recursos abundantes no se han cubierto las necesidades primarias de consumo humano de agua, por lo tanto hemos encontrado una alta conflictividad relacionada principalmente con al acceso al agua, por falta de suministro, infraestructura básica y contaminación industrial. www.ecoportal.net Bibliografía. • Azogue Crespo, Ricardo (1982), La situación habitacional de las clases sociales en Orizaba y Córdoba. Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de México, México. • Barlow, Maude y Tony Clarke (2002), Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo. Paidos. Barcelona. • Beck, Ulrich (2002), La sociedad del riesgo Global. Siglo veintiuno de España • Biswas Asit (2003), El Recurso Hídrico en México. Centro del tercer mundo para el manejo del agua. A.C. Editores. • Brand Peter Whit Michel J. Thomas (2005), Urban Environmentalism. 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