La organización ambientalista Sierra Club se refirió a las consecuencias negativas que trajo la implementación de la ley «One Big Beautiful» al desarrollo de la industria de las energías limpias y al costo de los servicios de electricidad que pagan miles de estadounidenses.
El reclamo de Sierra Club
Previo al primer aniversario de la aprobación de la polémica ley que reformuló las prioridades gubernamentales en materia impositiva, de negocios y empresas, defensa nacional, mercado laboral y dominancia energética, desde California, Sierra Club alertó sobre el perjuicio de la nueva legislación.
Dedicada a la protección ambiental, la entidad opera en territorio estadounidense desde 1892 y se consolidó como una de las redes más grandes, con presencia en todo el país. Actualmente, los reportes y opiniones emitidos por Sierra son considerados de influencia en la opinión social.
En provecho de su reputación, la organización volvió a pronunciarse acerca de una de las medidas más drásticas ejecutadas por el gobierno de Donald Trump. Bajo el lema «Make America Great Again», el republicano apostó por la industria petrolera y gasífera para devolver a EE. UU. al podio del tablero geopolítico.
Con un marcado discurso detractor de la llamada «ola verde», que impuso a gobiernos previos la obligación de garantizar que las normativas y los programas respaldados por el Estado cumplen con estándares ambientales para prevenir fenómenos globales como el cambio climático, el primer mandatario no dudó en dar luz verde al paquete de reformas el pasado 4 de julio.
En concreto, la maniobra avaló recortes masivos en subvenciones para proyectos de energía solar, eólica y otras fuentes basadas en tecnología renovable. En consecuencia, Sierra Club denunció que el ajuste, de más de US$7 500 millones, «provocó la pérdida de miles de empleos bien remunerados en el país».
Los activistas también subrayaron el impacto de la inflación en las facturas de electricidad, que obligaron a la población a responder por gastos de hasta US$429 más en servicios públicos desde enero del año pasado. «¿Qué han conseguido los estadounidenses? Recortes de empleo, precios de la electricidad más altos y mayor contaminación del aire y del agua», reclamó la directora Melinda Pierce.
Para la representante, la nación «está mucho peor» que antes de la asunción de Trump, y la condición ambiental no es la excepción, ya que la desregulación también aumentó la contaminación proveniente de las centrales de carbón y la tasa de incremento de las emisiones tóxicas.
Una ley estratégica para la agenda del combustible fósil
One Big Beautiful Act suscitó críticas por una serie de puntos clave que abordaron la cuestión de la subasta de acres y la seguridad energética. En concreto, el documento priorizó el desarrollo del mercado de los combustibles fósiles, al considerar sus posibilidades de ingreso económico.
De esta manera, la venta trimestral de contratos para exploración y explotación petrolera y de gas se restableció, a pesar de la resistencia de las comunidades que consideran la actividad extractivista como una avanzada sobre el ecosistema local.
Asimismo, ordenó el fin de las transacciones de fondos federales para estimular la expansión de las energías limpias, argumentando que su carácter inestable y su dependencia de las condiciones climáticas tornaron la inversión en un «gasto público ineficiente».
La Casa Blanca estimó que las modificaciones legislativas repuntarían la economía federal y beneficiarían a los usuarios de los servicios de luz y gas, con el abaratamiento de los costos ante la abundancia de oferta, fenómeno que, según Sierra Club, no se concretó.
Millonarias pérdidas
Las denuncias de Sierra coinciden con el reporte de la consultora Wood Mackenzie, que indica el freno de inversiones por US$120 millones en energías limpias, como consecuencia de las trabas burocráticas y el exceso de regulaciones impuestos por el Estado al sector.