Durante mucho tiempo se instaló una idea sencilla: todos somos responsables de la crisis climática y todos debemos hacer sacrificios para combatirla.
La lógica parece razonable. Al fin y al cabo, todos consumimos energía, usamos transporte y compramos productos que requieren recursos para fabricarse.
Pero cuando los investigadores analizan los hábitos de consumo con más detalle, la fotografía se vuelve bastante menos uniforme.
Un estudio reciente concluyó que el 10% de la población con mayores ingresos concentra una parte desproporcionada del impacto ambiental asociado al consumo. Según los cálculos de los investigadores, los daños vinculados a ese grupo podrían alcanzar hasta 5,7 billones de dólares al año.
La cifra es tan elevada que resulta difícil imaginarla.
Sin embargo, detrás de ella no hay una multa ni una deuda que alguien deba pagar. Lo que intenta reflejar es otra cosa: cuánto le cuesta a la sociedad lidiar con los efectos que determinadas formas de consumo generan sobre los ecosistemas, los recursos naturales y el clima.
Cuando consumir más significa impactar mucho más
La diferencia no está únicamente en la cantidad de dinero disponible.
También está en la manera en que se utiliza.
Los investigadores observaron que, a medida que aumentan los ingresos, suelen aumentar actividades que requieren una gran cantidad de energía y materiales para mantenerse. Los vuelos frecuentes, las viviendas de gran tamaño, el uso de varios vehículos, las segundas residencias o determinados bienes de lujo son algunos ejemplos.
Lo interesante es que el impacto no crece al mismo ritmo que los ingresos.
Crece mucho más rápido.
Por eso una minoría relativamente pequeña puede terminar generando una huella ambiental considerablemente mayor que la del resto de la población.
Los autores del estudio señalan que buena parte de los daños calculados están relacionados con la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas. Después aparecen los efectos asociados al cambio climático, que también representan una porción importante del total.
Además, los investigadores reconocen que sus estimaciones probablemente no capturan todo el panorama. El análisis se centra principalmente en el consumo directo y deja fuera ciertos efectos vinculados a inversiones financieras o actividades económicas que también pueden tener consecuencias ambientales significativas.
Un debate que va más allá de los números
Las conclusiones del estudio de Nature han vuelto a poner sobre la mesa una discusión incómoda.
Durante años, muchas políticas ambientales se diseñaron pensando en toda la población de forma relativamente uniforme. Impuestos sobre combustibles, tarifas energéticas o restricciones generales suelen aplicarse independientemente del nivel de ingresos.
Sin embargo, algunos expertos consideran que ese enfoque podría estar ignorando una realidad importante: no todos los patrones de consumo generan el mismo impacto.
Por eso han surgido propuestas que buscan centrar parte de los esfuerzos en actividades consideradas de alto consumo, como determinados vuelos privados, embarcaciones recreativas, vehículos especialmente intensivos en combustible o bienes asociados a un uso extraordinario de recursos.
Quienes apoyan estas medidas argumentan que permitirían actuar sobre una parte importante del problema sin aumentar la presión sobre gastos básicos que afectan a millones de familias.
Otros advierten que trasladar esa idea a la práctica no es tan sencillo y que cualquier cambio tendría implicaciones económicas y políticas complejas.
Lo que sí parece claro es que la discusión ha cambiado.
La pregunta ya no es únicamente cuánto consume la sociedad en conjunto.
Cada vez más investigadores intentan entender quién consume más, cómo lo hace y qué consecuencias tiene esa diferencia para el resto del planeta.
Y es precisamente ahí donde estudios como este están empezando a modificar una conversación que durante años se planteó como si todos contribuyeran al problema de la misma manera.