Cambio Climático

Fuego cruzado en Durban

Canadá tiene especial interés en socavar el Protocolo de Kioto porque le ha asignado una altísima prioridad a la aprobación por parte del gobierno de Estados Unidos de la construcción del oleoducto Keystone XL que permitiría transportar petróleo extra-pesado de Alberta hasta refinerías localizadas en Houston y Port Arthur, Texas, para su procesamiento y posterior distribución en los Estados Unidos durante décadas. El proyecto implica la renuncia definitiva por parte de ambos países a cualquier intento global por reducir las emisiones de carbono y evitar un aumento de temperatura mayor a los 2°C.

Por Julio César Centeno

Canadá tiene especial interés en socavar el Protocolo de Kioto porque le ha asignado una altísima prioridad a la aprobación por parte del gobierno de Estados Unidos de la construcción del oleoducto Keystone XL que permitiría transportar petróleo extra-pesado de Alberta hasta refinerías localizadas en Houston y Port Arthur, Texas, para su procesamiento y posterior distribución en los Estados Unidos durante décadas. El proyecto implica la renuncia definitiva por parte de ambos países a cualquier intento global por reducir las emisiones de carbono y evitar un aumento de temperatura mayor a los 2°C.


Canadá abrió fuego en Durban al referirse al Protocolo de Kioto como “algo del pasado”

Cuando entró en vigencia el Protocolo de Kioto, Canadá asumió el compromiso de reducir sus emisiones para el quinquenio 2008-2012 en un 6% en relación con las de 1990. Sin embargo, en la actualidad sus emisiones son 30% superiores a las de 1990. Falsas promesas que, aunque en principio tienen un carácter vinculantes, en la práctica carecen de mecanismos para garantizar su cumplimiento.

Canadá tiene un especial interés en socavar el Protocolo de Kioto, único instrumento vinculante del Convenio Marco sobre Cambios Climáticos. Tanto sus corporaciones multinacionales como su gobierno le han asignado una altísima prioridad a la aprobación por parte del gobierno de Estados Unidos de la construcción del oleoducto Keystone XL, el cual atravesaría los Estados Unidos de norte a sur, unos 3000 kilómetros desde la provincia canadiense de Alberta hasta el golfo de México. Este oleoducto permitiría transportar petróleo extra-pesado extraído de las arenas bituminosas de Alberta hasta refinerías localizadas en Houston y Port Arthur, Texas, para su procesamiento y posterior distribución en los Estados Unidos durante décadas. El proyecto ha sido catalogado como estratégico y prioritario tanto por el gobierno de Canadá como por el lobby petrolero norteamericano. Implica la renuncia definitiva por parte de ambos países a cualquier intento global por reducir las emisiones de carbono y evitar un aumento de temperatura mayor a los 2°C. En la actualidad se encuentra a la espera de aprobación por parte del congreso norteamericano.

Las emisiones totales provenientes de las actividades de minería, extracción y mejoramiento de este tipo de bitumen son 50% superiores a las del petróleo convencional producido en Canadá. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos advierte:” Estimamos que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la explotación de las arenas bituminosas del Canadá serán aproximadamente 82% superiores al promedio de las provenientes del crudo refinado en los Estados Unidos en el ciclo de vida del pozo al tanque de combustible”.

Para el año 2020 se proyectan 100 millones de toneladas anuales en emisiones provenientes de este proyecto. El oleoducto antepone los intereses económicos de empresas petroleras y los intereses políticos en ambos países, a la seguridad y las necesidades de generaciones futuras no sólo de los norteamericanos de ambos países, sino de todo el planeta. James Hanson, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, señala que si este oleoducto se construye, “será el golpe de gracia al equilibrio climático planetario”.

Estados Unidos también descarta toda posibilidad de incorporarse a las metas del protocolo de Kioto en un posible segundo periodo de compromiso. «Kioto no es una opción para Estados Unidos», sentenció Todd Stern, jefe de la delegación norteamericana.

Mientras que Canadá y Estados Unidos se dedican a minar el Protocolo de Kioto, el jefe de la delegación China, Su Wei, lo define como esencial para el avance de las negociaciones, la piedra angular de un acuerdo global para detener el calentamiento global. Esta posición es compartida por la gran mayoría de los países en desarrollo.

“Durban no debe convertirse en la tumba del Protocolo de Kioto, sino en el lugar de nacimiento de su segundo período de compromisos”, afirmó Silvia Merega, embajadora de Argentina, en nombre del Grupo de los 77. “El protocolo no sólo debe ser preservado, sino fortalecido”. Añadió que debe complementarse con compromisos por parte de los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático.

El portavoz del grupo africano, Seymi Nafo, dijo: "No podemos poner en peligro la vida de millones de personas. No podemos retrasar la firma de un segundo período del Protocolo". El Grupo Africano aglutina a 54 naciones, los que menos aporta y más sufre el cambio climático.

Las naciones industrializadas que se niegan a asumir compromisos para reducir el calentamiento global "se dan el derecho a seguir envenenando el planeta", reprochó Daniel Ortega desde Nicaragua. Mientras que el jefe de la delegación de Bolivia, René Orellana, destacaba: “Si se acaba el Protocolo de Kioto se acaba la Convención”.


Brasil igualmente insiste en que el Protocolo de Kioto sea prorrogado hasta 2020. "Si Kioto muere, nunca más se va a conseguir que los países asuman metas obligatorias", destacó el director de Medio Ambiente de la Cancillería brasileña, André Aranha Correa do Lago. Brasil, que aboga por que las naciones emergentes también asuman compromisos, ha destacado que convirtió en ley nacional su intención de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 38% para el año 2020.

“Si el Protocolo de Kioto, que expira a finales de 2012, no se renueva en Durban, será un gran desastre para el multilateralismo”, advirtió Correa do Lago. "Si no logramos el segundo período de compromiso de Kioto vamos a tener una situación literalmente dramática para las negociaciones multilaterales".

La Unión Europa (UE) ha propuesto una hoja de ruta para elaborar un nuevo tratado que, firmado en 2015 y aplicado en 2020, obligue no sólo a países desarrollados, sino también a países emergentes como China, India y Brasil. El jefe de la delegación de Brasil calificó la propuesta como "maximalistas en su origen", mientras defiende el principio de la responsabilidades comunes pero diferenciadas. En su opinión, "por más que países como Brasil, India o China hicieran grandes progresos en el combate de la pobreza, seguimos siendo países en desarrollo. No tiene ningún sentido que tengamos las mismas obligaciones que los países que ya están desarrollados y que además son los principales responsables de las emisiones acumuladas en la atmósfera”.

Los representantes de la Unión Europea insisten en que el mundo necesita un plan mucho más ambicioso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un plan que vaya más allá del Protocolo de Kioto.

El Fondo Verde para el Clima

En las negociaciones previas en Copenhagen y Cancún se acordó la creación de un fondo de cooperación para impulsar las actividades de mitigación y adaptación al calentamiento global por parte de los países en desarrollo. Esta cooperación provendría de países industrializados y alcanzaría los 10.000 millones de dólares anuales durante el período 2010-2012. Luego aumentaría para alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020. Sin embargo, en la práctica, la conformación de dicho fondo tiende a retrasarse y a convertirse en una promesa falsa adicional.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), señaló que el Fondo Verde no debe convertirse “en un canasto vacío de promesas falsas” y pidió a las naciones desarrolladas que contribuyan con el 1,5 por ciento de su Producto Interno Bruto. La Agencia Internacional de Energía estima que se necesitan al menos 600.000 millones de dólares anuales entre el 2010 y el 2020 para atender las necesidades más urgentes creadas por el calentamiento global.

La constitución del fondo es objeto de discrepancias entre las economías industrializadas y los países en desarrollo, aunque es una de las principales tareas de la cumbre de Durban. En Cancún se designó un Comité de Transición para diseñar los mecanismos del Fondo, que canalizará aportaciones de países industrializados hacia países en desarrollo. Sin embargo, Brasil "no está satisfecho" con el informe del Comité pues teme que se "permita una disculpa para que los fondos no aparezcan".

El Comité propone, entre otros puntos, que el Banco Mundial actúe de administrador interino del Fondo, sujeto a una revisión tres años después. "No estamos contra el Banco Mundial, pero primero tenemos que resolver la estructura legal y operativa y la relación del Fondo con la COP (Conferencia de las Partes)”, señaló el delegado de Brasil.

Uno de los aspectos cruciales en disputa es el control de dicho fondo, dada la evidente intención de los países industrializados de ejercer dominio sobre las decisiones fundamentales involucradas, lo que expondría a los países en desarrollo a arbitrariedades comerciales y políticas similares a las ya existentes en otros mecanismos financieros, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. Otro aspecto relevante es la relación entre el Fondo Verde y la ya reconocida necesidad de transferencia de tecnologías menos contaminantes de países industrializados a países en desarrollo.

Otros exigen un fondo transparente y democrático, con intereses sociales y medioambientales. También se han denunciado las intenciones de Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido de convertir el Fondo Verde para el Clima en un fondo corporativo.

El Fondo Verde fue concebido para transferir recursos de países industrializados a países en desarrollo, los más vulnerables al cambio climático. Pero algunos países industrializados proponen que corporaciones multinacionales puedan beneficiarse de este fondo. Estas corporaciones podrían acceder directamente a fondos públicos en detrimento de las estrategias nacionales de lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo. Esto convertiría al Fondo Verde en un fondo corporativo, un inaceptable intento de secuestrar recursos destinados a apoyar a los países más pobres en su lucha contra el cambio climático.

Entre las posibles consecuencias se encuentra el desvío del fondo verde para subsidiar el desarrollo de tecnologías menos contaminantes, que luego sean protegidas por patentes a favor de empresas privadas. Las tecnologías que se desarrollen a partir del fondo verde deberían estar a la libre disposición de todos por igual.

También se ha cuestionado el papel otorgado al Banco Mundial para gestionar el Fondo, por su oscuro historial en la financiación de proyectos altamente contaminantes y destructivos, priorizando los beneficios corporativos e ignorando el impacto social y ambiental de las actividades que financia.

Un comité de alto nivel propuso establecer un impuesto de US$ 25 por tonelada a las emisiones de carbono provenientes del transporte marítimo y aéreo, lo que generaría unos 10.000 millones de dólares al año que se destinarían al fondo verde. Sin embargo, Estados Unidos se opone, destacando que los aportes deberían originarse prioritariamente en la iniciativa privada.

Unos 50.000 barcos de carga transportan el 90% del comercio de productos ente países. La mayoría consume bunker fuel, un combustible altamente contaminante. La organización marítima de las Naciones Unidas decidió el año pasado que todo nuevo barco de carga debe cumplir con estándares de eficiencia energética para reducir su contaminación.

A escasos días de concluir, las negociaciones de Durban sobre cambios climáticos sólo pueden producir limitados avances en el esfuerzo global por evitar una desestabilización irreversible del equilibrio climático planetario. En ningún momento se ha puesto en duda la amenaza climática, el calentamiento global ni su relación con la actividad humana. Las divergencias se circunscriben a la distribución de responsabilidades por la amenaza a que se encuentra sometida la comunidad internacional en la actualidad, la distribución e implicaciones de las emisiones inevitables de las próximas décadas, el control del fondo verde y el costo que inevitablemente deberán soportar los diferentes países durante el resto de siglo.

Durban promete concluir con acuerdos para continuar negociando, dilatando la concreción de un pacto global efectivo para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, y resaltando los escasos logros posibles en el enrarecido clima de negociación vigente. Una declaración final políticamente correcta resaltará algún limitado progreso sobre el Protocolo de Kioto, así como la operatividad del tan esperado Fondo Verde, aunque con recursos extremadamente limitados para el alcance de las metas trazadas.

Un acuerdo global efectivo para atender la amenaza climática sólo luce posible para finales de la década. Podría concretarse en el 2015 para entrar en efecto en el 2020. Para entonces los países en desarrollo se encontrarán con un escenario aún más restrictivo que el actual para superar la pobreza y satisfacer las necesidades más apremiantes de su población.

El retraso en la concreción de un acuerdo global sobre el calentamiento global beneficia principalmente a las economías más contaminantes y mejor dotadas tecnológicamente, al tiempo que reduce el espacio atmosférico y las opciones que requieren los países en desarrollo para superar sus vulnerabilidades más apremiantes. www.ecoportal.net

Julio César Centeno – Diciembre 6, 2011

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